Justicia: en qué consiste Adajus, la rueda de auxilio para un sector vulnerable

Pablo Pascual

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Técnico Superior en Comunicación Social, con 26 años de experiencia en la redacción del diario La Nueva. Trabajó en las secciones Deportes y La Región. Desde hace más de una década se desempeña en la sección Seguridad. Distinguido en 2017 con el Premio Adepa en la categoría Periodismo Judicial. 

La falta de conciencia, solidaridad o de las herramientas necesarias provoca que muchas veces las personas con discapacidad no puedan ejercer sus derechos o tener pleno acceso a la justicia.

Desde hace más de una década funciona en nuestro país un programa denominado Adajus, que le brinda a esta porción de la población ayuda y asistencia durante los procesos judiciales y sus reclamos.

Compuesto por profesionales especializados en la temática, colaboran tanto con las personas con discapacidad como con los operadores del sistema judicial.

En las últimas semanas, un equipo interdisciplinario llegó hasta nuestra ciudad convocado por la fiscalía para intervenir en una causa en la que se investiga un caso de abuso sexual en perjuicio de una persona que padece hipoacusia.

Las intérpretes Gisela Vetrisano y Lucila Roncallo, acompañadas por el abogado Elías Bustos y el psicólogo José Luis Latella, brindaron el asesoramiento necesario para poder registrar la declaración de la víctima mediante el sistema de cámara Gesell.

“Tenemos muchas funciones, buscando el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Sabemos que el ordenamiento jurídico o las normas en general no están pensados para las personas con discapacidad, por lo que ahí intervenimos adecuando los procesos”, describió Bustos acerca de la tarea que llevan adelante.

Velar por derechos

El Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia fue creado -a través del decreto 1.375- en 2011 y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Si una persona tiene algún tipo de discapacidad, velamos para que esa situación no sea un impedimento para ejercer su derecho a la justicia”, resumió Bustos.

Agregó que, “por ejemplo, si alguien es víctima de un delito sexual y presenta una discapacidad por la cual le impide declarar, nosotros intervenimos asistiendo a la persona y a los operadores de justicia, quienes a veces no tienen ni herramientas ni equipos para aplicar”.

Describió que se sugieren abordajes, procedimientos y ajustes para que los operadores del sistema judicial puedan realizar su trabajo.

“El equipo está conformado por abogados, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogas y sociólogos. Se participa de manera interdisciplinaria para dar un abordaje integral al caso”.

Bustos agregó que muchas veces reciben consultas referidas a cuestiones como pensiones o beneficios y que, pese a no ser parte de su ámbito de trabajo, tratan de canalizar u orientar.

“Igualmente les damos información a las personas para que puedan avanzar en sus reclamos o poder guiarlos de alguna forma. Todas las comunicaciones que recibimos son contestadas y nos ponemos en contacto”.

Apertura y avance

El profesional señaló que el programa interviene en todas las ramas del Derecho, al tiempo de admitir que progresivamente los operadores del sistema judicial les dan lugar para llevar adelante su tarea.

“Se ha avanzado, los juzgados antes eran más reticentes. Las carreras de Derecho no tienen un abordaje muy amplio sobre el tema de la discapacidad, por lo que es importante la tarea. Se intenta brindar las herramientas para escuchar a todas las personas”.

De todas maneras, Bustos admitió que “falta un poco de conocimiento del programa y también sobre la discapacidad. No obstante, en más de diez años de trabajo hemos avanzado bastante”.

El abogado resaltó que la tarea que desarrollan es “totalmente gratuita” y están presentes “desde el principio hasta el final del proceso”.

Remarcó, a su vez, la importancia “de que esto se sostenga en el tiempo, porque no hay muchas iniciativas similares o un sistema que brinde un abordaje de estas características”.

“Hasta donde tengo conocimiento, no se dan experiencias similares en otros países, incluso fuimos reconocidos por la ONU por nuestra labor”, finalizó Bustos.

Más de 20 mil intervenciones

Consultas. Desde 2011  y hasta fines de 2023 el programa realizó un total de 23.420 intervenciones. En el primer semestre de 2024 atendieron 1.058 consultas, por lo que se proyecta un número final superior al del registro del año anterior, que fueron  1.272 . 

Ámbitos. El 18% de las consultas tiene que ver con cuestiones de derecho civil, 17% con penal, 15% con salud y obras sociales y 13% por cuestiones de familia. El 37% restante se reparte entre otras intervenciones requeridas.

Asistencia. El 27% de las personas atendidas padecen algún tipo de discapacidad psicosocial, el 25%, auditiva; el 22%, intelectual y un 13 %, física.  El resto tiene relación con otras discapacidades.