Bahía Blanca | Jueves, 26 de enero

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Obra pública: piden 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner

La acusaron como jefa de una asociación ilícita y como autora del delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".

   Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron esta tarde la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

   El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a "instituciones de bien público".

   "El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados", proclamó. Luciani reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”.

   En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”.

   Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias de Báez y sus allegados.

 

Cristina Kirchner pidió adelantar su declaración indagatoria para mañana

   Pero también reclamó que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que –según su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.

   También pidió que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de José Francisco López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

   Finalmente, el fiscal le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.

   Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.

   En cambio, ahora varió y omitió aquella postura “para defender puerilmente a su compañera de fórmula”.

   Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial "los sectores más vulnerables" tendrían una calidad de vida mejor. 

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Los pedidos de la fiscalía

   A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al extitular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de penas de entre 10 y 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

   “El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.

   Para Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió dos años años de prisión por abuso de autoridad. Kirchner llegó acuso de integrar la asociación ilícita pero los fiscales señalaron que no probó su participación.

   Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre seis y cuatro años años de prisión.

   Según se había resuelto, el juicio iba a continuar el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. Sobre el final de la audiencia, el defensor Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, formalizó el pedido de ampliar mañana su declaración indagatoria.

Aquí el resumen de los pedidos de penas:

   - Cristina Kirchner, expresidenta. 12 años.

   - Lázaro Báez, empresario. 12 años.

   - Julio De Vido, exministro de Planificación. 10 años

   - José López, exsecretario de Obras Públicas. 10 años.

   - Nelson Periotti, extitular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años.

   - Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 6 años.

   - Juan Carlos Villafañe, exjefe de la AGVP. 6 años.

   - Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV. 5 años.

   - Raúl Pavesi, extitular de la AGVP. 5 años.

   - Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.

   - José Raúl Santibáñez, expresidente del directorio de AGVP 13. 4 años.

   - Héctor Garro, expresidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.

   - Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta. (NA e Infobae)