Bahía Blanca | Jueves, 30 de junio

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El Gobierno busca contener la inflación en el segundo semestre y apuesta al consenso

Una vez que se cierren las negociaciones con el FMI se conformará una mesa de diálogo en el que estarán sentados los distintos protagonistas económicos y sociales.
 

   Pareciera una cuestión casi psicológica, pero en el Gobierno aseguran no solo que no lo es, sino que además se trata de un tema clave para controlar la inflación, uno de los puntos más calientes de la economía argentina.

   Una vez que finalice la novela en torno del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará el turno de atender de lleno la problemática de la incesante suba de precios, que en 2021 desembocó en una inflación de 50,8 %.

   El martes pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó una reunión con un grupo de empresarios, y allí se planteó la necesidad de comenzar a trabajar fuerte sobre el tema.

   Para esto, surgió la idea de conformar una mesa de discusiones que contenga a todos los actores de la economía y la sociedad, con el objetivo de “frenar las expectativas inflacionarias”, un tópico que el propio Gobierno ya viene poniendo sobre la mesa desde hace tiempo, aunque por el momento sin mayores resultados.

   Antonio Aracre es el presidente de la agrícola Syngenta y es uno de los empresarios que estuvo presente en el encuentro del que también participaron Sergio Kauffman (de Accenture) y Sebastián Ceria –por el lado de los privados-, además de Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo) y Daniel Filmus (ministro de Ciencia y Tecnología), en representación del Gobierno.

   “Se habló de la necesidad de comenzar a controlar la inflación porque sin dudas es un problema constante y que complica a todos. Ahora esperamos a que se cierre con el Fondo Monetario para lograr un marco de previsibilidad, pero el acuerdo de por sí no es una solución a este problema”, sostuvo Aracre.

   La perspectiva del Gobierno en este sentido es que a partir del segundo semestre de este año se puedan comenzar a observar índices inflacionarios algo menores a los que se vienen sucediendo, y que se mueven entre el 3 % y el 4 % mensual -aunque más cerca de esta última cifra-.

   La apuesta, de este modo, es que el avance de los precios se de en torno de entre el 2 % y 3 % mensual, algo que no aparece como algo simple si se toma en cuenta el fuerte encarecimiento de   las materias que se está dando a nivel mundial, una tendencia que ya se venía viendo, pero que se agudizó con la invasión de Rusia a Ucrania.

   “Se quiere evitar hablar de un control total de la inflación o imponer cifras que después resultan incumplibles”, afirmó Aracre.

   “En el corto plazo hay más desafíos que oportunidades”, reconocen desde el propio Gobierno a la hora de referirse a la lucha contra la inflación, y apuntan a “contener las expectativas”.

   “Por la experiencia que le dieron la gran cantidad de crisis que le tocó pasar a la Argentina, el empresariado está muy acostumbrado a cubrirse ‘por las dudas’. Lo que queremos es terminar con eso; que ya no se piense en lo que puede venir y actuar con la realidad”, afirmó a NA uno de los funcionarios que tendrá a su cargo el armado de estas reuniones.

   Según la misma fuente, lo que se pretende no es “eliminar el traslado de la inflación a los precios finales”, sino “cortar con los mecanismos indexatorios mentales”, es decir cubrirse por lo que pasó o lo que se entiende que podría pasar.

   La intención de que estas búsquedas de acuerdos tengan un mayor peso durante el segundo semestre del año tiene que ver, sobre todo, con que durante el primero se espera que haya correcciones de precios relativos por ejemplo en las tarifas de los servicios públicos, que no ayudarán a mostrar una inflación por debajo de la habitual.

   La idea oficial es que participen de estos encuentros desde empresarios hasta funcionarios del Gobierno y gremialistas “para lograr consensos respecto de qué es lo que se pretende”.

   Esta premisa regirá para todos: en el caso de los empresarios debido a su política de precios, y en el de los sindicalistas para medir los pedidos que se llevan a las negociaciones paritarias. “Una cosa está en muy buena parte atada a la otra”, explicó el funcionario.

   Con esto también se pretende, de alguna forma, buscar mecanismos alternativos a las políticas de congelamientos de precios que el Gobierno lleva adelante, sobre todo en el rubro de Alimentos y con resultados no del todo convincentes.

   Esto tiene que ver también con que el Fondo Monetario no termina de ver con buenos ojos este tipo de políticas como alternativa para controlar la inflación. Sí se la aceptó durante los últimos meses debido a que no se encontraban otras alternativas, pero siempre dejó en claro que no lo veía con buenos ojos.

   Ahora, la idea es que todo surja por consenso, una idea que ya se había intentado imponer previo al congelamiento de precios, pero que no fue posible debido a la falta de acuerdo entre las necesidades del Gobierno y las empresas.