La presión no baja: $ 61,8 de cada $ 100 de la producción cerealera va a impuestos

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   Federalismo a la inversa.

   De acuerdo con el índice que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, la medición del corriente mes marca una participación de los impuestos —sobre la renta agrícola— del 61,8 % para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

   “En otras palabras, de cada 100 pesos de renta —valor de la producción menos costos— que genera una hectárea agrícola, $ 61,8 representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo el Dr. David Miazzo, economista jefe de la FADA.

   Así, el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,8 %; la participación del Estado en soja es del 67,7 %; en maíz del 50,6 %; en trigo del 59,9 % y en girasol del 47,1 %.

Dr. David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA).

   “El índice de este junio es 0,8 % más bajo que el de marzo. El principal factor que explica la baja es una menor participación de los impuestos en trigo, al resultar una mejora del margen al haberse quitado el efecto sequía de la última campaña”, agregó.

   Aquel 61,8 % de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales.

   Los impuestos nacionales —no coparticipables— representan el 66,6 % del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en la Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

   Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 28,2 % de los impuestos medidos. Se trata de Ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

   Las provincias reciben parte del 28,2 % como coparticipación y, también, recaudan diversos impuestos.

   “El Índice FADA nacional considera al impuesto Inmobiliario rural, el impuesto a los Sellos y a los Ingresos Brutos con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, los cobran. Así, los provinciales explican el 4,7 % de los impuestos totales”, explicó el economista.

   “Los impuestos municipales representan el 0,6% de los del Indice FADA de promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor”, explicó.

   También dijo Miazzo que el componente central de los impuestos municipales son las tasas viales o las guías cerealeras.

   “Un tema recurrente en el reporte FADA es el federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que, por definición, es federal y está arraigada regionalmente”, aseguró.

   También comentó que, por eso, la vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías.

   “La primera es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias y la tercera es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación”, manifestó.

Los precios cerealeros

   Respecto a junio de 2020, el precio FOB de la soja ha mejorado un 60 %; el maíz, 72 %; el trigo, 14 % y el girasol, 100 %. Y esto también se tradujo en incrementos de los precios disponibles en el mercado interno.

   Las condiciones de mercado llevan a que todos los precios disponibles coticen por debajo del FAS teórico: la soja un 4,3 % menos: maíz apenas un 2 %; trigo un 3 % y girasol un 15 %.

   En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 35,6 %, pasando de 69,97 pesos por dólar a $ 94,86. En los últimos 3 meses, se incrementó un 4 %. En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses empeoró un 9,5 %. Medido a precios de junio de 2021, el tipo de cambio de junio de 2020 era el equivalente actual de $ 104,83.

   “Esto significa que el tipo de cambio comienza a atrasarse respecto de la inflación e incrementando los costos de la producción al medirlos en dólares. Esto es malo para cualquier actividad exportadora”, dijo.

   “Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo con la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 51 % de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, mientras que el restante 49 % están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 64 %”, añadió Miazzo.

   También explicó que, en el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 59 % de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 41 %. Y, si se considera el costo de la tierra, el peso de los dolarizados asciende al 66 %.

   En estos términos, Miazzo comentó que hay algunas luces amarillas en el último año:

—Los precios de los fertilizantes han aumentado un 40 % en dólares.

—El gasoil ha sufrido aumentos de precios superiores al 70 %.

—Los costos de labores se han incrementado en un 50%.

—Las tarifas de referencia de fletes muestran aumentos cercanos al 50 %; sin embargo, se reportan incrementos reales de hasta el 85 % ante la temporada alta del transporte.

Los índices provinciales

   Mientras el índice FADA nacional es de 61,8 %; Córdoba registra un 61,7 %; Buenos Aires, 60,4 %; Santa Fe, 60,5 %; La Pampa, 60,7 %; Entre Ríos, 64,2 % y San Luis, 60,0 %.

   En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos, así como la participación de cada uno en el área sembrada de cada provincia.

   “Por ejemplo, en el caso de San Luis la menor participación del Estado en la renta agrícola proviene de la mayor participación del maíz en la superficie cultivada, en lugar de una menor presión fiscal”, describió el economista.

   En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa se considera a los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol utilizando sus participaciones en la superficie sembrada para, luego, calcular los números de una hectárea promedio de cada provincia.

   En San Luis sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95 % del área. Para el caso de Entre Ríos se analizan soja, maíz y trigo. En todas las alternativas, se utilizaron los rindes estimados para la presente campaña, y los costos de producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región.

   En cuanto a los fletes se estimó: para Buenos Aires, 250 kilómetros; Córdoba, 340 kms.; Santa Fe, 120 kms.; San Luis, 580 kms.; La Pampa, 340 kms. y Entre Ríos, 260 kms.

   En cuanto a los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia. Así, son más altos —en términos absolutos— en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y más bajos en San Luis, La Pampa y Entre Ríos.

   Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $ 2.691 por hectárea; la mayor parte es Inmobiliario Rural y el resto ingresos brutos e impuesto a los sellos. La alícuota de ingresos brutos es del 1 %. Por su lado, los partidos cobran sus propias tasas. La mayoría son viales, con un 70 % de lo recaudado destinado a los caminos rurales y el otro 30 % a otros destinos.

   “Según reportan diversos miembros de la Mesa Nacional de Caminos Rurales, en el contexto de la crisis económica derivada de la pandemia y la cuarentena, este reparto ha sufrido reasignaciones en detrimento de los caminos rurales”, aseguró Miazzo.

   “Estas tasas significan, en promedio, unos $ 347 por hectárea, con las más diversas formas de cálculo y los más diversos valores. Así, entre municipales y provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $ 3.038, representando un 2,3 % del valor de la producción”, detalle.

   También dijo el investigador que, en el caso de Córdoba, sólo se paga impuesto Inmobiliario Rural e impuesto a los Sellos, y que la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos y no existen tasas municipales. Así, representa 1,3 % del valor de la producción.

   “Esta parte merece una aclaración: si en lugar de tomar el valor bruto de la producción, se lo hace con el ingreso neto de gastos de transporte de los productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan en una situación algo más equilibrada. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra”, aclaró el Dr. Miazzo.

   En el caso de Santa Fe, al igual que Córdoba, no se pagan Ingresos Brutos, pero sí existen las tasas municipales como en el caso de Buenos Aires. El valor promedio del impuesto inmobiliario rural es de $ 1.060.

   “Aunque, con altas disparidades regionales, los campos del sur provincial pueden pagar decenas de veces lo que pagan algunos del norte. Esta disparidad es importante, aun considerando la capacidad productiva y la diferencia en el precio de la tierra. También, al igual que en las otras provincias, se paga impuesto a los sellos”, sostuvo.

   En cuanto a las tasas municipales, se estimaron en un promedio de $ 439 por hectárea y, en la mayoría de los casos, están expresadas en litros de gasoil.

Derecho de exportación interno de San Luis

   “La provincia de San Luis posee un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las provincias; sin embargo, tiene una especie de ‘derecho de exportación interno”, sostuvo el Dr. Miazzo.

   “Cobra una tasa que incluye ‘guías de campaña’ y ‘certificados de venta’. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia, como para la producción que se dirige hacia fuera. Por otro lado, se paga la guía para la producción que se transporta hacia otro destino fuera de la provincia. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (Documento provincial)”, agregó.

   Al igual que San Luis, La Pampa también tiene una especie derecho de exportación interno.

   “Se llaman ‘guías cerealeras’ y se cobran por camión. Son distintas para cada departamento, y tienen diferentes valores si los granos se dirigen a un lugar dentro del departamento, fuera del departamento o fuera de la provincia. El promedio por hectárea de estas guías es de 526 pesos. Por su parte, entre impuesto inmobiliario e ingresos brutos paga $1.761 por hectárea”, explicó.

   En Entre Ríos se paga: inmobiliario rural; impuesto a los sellos e ingresos brutos con una alícuota del 0,75 %. El conjunto de estos tres impuestos provinciales significa $ 1.473 por hectárea (para el promedio provincial).