Cuentos del tío: un respaldo judicial para los que se quedaron “vacíos”

Redacción de La Nueva.

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Juan Pablo Gorbal / [email protected]

   Para la víctima de un delito económico no debe haber peor sensación de impotencia y desamparo que enterarse, en apenas un segundo, que "alguien" le saqueó la caja de ahorro y tomó un préstamo por cientos de miles de pesos a su nombre. Vacío de fondos y de esperanzas.

   Se trata de las estafas telefónicas, que crecieron con mucha intensidad en Bahía y la región durante los primeros meses de pandemia y, aunque con menor visibilización, siguen sucediendo.

   No hay que bajar la guardia. Desde la Fiscalía aseguran que el nivel estadístico de julio/agosto, que marcaba una denuncia formal cada dos días, no decreció.
 

   La investigación, desde el punto de vista penal, es muy compleja, porque no se trata de un delito presencial, sino virtual y que puede ser cometido desde otra jurisdicción. Casi nunca llega a prosperar, más allá de las sospechas.

   Pero a las víctimas les interesa prioritariamente -más que atrapar al autor/es materiales- recuperar el dinero perdido (casi imposible) o al menos que el daño material no sea mayor.

   Y para evitar que ese perjuicio no perdure en el tiempo necesitan evitar que los bancos les cobren, como lo hacen, por un crédito que nunca solicitaron, con cuotas altas y por muchos meses.

   La justicia en lo Civil de nuestra ciudad dio una buena señal para los usuarios que se sienten desprotegidos ante un sistema financiero que parece inconmovible.

   Tras un par de resoluciones a favor y en contra de jueces de primera instancia sobre pedidos de medidas cautelares para detener el cobro de cuotas, la Cámara Civil (instancia superior) fijó postura en un caso, pero que puede servir de referencia para otros.

   La Sala I, con los votos de los camaristas Fernando Carlos Kalemkerian y Marcelo Osvaldo Restivo, ordenó que un banco (en este caso el Santander Río) se abstenga de descontarle a M.C.P. cuotas de un préstamo por 576 mil pesos que un estafador habilitó y cobró a su nombre.

   Matías Italiano -el abogado de la víctima, que es oriunda de Punta Alta- consideró "muy importante" el fallo porque la Cámara, como alzada, marcó un antecedente en cuanto al criterio para cada uno de los 8 jueces en lo Civil y Comercial de primera instancia.

   De hecho, en este caso los camaristas revocaron la resolución del juez Darío Graziábile, que había fallado en contra de la mujer, y ordenaron la cautelar por 180 días, que pueden ser prorrogables por otros 6 meses en función de lo que depare la investigación penal.

   Lo que resolvió la Cámara es para el caso de M.C.P., aunque define una postura judicial importante en una temática sensible.

   Varios letrados se pusieron en contacto con el exconcejal, que a su vez es director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogado de Bahía Blanca.

"Un fallo que nos trae tranquilidad"

   El caso de M.C.P. fue especial porque ella no pasó ningún dato a los estafadores. Creen que pudo haber existido algún empleado infiel del banco o un hacker que tomó su información para saquearle las cuentas.

   Italiano estudia las estafas "on line" desde hace varios años, especialmente por "phishing" o "pharming".

   "Resulta importante advertir a la ciudadanía que los 'phishers' simulan pertenecer a entidades bancarias o empresas y solicitan a los cibernavegantes los datos de tarjetas de crédito o las claves bancarias a través de un formulario o un correo electrónico con un enlace que conduzca a una falsa página web con una apariencia similar a la original.

   "Por otra parte, el 'pharming' es una maniobra más sofisticada y peligrosa que se encauza mediante la manipulación de las direcciones DNS. En este caso mediante un correo vacío sobre el que se "clickea" se instala un programa que engaña al navegador del usuario y lo deriva a direcciones falsas", explicó el especialista.

   En el reciente fallo, la Cámara remarcó que en el marco de la pandemia se produjo una "generalizada y rápida mutación de trámites que anteriormente eran personales y ahora deben hacerse exclusivamente por medios telefónicos o informáticos. Como consecuencia y, con la celeridad que caracteriza dichas modalidades, se han multiplicado los delitos de este tipo, afectando a los consumidores en general".

   Advirtió que, en ese cuadro de situación, el Central les impuso a los bancos la obligación de contar con "mecanismos de seguridad informática" y dictó una serie de comunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria a los efectos de migrar la operatoria financiera a los canales electrónicos y cajeros automáticos.

   Desestimó el planteo del juez de primera instancia, que consideró insuficiente la prueba presentada por la mujer para la cautelar.

   Sostuvo, en ese orden, que M.C.P. acompañó copia de la denuncia penal e impresiones de los movimientos de cuenta que muestran la acreditación del préstamo y transferencias realizadas el mismo día.

   "Si bien la acompañada es principalmente copia simple e impresiones web, lo cierto es que son las constancias que habitualmente se expiden para las transacciones realizadas por medios telemáticos y a las que tienen acceso los consumidores, pues son el reflejo de los registros informáticos de las entidades bancarias. Exigirle una prueba de mayor rigor formal expone a la accionante a una situación de indefensión, dado que no depende de su voluntad obtenerla", explicó la Cámara.

   Italiano destacó esa postura y que en estos casos cabe atribuirle a los bancos "la responsabilidad de carácter objetiva" que surge de la ley del consumidor, porque "fueron ellos los que crearon los riesgos que emergen de la utilización de una tarjeta magnética, en pos de mayores beneficios, y además, crearon sin un control serio, el otorgamiento de préstamos que superan el medio millón de pesos".

   La mala experiencia de la vecina puntaltense la vivieron varios, pero no todos acudieron a la Justicia. Este antecedente los habilita para avanzar y al menos frenar el cobro un crédito costoso que no eligieron.

   A la mujer M.C.P. -sin su consentimiento- le sacaron un préstamo preacordado por 576 mil pesos y casi al mismo momento que le llegaba un correo electrónico del banco Santander Río, para notificarla, el dinero comenzaba a fugarse mediante transferencias bancarias a terceros desconocidos.

   "Una de las obligaciones primordiales de las entidades bancarias, que constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrecen, es que éstos sean brindados con total seguridad para el usuario del servicio financiero, tanto cuando se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos", amplió Italiano.

   Trascendió que el banco fue notificado esta semana de la resolución judicial y en consecuencia ya debería abstenerse de cobrarle las cuotas del préstamo a a la la mujer estafada.

Con la misma intensidad

   Desde la Fiscalía local se informó que la cantidad de denuncias por estafas virtuales es similar a la de julio/agosto, cuando se presentaban, formalmente y en promedio, un caso cada dos días.

   Por ese motivo se repitió el mensaje de alerta a la población para evitar ser víctima de este tipo de delincuentes.

   Las modalidades telefónicas o por mail incluyen supuestos premios de petroleras, llamados de ANSES o el Banco Central u otras empresas privadas.

   También se sigue dando actualmente en nuestra ciudad el llamado telefónico a personas mayores -muchos de madrugada- de desconocidos que avisan que sus hijos tuvieron algún accidente, para engañarlos y terminar por pedirles un "rescate".

   En esos casos se recomienda cortar y comunicarse con el citado familiar o bien que alguien lo pueda hacer de manera simultánea, para descartar cualquier situación real.

   La mayoría de las causas por estafas virtuales están siendo tramitadas por los fiscales Diego Conti y Marcelo Romero Jardín, quienes se encuentran al frente de las UFIJ N° 2, 7 y 8.

   A los números oficiales hay que sumarle la cifra “negra”, entre los varios hechos no denunciados o que quedaron en el intento.

   El fallo judicial de la Cámara Civil marca la importancia de la denuncia penal. Sin ese trámite no es posible avanzar hacia una medida cautelar como la que logró la mujer de Punta Alta.

   Las denuncias se pueden formular a través del mail [email protected], la app seguridadprovincia o el sitio web seguridad.gba.gob.ar.

La OMIC, un poco más relajada

Sin casos. En la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), entidad de asistencia habitual en este tipo de hechos, no han recibido denuncias de este tipo "en los últimos 15 días", confirmó entre semana la abogada Pamela Cantero.

Vías de consulta. Quienes buscan asesoramiento por estos temas se pueden comunicar al teléfono 4550383, de lunes a viernes de 8 a 13 o a través del correo [email protected].

Representación. Cantero aclaró que la OMIC solo asesora pero no tiene representación judicial para los consumidores, que se debe hacer a través de un abogado.

Instancia. "Lo nuestro es la instancia administrativa, no podemos patrocinar al consumidor", explicó.