El Gobierno reestructura siete organismos estatales para reducir costos
Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, entre otros.
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En el marco de un proceso de reorganización del Estado, el Gobierno Nacional anunció la reestructuración de siete organismos públicos, con el objetivo de optimizar recursos, eliminar superposiciones funcionales y reforzar el equilibrio fiscal.
La medida se formalizará a través de un Decreto que será publicado en las próximas horas.
Los organismos alcanzados son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Según fuentes oficiales, el objetivo es "reducir estructuras sobredimensionadas e ineficientes" y "evitar la competencia desleal con el sector privado", al tiempo que se busca garantizar el funcionamiento de aquellas áreas consideradas estratégicas.
Cambios en cada organismo
INTI
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial pasará a ser una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Mantendrá su denominación, pero verá acotadas sus funciones, con foco en la metrología, calidad e innovación tecnológica.
Se busca corregir un crecimiento que, según el Gobierno, fue desproporcionado respecto a los servicios prestados, en un esquema que afectaba al sector privado mediante la oferta de servicios en condiciones más ventajosas.
INTA
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria será transformado en un organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La medida apunta a priorizar la innovación y la transferencia tecnológica, y a dejar atrás una orientación que, de acuerdo con el Ejecutivo, estaba enfocada en el extensionismo y guiada por "la Agenda 2030" en lugar de responder a las necesidades del sector agroindustrial.
ARICCAME
La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal será disuelta.
Sus funciones serán redistribuidas: la ANMAT retomará el control de la regulación medicinal del cannabis; la Secretaría de Industria y Comercio se encargará del cáñamo industrial, y Agricultura asumirá las tareas vinculadas a semillas y propagación vegetal.
El Gobierno apunta a eliminar la superposición institucional y reducir los costos operativos.
INAFCI
El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena también será disuelto. Sus funciones pasarán a depender directamente de la Secretaría de Agricultura.
El Ejecutivo sostiene que el organismo fue creado con fines políticos y que su estructura fomentaba "esquemas clientelares". La intención, afirman, es integrar estas políticas a una estrategia productiva más amplia y no dependiente de subsidios.
INASE
El Instituto Nacional de Semillas dejará de ser un organismo descentralizado. Sus competencias serán absorbidas por la Secretaría de Agricultura.
La medida busca evitar la fragmentación en la política agrícola y mejorar la coordinación técnica sin afectar los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas.
INV
El Instituto Nacional de Vitivinicultura será convertido en una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía.
Mantendrá su nombre y su rol en la certificación para exportaciones, aunque con cambios: la certificación pasará a ser voluntaria y se eliminarán controles considerados redundantes por el Gobierno.
El objetivo es reducir la carga burocrática sobre el sector vitivinícola, especialmente para los pequeños productores.
INPI
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial será transformado en un ente desconcentrado, también bajo la Secretaría de Industria y Comercio.
Si bien conservará autonomía técnica, perderá su estatus de organismo descentralizado.
La modificación apunta a reducir la estructura administrativa sin afectar las tareas de registro y protección de la propiedad industrial.
Una reorganización en clave fiscal
El Gobierno justifica esta reestructuración como parte de un proceso para lograr una administración "más racional" del Estado.
En los casos analizados, se identificaron —según el Ejecutivo— niveles elevados de ineficiencia, estructuras superpuestas con otros entes públicos, e intervenciones que competían con la actividad privada.
Con esta reorganización, el oficialismo busca avanzar en su estrategia de control del gasto público, una de las prioridades que viene señalando desde el inicio de su gestión. La implementación concreta de los cambios, así como sus efectos en los sectores involucrados, quedarán bajo observación en las próximas semanas.