Bahía: la importancia de contar con una Cámara Federal completa

Redacción de La Nueva.

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   Después de que en 2016 se considerara a la Justicia Federal de Bahía Blanca en su momento más crítico -por la falta de nombramientos, la superposición de suplencias y la lógica demora en las causas- hoy el panorama cambió para mejor.

   Y no solo porque los dos juzgados de primera instancia ya cuentan con jueces titulares, sino porque, luego de 6 años, se completa la Cámara Federal, un órgano de apelación clave, porque interviene en causas relacionadas con el crimen organizado y otras temáticas de interés social.

   A las asunciones de Silvia Mónica Fariña y Pablo Esteban Larriera, el pasado jueves, se les sumará esta semana -posiblemente el viernes- las de Leandro Sergio Picado y Roberto Daniel Amábile.

   De esta manera se cubrirán las 4 vacantes del cuerpo que tiene sede en Mitre 60. El único juez titular era, hasta la semana pasada, Pablo Candisano Mera.

   Desde el 1 de abril de 2012 -cuando se jubilaron los doctores Augusto Fernández y Ricardo Planes- que el cuerpo no tenía dotación completa. De ahí en más siempre fue cubierto con subrogancias. Y Candisano Mera estaba "solo" desde septiembre de 2015, cuando habían suspendido en funciones a su colega Néstor Montezanti, quien al año siguiente renunció.

   Es importante también, por el sentido de pertenencia, que 4 de los 5 camaristas son nacidos en Bahía Blanca o con muchos años de residencia en la ciudad. El único que llega procedente de Buenos Aires, con paso por la justicia de Morón y San Martín, es Amábile.

   Hay que tener en cuenta que la justicia federal interviene en causas relacionadas con el crimen organizado, como narcotráfico, trata y explotación de personas y secuestros extorsivos, en delitos cometidos en ámbitos nacionales (como, por ejemplo, dependencias de la UNS, el Banco Nación o las rutas nacionales), en alta mar o el espacio aéreo. 

   También actúa en causas por delitos de lesa humanidad y aquellas relacionadas con cuestiones tributarias, como evasión fiscal, transgresiones aduaneras y reajustes de haberes de la ANSES. La mayor demanda se da en este último aspecto, el de los juicios por reajustes jubilatorios, que al menos hasta el año pasado seguían creciendo y ocupaban casi el 75% del total de expedientes bajo análisis.

   Ahora es de esperar que se resuelvan con celeridad los concursos para cubrir al menos dos de las 3 vacantes existentes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, encargado de resolver en juicio oral las causas federales.

   En la actualidad cubren las suplencias 3 jueces procedentes de distintos lugares: Luis Roberto Salas (Capital Federal), Marcos Javier Aguerrido (Santa Rosa) y Oscar Edmundo Albrieu (General Roca), con lo cual se pueden generar dilaciones en la intención de fijar fechas de debate y aunar agendas.

Gran efectividad

   Pese a las vacancias sostenidas, en 2016 la Cámara Federal local fue la que más sentencias registró, según datos relevados por el Centro de Información Judicial (CIJ).

   Lideró el ránking de todos los organismos federales que existen en el país (son 15 en el interior) y también del fuero Nacional.

   Bahía sumó 5.487 sentencias, por encima de las 4.839 de la Cámara Federal de Mar del Plata y las 4.062 de Paraná, que completaron el podio.

   Se cuentan no solo sentencias definitivas sino también las interlocutorias, que sirven para resolver algunas cuestiones entre las partes durante el proceso, aunque no el fondo del caso. Es un promedio por sala, teniendo en cuenta que hay cámaras nacionales que cuentan con hasta 13 salas.

Casi 90 años de historia

   La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca se creó el 1 de agosto de 1931.

   Un mes después, el entonces presidente de la Nación, José Félix Uriburu, nombró como vocales a los doctores Adolfo Lascano, quien venía de ser juez federal en Mercedes; Ernesto Sourrouille, quien ejercía idéntico cargo en Jujuy, y Julio Mello, hasta entonces procurador fiscal federal de La Plata.

   La Cámara comenzó funcionando en el edificio de Tribunales de la Provincia, en altos de Alsina y Soler, para mudarse, en 1931, a O'Higgins 77. Ese mismo año, se solicitó a la Corte Suprema un local en el flamante Palacio de Tribunales de la calle Estomba, pero el pedido no prosperó.

   En 1935, el ministerio de Justicia destinó 149.845,61 pesos moneda nacional para la adquisición de la propiedad de Aristóbulo Barrionuevo (la había comprado, en 1931, a la sucesión de Juan Antonio Canessa) de Mitre 60, inmueble que ocupa hasta hoy.