Bahía Blanca | Viernes, 12 de agosto

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El "corralito urbano" no será prorrogado por el Concejo

A poco de cumplirse los 90 días fijados para el denominado "corralito urbano", aplicado a los barrios Universitario y Napostá, que impide solicitar permisos de construcción en las mencionadas áreas desde el pasado 29 de noviembre, el Concejo Deliberante asumió la imposibilidad de prolongar esa veda, aun cuando no tenga definidas las medidas que adoptará para paliar los efectos que el crecimiento edilicio generó en esos sectores.

 A poco de cumplirse los 90 días fijados para el denominado "corralito urbano", aplicado a los barrios Universitario y Napostá, que impide solicitar permisos de construcción en las mencionadas áreas desde el pasado 29 de noviembre, el Concejo Deliberante asumió la imposibilidad de prolongar esa veda, aun cuando no tenga definidas las medidas que adoptará para paliar los efectos que el crecimiento edilicio generó en esos sectores.


 La resolución fue consensuada luego de la reunión realizada en la mañana de ayer en el recinto de sesiones del Concejo, con la presencia de representantes de los cuatro colegios profesionales de nuestra ciudad (agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos) y de la Universidad Tecnológica Nacional, además de ediles y funcionarios del municipio.


 En la apertura del encuentro, el presidente del Concejo, Juan Pedro Tunessi, destacó que más allá de la decisión de ese cuerpo de avalar la propuesta del Ejecutivo para establecer los 90 días sin aceptar permisos de construcción, la condición fue que esa veda se levantara cumplido el plazo, acompañada de ciertas modificaciones al Código de Planeamiento Urbano (CPU).


 Lo cierto es que, a pesar del tiempo transcurrido, salvo el Colegio de Arquitectos, que el último lunes presentó una respuesta concreta a las pretensiones del Ejecutivo acerca de modificar algunas normativas vigentes, el resto de los colegios admitió no haber tenido el tiempo necesario para analizar esos cambios.


 De todas maneras, todos coincidieron en la necesidad de terminar con una medida a la que definieron como "discriminatoria", respecto de otros sectores de la ciudad y atentatoria contra el derecho a trabajar.


 El Colegio de Ingenieros señaló que, desde la imposición de la veda, intentó conseguir planos e información sobre las redes de agua y cloacas de los barrios afectados, a fin de realizar una evaluación de esos servicios, sin obtener, hasta la fecha, respuesta alguna por parte de la empresa prestadora del servicio (ABSA) ni del Ejecutivo municipal.


 "Por eso no nos consideramos en condiciones de emitir una opinión valedera, porque más allá del planeamiento urbano, la situación de la infraestructura nos parece clave para opinar. De todas maneras, estamos a favor de cancelar el corralito", señaló el ingeniero Francisco Nardelli, presidente de esa entidad.


 El Colegio de Agrimensores, por su parte, puso especial énfasis en la necesidad de estudiar el tema de la densidad poblacional de cada manzana, imponiendo indicadores que impidan la distorsión de ciertos límites impuestos en leyes provinciales.


 También sugirió que, en lotes menores a 300 metros cuadrados, no se permitiera la construcción de viviendas unifamiliares.


 En términos generales se pronunció el Colegio de Técnicos, apoyando la medida de no extender la prohibición constructiva.


 Otra de las cuestiones que dio lugar a un amplio debate, que en rigor excedió el marco puntual del tema, fue la necesidad de desarrollar un plan urbano integral que abarque a toda la ciudad, por sobre cualquier caso puntual.


 "Nadie puede negar que existe un atraso en la infraestructura sanitaria y vial de Bahía Blanca, pero también se necesita un estudio de su normativa urbana. Debemos desarrollar una nueva visión integral en función de su desarrollo, plantear estos temas en su real dimensión y considerando a Bahía Blanca cabecera de una gran región", señaló el arquitecto Luis Caporossi, docente de la UTN.

La voz comunal




 Frente a los planteos de los colegios, el arquitecto Adrián Vogel, titular del área de Planeamiento comunal, destacó que las propuestas elevadas a consideración se basaron en desarrollar una estrategia para la problemática puntual de los barrios.


 "Es cierto que el reclamo vecinal ha sido el disparador del tema, por eso también nos hemos reunido con los habitantes del sector. Pero nuestra propuesta no respondió a ese impulso sino a análisis técnicos tratando de poner en debate la situación. No pretendimos limitar las construcciones porque sí, sino que buscamos un equilibrio entre todos los intereses desde una visión de planeamiento", señaló.


 El debate se extendió durante cerca de tres horas, pasando de cuestiones de carácter general hasta centrarse en culminación definitiva del "corralito", desde el próximo 29 de febrero.


 En los próximos 20 días entonces, el área de Planeamiento intentará ajustar su propuesta atendiendo las observaciones y comentarios presentados por los colegios, a fin de que, junto con la terminación de la veda, queden implementados algunos cambios buscando mejorar la situación del sector.


 Entre las posibles modificaciones se incluye la exigencia de cocheras en los proyectos de viviendas multifamiliares, una nueva reglamentación para construir en lotes muy angostos y, en otro tema más complejo, tomar conocimiento de las obras necesarias para mejorar el servicio sanitario del sector.


  "El tema del agua y las cloacas no es sencillo. Toda la ciudad sufre un retraso en esos servicios, que se agrava porque el ritmo de la inversión inmobiliaria supera al de la gestión y ejecución de la infraestructura. Por eso tenemos que producir un giro de 180 grados a la cuestión. De nada sirve una gran inversión inmobiliaria si después la vida en esos edificios no es la adecuada", añadió Vogel.

ABSA, el gran ausente




 Cuando se levante el "corralito urbano" de los barrios Universitario y Napostá, la Municipalidad recibirá la documentación para la construcción de tres nuevos edificios.


 La información, brindada por el arquitecto Adrián Vogel, da a entender que el mercado inmobiliario ha encontrado, pareciera, cierta saturación en esas áreas, luego de cinco años de furor donde han aparecido en el lugar más de cien edificios destinados a viviendas multifamiliares.


 De hecho, el barrio Universitario ya modificó definitivamente su fisonomía. La discusión sobre cómo debieran ser los nuevos edificios, ya casi carece de sentido. Si embargo, la experiencia debiera tomar sentido para analizar otros sitios de la ciudad donde puede registrarse un fenómeno similar.


 La otra conclusión, luego de los 90 días de veda y cinco años de discusión, es que nadie sabe todavía con certeza cuál es la capacidad de los servicios sanitarios del sector.


 Mientras ABSA, el gran ausente en estos debates, insiste en que la presión del agua es la adecuada, cada vez más vecinos colocan bombas impulsoras en sus casas.


 También es cierto que las cloacas colapsan cuando llueve, lo cual da cuenta de la repetida irregularidad de conectar los pluviales a esas redes, aprovechando que nadie controla esa instalación.


 Lo ocurrido en el barrio Universitario es cosa juzgada, pero Pero sería sano que la comuna tome recaudos para que las cosas no vuelvan a suceder de la misma manera. Equilibrando el bien público y vecinal con los intereses empresariales o inmobiliarios.


 Para que ese organismo tan complejo que es una ciudad sea un espacio donde el agua fluya con fuerza, los patios sean vivibles, los constructores trabajen y las malas sombras brillen por su ausencia.

Mario Minervino/"La Nueva Provincia"