Un respetado cardenal fustigó al enlace entre homosexuales

Redacción de La Nueva.

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 MADRID -- Intendentes del opositor Partido Popular (PP) anunciaron ayer que se negarán a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, adhiriendo al llamado del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, tras la aprobación en España de la ley impulsada por los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

 "Si la futura ley me reconoce competencias para casar a homosexuales, ni las ejerceré ni las delegaré en ningún concejal", afirmó el regidor de Valladolid (norte), el popular Javier León de la Riva, cuyas declaraciones publicó en la víspera el diario La Razón (conservador).

 "Soy católico antes que político, lo que me impide casar a homosexuales", afirmó el intendente de esa ciudad históricamente de derecha, donde nació el ex presidente conservador del gobierno español, José María Aznar López.

 León de la Riva anticipó que estudiará si puede ampararse en la objeción de conciencia.

 En términos parecidos se expresaron sus colegas conservadores Mario Amilivia y Miguel Angel García, adhiriendo al llamado lanzado la semana pasada desde el Vaticano por el presidente del Consejo Pontificio para la Familia.

 "No se pueden imponer cosas injustas a los pueblos", afirmó el cardenal colombiano en una entrevista publicada en el diario italiano Il Corriere della Sera, antes de enfatizar: "Porque son injustas, la Iglesia llama con urgencia a la libertad de conciencia y al deber de oponerse".

 El obispo de la diócesis de Castellón, monseñor Juan Antonio Reig Pla, escuchó el llamado de la Iglesia Católica, invitando a la "desobediencia civil" de los intendentes que sean "obligados a sacrificar sus conciencias".

 Representantes de católicos, judíos, evangélicos y católicos ortodoxos griegos se pronunciaron claramente jornadas atrás contra la legalización del matrimonio homosexual, en el imperio que fue de los reyes Fernando e Isabel.

 La Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) afirmó que con su actitud, los intendentes de Aznar "exhiben su nulo respeto por la democracia". Redondeó por Radio Nacional: "En modo alguno pueden negarse, pues estamos ante una norma marcadamente imperativa".

 Para el profesor Antonio Cabanillas, "los alcaldes tampoco pueden alegar la objeción de conciencia, pues la Constitución reconoce la libertad ideológica y la no discriminación por razón de sexo".

 Avivando todavía más el entredicho, el alcalde de Pontons, un pequeño pueblo catalán, fue más lejos en sus comentarios, por los cuales su partido lo suspendió y podría expulsarlo.

 "Para mí un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica", afirmó Lluis Fernando Caldentey, tras anunciar que no casará a personas del mismo sexo.

 Para frenar la ola de críticas que se veía venir por esas declaraciones, el catalán Francesc Vendrell, vocero del aznarismo, salió al cruce al asegurar que los comentarios de Caldentey "no responden en absoluto al pensamiento del PP".

 El secretario general del PP, Mariano Rajoy, prefirió no entrar en el debate y limitarse a afirmar que la ley, rehusada por sus diputados en la cámara, "es un grave error". En medio de la polémica, el fiscal general, Cándido Conde Pumpido, afirmó que "las leyes están para cumplirlas".

 A mitad de camino entre responsabilidad y conciencia, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista coruñés Francisco Vázquez, explicó que no votará la ley en el Senado, "pero la cumpliremos". El mundo del revés, dicho de otro modo.

 Con la ley que el jueves aprobaron 183 diputados (de un total de 350), que modifica el Código Civil, y que entrará en vigor en julio, España se convierte en el tercer país europeo en autorizar el casamiento entre homosexuales, luego de Holanda y Bélgica.

 No en vano, semanas atrás en Madrid fue derribada la única estatua del generalísimo Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde. (EFE y NA)