¿Cuál debe ser la estrategia de largo plazo de carbono neutro en la Argentina?

Redacción de La Nueva.

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Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   “Contamos con el conocimiento científico y la información que nos permitirá avanzar de manera sostenida, siendo necesarios acordar los objetivos del país en el futuro cercano”.

   Es un tramo de la declaración de las autoridades del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que, como representante de 64 entidades vinculadas a las cadenas productivas de todo el país, resulta el interlocutor indispensable del diálogo público-privado que se requiere para alcanzar los objetivos anunciados de reducir el aumento de las emisiones de GEI, al año 2030, y lograr la carbono neutralidad para 2050, en respuesta a lo ocurrido en la COP 26 de Glasgow y a los compromisos asumidos por la Argentina.

Existen muchas experiencias en relevamiento de emisiones, en prácticas y procesos, así como programas en ejecución de sectores productivos que deben ser parte de la estrategia de largo plazo.

   “No creemos conveniente que el Gobierno lance iniciativas que no tengan respaldo desde lo productivo, ambiental y técnico. Contamos con el conocimiento científico y la información que nos permitirá avanzar de manera sostenida, siendo necesarios acordar los objetivos del país en el futuro cercano”, se indicó.

   “En un documento de este 29 de octubre, hemos manifestado la preocupación del CAA por las carencias con las que nuestro país llegaba a la COP 26, evidenciadas en una falta de articulación entre las agendas legislativas y ejecutivas y las posiciones de los mismos ministerios”, se dijo.

   También que el Gabinete de Cambio Climático no cumplió los objetivos de su creación. Y que el primer punto a trabajar para avanzar en la estrategia nacional es fortalecer los espacios institucionales de diálogo público-privado, además de la necesaria articulación de políticas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y entre los ministerios del PE.

El plan de la obra

   La agenda de temas que requieren atención y articulación que se propone como prioritarias son:

—Medición, métricas y cálculos: revisar los sistemas de medición del balance de carbono en los inventarios nacionales e impulsar la medición real de los diferentes sistemas productivos, en particular, la ganadería y bosques.

—Transición energética: elaboración de un documento de política pública que incluya los aportes de las bioenergías en la transición energética y una evaluación integral a 2030 y a 2050, para su posterior implementación en la matriz energética nacional.

—Mitigación: considerando que es imposible lograr la carbono-neutralidad sin mitigación, se requiere elaborar la estrategia de captación de CO2 basada en la naturaleza, tal como la expansión de la forestación, su medición adecuada y financiamiento.

—Financiamiento: evaluar las opciones y oportunidades de nuestro país y el sistema productivo para obtener financiamiento externo tanto para mitigación como para adaptación. Trabajar en la búsqueda del financiamiento para avanzar en los procesos de adecuación que permitan la adaptación haciendo menos vulnerables a los sistemas productivos, financiamiento para el desarrollo de tecnologías y procesos para la mitigación y el monitoreo en tiempo real de las actividades.

—Adaptación: evaluación de los escenarios de impacto por región, cadena productiva y priorización de acciones para la adaptación.

—Comercio internacional: establecer un equipo de seguimiento de los requisitos que se impulsan por países, cadenas de suministro y sistema financiero que pueden afectar al país y generar una estrategia nacional y regional de negociación consensuada para actuar en los foros internacionales.

—Innovación y transferencia: alinear las políticas de investigación, innovación y transferencia de tecnología de INTA; INTI; Conicet y su financiamiento para priorizar las estratégicas relativas a medición, monitoreo y reducción de la huella de carbono, captura de carbono y lograr sistemas productivos más sostenibles certificados.

—Legislación: impulsar que el GNCC deba emitir opinión sobre los proyectos de ley que afecten el balance de carbono y reporten sobre su coherencia con la estrategia nacional de CC. Se debería revisar también la legislación contraria a dichos objetivos, tal como la Ley de Biocombustibles y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.