Amenazas a un juez: refuerzan la custodia en edificios del Poder Judicial

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Mariano Muñoz 
El pasado 4 de febrero, un grupo de 20 personas, portando armas blancas, ingresó en el edificio del Juzgado de Garantías Nº 5 de San Martín y amenazó de muerte a los funcionarios presentes, inclusive el juez Nicolás Schiavo.

Los delincuentes que irrumpieron violentamente en el edificio ubicado en Pueyrredón al 3.500 reclamaban la liberación de 8 detenidos -entre ellos dos menores de edad- vinculados a una causa por la usurpación de una propiedad y venta de drogas.

Trascendió que en ese momento había tres empleados en la mesa de entradas del cuerpo, entre ellos una mujer embarazada.

En esas circunstancias, los trabajadores ensayaron una especie de barricada con chapones para evitar el acceso de los desconocidos al primer piso.

Los sujetos, quienes pretendían llegar al despacho del magistrado y sus colaboradores, rompieron una ventana y comenzaron a gritar que volverían, los seguirían y que “ya saben lo que les va a pasar”.

Presencia policial

Frente a este escenario, en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de su presidenta, Hilda Kogan, firmó con el ministro de Seguridad bonarense, Eduardo Javier Alonso, un convenio de cooperación destinado a establecer de manera conjunta y coordinada las pautas para la asignación de personal policial para la custodia y seguridad en los edificios correspondientes a la justicia provincial.

La medida, obviamente, también involucra las distintas sedes que funcionan en Bahía Blanca. 

En este sentido, trascendió que se propicia la posibilidad de sumar personal al ya existente en las dependencias, según lo consideren necesario las autoridades a partir de una situación o evento especial. 

Tomaron parte del acto de firma el vicepresidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres; su ministro decano, Daniel Fernando Soria, y el Jefe de la Policía provincial, Javier Carlos Villar.

Junto a ellos estuvieron presentes el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense, Matías Rappazzo; el titular de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz, y los funcionarios de la Corte, Amós Grajales, Matías Álvarez y Néstor Trabucco.

Para la implementación del convenio, las autoridades judiciales se comprometieron a “concentrar los requerimientos de personal policial necesarios para la cobertura del servicio de custodia y seguridad y a transmitirlos al Ministerio de Seguridad por los canales que se establezcan en los protocolos que se definan para ello”.

Este último “tendrá a su cargo evaluar en cada caso los motivos del pedido y la modalidad de la prestación, conforme los criterios técnicos y operativos que considere pertinentes”.

Un acuerdo similar rubricó también el Ministerio Público provincial con el área de seguridad del gobierno bonaerense para "regular de manera conjunta y coordinada, los requerimientos y asignación del personal policial destinado a la custodia y seguridad en los inmuebles" correspondientes a la fiscalía y la defensoría.

Enérgico repudio

Desde el Colegio de Magistrados de Bahía Blanca expresaron su solidaridad con quienes resultaron víctimas de lo sucedido.

“Un hecho así genera, como manifestamos desde el Colegio provincial, un enérgico repudio y, a la vez, profunda preocupación. Dijimos ese día que lo ocurrido expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones los trabajadores judiciales en algunos lugares, evidenciando la insuficiente protección de los edificios”,dijo el presidente de la institución local, doctor Eduardo d'Empaire.

Manifestó que son hechos que dan cuenta de “un problema a lo mejor estructural, que requiere respuestas urgentes y coordinadas de los poderes del Estado”.

Del mismo modo, el también juez penal refirió que “debe garantizarse la provisión de recursos suficientes para asegurar la protección de quienes integran el servicio de justicia, y de los ciudadanos que asisten a los tribunales, resguardando su normal funcionamiento”.

D'empaire subrayó que estos hechos constituyen un ataque a toda la sociedad.

“Cuando como juez intervengo en un juicio por jurados, les digo al recibirlos 'bienvenidos a su casa', porque la verdad es que esa sala de audiencias, esa corte, no es mía, es de la ciudadanía toda, es un ámbito público en el que la sociedad accede en busca de la tutela de sus derechos”.

El magistrado describió que “hay muchos antecedentes de agresiones, que a lo largo de estos años se vinieron repitiendo en distintas localidades de la provincia. De diferente intensidad, porque, en realidad, cada uno tiene sus características. Y siempre generan preocupación”.

Aclaró además que “son situaciones que también suceden en otros ámbitos públicos, como las guardias médicas de algunos hospitales”.

Por último, reiteró que “como Colegio nos toca manifestar nuestra preocupación por la protección de los funcionarios, magistrados y empleados, pero también de la gente que asiste a los tribunales”.

Extrema gravedad

De esa manera calificó el episodio la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.

Sostuvieron, en un comunicado, que se trató de “un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia”.

“Las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal excede el análisis de este caso e impide tratarlo como si fuera un hecho puntual. Lo mismo cabría decir de muchos juzgados de paz, juzgados de familia y dependencias de los ministerios públicos”, mencionaron.

La Red dijo que “no es irrazonable tampoco concluir que hechos de esta naturaleza son también la consecuencia de la asunción, por parte de la provincia, de la competencia en la persecución, juicio y castigo del narcotráfico, sin la preparación, sin la estructura y sin el traspaso de los recursos prometidos para enfrentar tal flagelo, que no solo afecta la salud sino también la transparencia de un sistema de respuesta penal pauperizado, y la seguridad de quienes viven en los barrios”.

En ese sentido, también solicitaron la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de  magistrados, funcionarios y empleados.

Independencia atacada

“Este tipo de acciones representan una intolerable violación al Estado de Derecho, a la seguridad de funcionarias y funcionarios judiciales, y a la independencia del Poder Judicial, pilares fundamentales de nuestra república”, refirió, a su turno, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.

Sus integrantes sostuvieron que “la judicialización de conflictos sociales y la labor de impartir justicia deben realizarse en un marco de respeto institucional y protección de la integridad física, sin temor a represalias ni a amenazas”.

Resaltaron que “la seguridad de los espacios de administración de justicia y de quienes en ellos desempeñan sus funciones es condición indispensable para el normal funcionamiento de los procesos judiciales y para la garantía de los derechos de las personas”.

En ese marco, reclamaron “políticas públicas urgentes y coordinadas que aseguren condiciones  de seguridad y protección”.