Gremialista baleado: piden la libertad del detenido y critican la investigación
La defensa de Luciano Durand consideró "contradictoria" la conducta de la fiscalía en el caso y le solicitó al Juzgado de Garantías N° 4 que excarcele al acusado.
El abogado Valentín Fernández, quien asumió ayer la defensa de Luciano Oscar Durand, detenido por el ataque a balazos a un dirigente gremial, pidió la libertad del acusado y cuestionó la investigación a partir de un escrito que presentó ante el Juzgado de Garantías N° 4.
Se trata de la causa que investiga el disparo en una pierna que sufrió hace una semana el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Oscar Pérez, cuando salía de su casa, en Pedro Pico al 1.500.
El descargo de la defensa expone lo que considera severas desprolijidades de la investigación penal, apuntando tanto contra el viraje de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7, como contra el accionar de los funcionarios policiales.
Al día siguiente de la agresión, Durand -tras el análisis de distintas cámaras sobre el aspecto físico del ejecutante, la moto que ocupaba y la dirección de fuga- fue arrestado en Ingeniero White.
Exigen en Fiscalía el avance de la causa por el ataque a tiros contra un dirigente gremial
Sin embargo, poco después la fiscal Marina Lara dispuso su libertad, al considerar que no existían riesgos procesales, aunque le fijó una medida perimetral respecto de Pérez.
Pero apenas 48 horas más tarde, la misma fiscal cambió su postura -según declaró, sumó nueva prueba pericial de importancia- y agravó la calificación legal como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra sin autorización legal y ordenó detener nuevamente al estibador portuario, medida que se concretó el domingo a la tarde.
Para el abogado Fernández, este cambio es "contradictorio" y carece de nuevos fundamentos reales.
Pericia por videollamada
Según la defensa de Durand, el agravamiento de la calificación a "arma de guerra" se basó exclusivamente en la declaración realizada el domingo, por videollamada de WhatsApp, del comisario Cristian Alberto Rasmussen, experto en balística (analizó un plomo deformado hallado en la escena del hecho), que ni siquiera se encontraba en la ciudad, ni firmó el acta.
La opinión del perito, acerca de que el fragmento podría ser de un calibre 38 o 357 (armas de guerra), "se construyó sobre imágenes de un pesaje realizado con una balanza portátil apoyada sobre el asfalto de la calzada y sobre la medición de un objeto que él mismo describe como completamente deformado".
"Ese acto no es una pericia, ni puede suplirla", expresó el letrado en el escrito, para remarcar que el arma utilizada hasta ahora no se secuestró.
También dijo la defensa que no hay elementos de prueba para sindicar a Durand como autor del hecho.
Argumentó que la propia víctima en su indagatoria dijo que, si bien trabaja como estibador en el puerto, no conoce a Pérez y que aquella mañana, a la hora del disparo (poco antes de las 9), estaba en su casa junto a su hijo.
Además marcó que las descripciones físicas del agresor, aportadas por el gremialista, variaron drásticamente en sus tres declaraciones y que la figura del atacante no coincide con la contextura de un hombre de 50 años.
Durand, en su indagatoria, aseguró que cuando lo llevaron a la comisaría le quitaron el pantalón y luego se lo devolvieron roto a la altura de la rodilla, que lo obligaron a vestirse con una campera gris para fotografiarlo y que habrían secuestrado prendas de vestir de su casa antes del allanamiento judicial.
Sin riesgo procesal
El abogado, por otra parte, le aseguró a la jueza Marisa Promé que no existen riesgos procesales para mantener en libertad durante el proceso a Durand, porque no tiene antecedentes y durante las 48 horas que pasaron desde la primera aprehensión a la segunda, no se alejó de los lugares que frecuenta.
También dijo que tiene arraigo familiar, domicilio fijo en Ingeniero White y trabajo estable.
Fernández pidió que se declare su libertad bajo caución juratoria y, a modo subsidiario, ofreció una restricción de acercamiento absoluta a la víctima, a su hogar y a la sede del sindicato.