El Palacio de Tribunales, en marcha
Diseñado y financiado desde la provincia, es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad
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Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.
Hace 100 años, en enero de 1926, se realizó la apertura de ofertas para la construcción del Palacio de Tribunales de nuestra ciudad, a erigirse en el terreno ubicado en la primera cuadra de calle Estomba.
La necesidad de un edificio acorde con el funcionamiento del Poder Judicial se planteó apenas iniciado el siglo XX, al ser creados los Tribunales de la Costa Sud. Tras ubicarse en la vivienda del abogado Manuel Lucero, en 1913 se instalaron en un inadecuado inmueble de Alsina y Soler.
La licitación fue una de las últimas gestiones del gobernador José Luis Cantilo, quien había participado meses antes de la colocación de la piedra fundamental y había prometido que terminaría su mandato dejando en marcha esa construcción.
La licitación fue considerada un éxito, por cuanto la concurrencia de diversas empresas demostraba la confianza en el crédito público y en la solidez del estado provincial.
Tres firmas participaron de la compulsa, dos de ellas de nuestra ciudad. La primera de Justo José Querel, con una rebaja del 1% sobre el presupuesto oficial (PO), cotizando los trabajos en $ 1.358.957,71, unos 500 mil dólares de la época.
La segunda correspondió al ingeniero Francisco Marseillán, con un 30% sobre el valor oficial, y por último la empresa Moreno Gachari, con un 0,5% en menos.
La obra fue adjudicada a Querel, que comenzó los trabajos en abril de ese mismo año.
El palacio de Tribunales, una de las obras más destacada del patrimonio arquitectónico bahiense, fue inaugurado el 11 de abril de 1928, aunque por tener tareas pendientes no fue habilitado.
En 1929 algunas dependencias fueron ocupadas por Obras Sanitarias, organismo que se retiró a mediados de 1930. En noviembre de ese año finalmente comenzó a ser utilizado por el poder judicial.