Evaluarán otra vez a un acusado de abuso sexual contra su nieta
El nuevo peritaje al anciano, que no sería apto para ser juzgado, se hará el miércoles a cargo de una psicóloga.
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Un jubilado acusado de abusar sexualmente de su nieta será sometido a un nuevo peritaje el próximo miércoles, con el fin de determinar si se encuentra en condiciones de ser juzgado.
A esta pericia se sumará una psicóloga de la Asesoría Pericial bahiense, quien trabajará con la perito médico psiquiatra que ya evaluó al denunciado anteriormente, concluyendo que el hombre de 82 años no tiene capacidad para declarar en juicio oral ni comprende el proceso penal.
La familia de la presunta víctima se manifestó en desacuerdo con los informes periciales iniciales y aportó a la investigación videos en los cuales al imputado se lo ve “lúcido” y expresándose de manera “normal”.
Esas imágenes desacreditarían los resultados de los estudios efectuados al imputado por la psiquiatra oficial y confirmarían la aptitud del abuelo para ser enjuiciado.
Por ese motivo los denunciantes habían solicitado a la Justicia la realización de un nuevo peritaje a cargo de un profesional de la psicología.
El Tribunal en lo Criminal Nº 3 ordenó en diciembre pasado que el acusado participe de una entrevista coordinada por una licenciada en psicología de la Asesoría, diligencia que se concretará la semana entrante.
El fiscal de la causa, Marcelo Romero Jardín, y la abogada querellante, María Fernanda Petersen, plantean que el aparente abusador está en condiciones de ir a juicio oral para responder en relación con el delito que se le atribuye: abuso sexual reiterado agravado por el vínculo.
“Lo que planteamos con la fiscalía fue que el peritaje lo haga una perito psicóloga para poder tener mayores precisiones y también plantear fundamentos desde el punto de vista psicológico”, dijo Petersen.
Los familiares de la joven que habría sido agredida sexualmente por su abuelo paterno, presentados en la causa como particular damnificado, pretenden además que el supuesto depravado vuelva a estar detenido hasta el posible desarrollo del debate.
El acusado cumple arresto domiciliario desde que tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico durante su arresto en un establecimiento carcelario.
Esta situación derivó en la suspensión del juicio en el que se iba a analizar la conducta del anciano, programado originalmente para diciembre de 2024 y a cargo del tribunal mencionado.
“La defensa argumentó problemas de salud de su cliente, que estuvo internado y se le dio arresto domiciliario. Se fijó fecha de juicio y previamente el defensor del imputado había planteado que su asistido no podía hablar, no comprendía ni tenía capacidad para estar en juicio”, explicó la abogada.
Entre 2015 y 2019
Los supuestos delitos contra la integridad sexual de la -en ese momento- menor de edad se habrían consumado entre 2015 y 2019, en el domicilio del acusado, ubicado en el barrio Sánchez Elía, adonde su nieta concurría los fines de semana.
Según la causa, la menor tenía entre 11 y 14 años de edad cuando habría sido abusada sexualmente por su abuelo.
En los videos dados a conocer por los denunciantes, el imputado afirmó que es “inocente” y que la madre de su nieta “convenció” a la chica para que “mienta”.
En las grabaciones el adulto mayor también manifestó que después del ACV no se “acordaba dónde vivía ni de las calles”.
Por su parte, la madre de la chica enfatizó que desde hace más de tres años “lucha” para que el aparente agresor sexual esté privado de la libertad en una cárcel.
De acuerdo con los dichos de la mujer, en las filmaciones se ve al imputado “espléndido, ubicado en tiempo y espacio, haciendo ejercicio y comprendiendo perfectamente de qué se lo acusa”.
“También presentamos un testigo que relata que el tipo hace sus compras, usa (código) QR y paga perfectamente bien con efectivo; hasta tuvo conversaciones en las que el acusado se comunicó perfectamente”, agregó.
Según las primeras pericias, el sospechoso tampoco sería capaz de “comprender que está acusado” ni entendería cuáles son las “funciones del fiscal, el defensor y el juez, ni tendría capacidad para “comprender y comunicarse adecuadamente con su defensor”.
El denunciado tampoco podría “comprender testimonios y proponer contrainterrogatorios”.
Al respecto, la letrada Petersen había planteado que en el expediente no figuran los “fundamentos” de la perito psiquiatra, quien evaluó al anciano en al menos dos ocasiones, determinando siempre la incapacidad del imputado para ser juzgado.