¿Hay relación entre una estafa en Bahía y un escándalo en el club San Lorenzo?

Redacción de La Nueva.

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Deborah Antonella Vallejo, condenada al igual que su pareja por cometer casi medio centenar de estafas mediante la venta de terrenos fiscales en Bahía y la zona, intentó involucrar en este delito a un exfuncionario nacional vinculado con el escándalo que protagonizó Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo de Almagro, por el presunto cobro de una coima.

El hombre apuntado por Vallejo es el abogado Francisco Carlos Sánchez Gamino, quien estaba al frente de la Dirección de Análisis y Estudios, un área de la Jefatura de gabinete nacional que depende de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

Así lo declaró, al ampliar su indagatoria, la mujer de 33 años que el año pasado fue condenada por el juez en lo Correccional Nº 1 bahiense, Gabriel Giuliani.

La imputada relató que los lotes delimitados por las calles Chile, Piedra Buena, Río Negro y Tierra del Fuego de esta ciudad, le fueron "ofrecidos para la reventa por Francisco Sánchez Gamino", a quien aparentemente conoció por medio de un "cliente de nombre Diego", de quien dijo no recordar el apellido.

Sin embargo la Cámara Penal bahiense rechazó el pedido de Vallejo y confirmó el fallo condenatorio contra la expolicía, a 6 años de prisión, y su pareja, Emmanuel Alejandro Lazzarín (31), quien recibió 3 años de cárcel.

Previamente Sebastián Martínez, abogado de ambos procesados, había apelado el decisorio de primera instancia dictado por Giuliani, cuestionando la materialidad ilícita de los hechos analizados en un juicio abreviado y la responsabilidad penal de ambos sospechosos. 

Sin sustento

Según los camaristas Gustavo Barbieri y Natalia Giombi, las "hipótesis que pretendió incorporar la encausada en relación a la intervención de la persona que identificó como Sánchez Gamino no pudieron ser acreditadas".

"Mención aparte merece la referencia de Vallejo de que la documentación suscripta por los adquirentes se la remitía a Sánchez Gamino por intermedio de una persona a quien identificó como 'Tato'", aclaró Barbieri en la resolución del tribunal revisor.

"Resulta contrario a las reglas de la sana crítica que por intermedio de una persona, de quien no tenía datos de identificación ni teléfono de contacto, (Vallejo) remitiera al supuesto 'abogado' la documentación y el dinero obtenido por las ventas", agregó.

Las pruebas incorporadas dan cuenta del "conocimiento por parte de Vallejo de la maniobra desplegada".

"Me refiero a las certificaciones de firmas apócrifas utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones y en algunas de las cuales se consignó incluso que se estaban certificando las firmas de las víctimas en el contrato de cesión de derechos, siendo que esa supuesta certificación se había hecho en La Plata y las víctimas no se habían trasladado para ello a esa localidad (circunstancia conocida y reconocida por Vallejo)".

"No fue ajena"

Los camaristas Barbieri y Giombi descartaron la versión brindada por Vallejo al entender que la causante no fue "ajena a la maniobra estafatoria que se le atribuyó y por la cual fue condenada".

"Incluso la intervención de terceras personas no identificadas que proveían de información técnico-jurídica y/o notarial, forma parte de la materialidad delictiva que se le imputó", resaltó el fallo de la Sala I de la Cámara.

La Justicia Correccional consideró a Vallejo y Lazzarín autores penalmente responsables de los delitos de estafas reiteradas (45 hechos), uso de documento público falso y uso de documento privado falso (30 casos), estos últimos ligados a operaciones inmobiliarias.

El accionar fraudulento se consumó al menos desde 2022 y hasta abril de 2023, por medio de Gestions Grupo Inmobiliario y del corralón de materiales DTE propiedad de Vallejo, emprendimientos comerciales que funcionaban en Las Heras 35 y Sócrates 1933, respectivamente.

Personas denunciaron que en el corralón no les entregaron materiales de construcción ya pagos.

A los condenados también se los sancionó con una inhabilitación especial para ejercer el comercio durante el plazo de 10 años.

Video comprometedor

Despido. En abril Sánchez Gamino fue desplazado del cargo político luego de que se difundiera una cámara oculta en la cual se lo ve con una mujer, quien al parecer está pagando a Moretti una coima de 25.000 dólares, a cambio de que su hijo futbolista sea incorporado a las inferiores de San Lorenzo.

Instrucción. El fiscal Gustavo Zorzano, quien instruyó la causa por los fraudes con la venta de lotes, continuará investigando a Sánchez Gamino por su presunta intervención en los hechos.