Bahía Blanca | Domingo, 27 de julio

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Causa Vialidad: abogado bahiense asesorará a uno de los condenados

El penalista Martiniano Greco tomará parte en el caso que tiene como principal implicada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Qué rol ejercerá.

El ingeniero Mauricio Collareda fue condenado a 4 años de cárcel en la causa que también sancionó con pena de prisión a Cristina Kirchner.

El abogado bahiense Martiniano Greco calificó como un orgullo su intervención profesional en un caso emblemático de la política de nuestros tiempos: la causa Vialidad.

Se trata de la causa de corrupción que se descubrió a partir de la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz y que tiene presa -bajo arresto domiciliario y con una pena de 6 años- a la expresidenta Cristina Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros.

El penalista local asumió la representación legal del ingeniero civil Mauricio Collareda -uno de los 9 acusados- quien recibió 4 años de cárcel por administración fraudulenta, que actualmente cumple en el complejo federal penitenciario de Ezeiza.

Si bien el fallo ya está firme, luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Greco confirmó que aún queda mucho por hacer.

Collareda, nacido en Trenque Lauquen y recibido como ingeniero civil en la UNS, fue jefe del Distrito XXIII de Vialidad Nacional en la provincia patagónica, entre 2006 y 2016.

"Esta intervención tiene para mi trascendencia, porque todos los abogados en la causa son de estudios de renombre en la Capital y en mi caso asumo la etapa de ejecución de la pena, luego de que Collareda tuviera defensor oficial", explicó Greco.

Martiniano Greco

Un punto clave en el cual el abogado trabajará es sobre la imposición de un decomiso solidario (a todos los acusados), fijado en casi 685 mil millones de pesos.

Tres ejes

Greco explicó que la estrategia de su tarea en la defensa de Collareda se dividirá en tres ejes principales:

1- El primero de ellos, aunque está en estudio, es el de la posibilidad de recurrir el fallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de rever cuestiones del proceso. 

Explicó el abogado que Collareda es una persona que durante 10 años ocupó un puesto de jefe del Distrito XXIII de Santa Cruz de Vialidad Nacional y como jefe de distrito "su función siempre fue técnica" y, a diferencia del resto de los condenados, "no tiene relación con la política y no militó en ningún partido, sino que fue elegido por capacidad y cuestiones técnicas".

2- En esta etapa de ejecución también va a realizar ciertos pedidos respecto del lugar de alojamiento de su asistido y evaluará solicitudes de arresto domiciliario y otros beneficios procesales, en caso de estar reunidas las condiciones legales para tal fin.

3- Apuntará contra el decomiso solidario para todos los acusados, que no solo incluye a Cristina Fernández, Lázaro Báez y José López, sino también a Collareda. 

"Ese decomiso fue actualizado a la suma de 684.000 millones de pesos, lo cual es escandaloso. Voy a presentar una oposición y un pedido en concreto respecto del patrimonio de mi asistido porque, lógicamente, es inconstitucional. Collareda  tiene como patrimonio un departamento, una casa de veraneo y un vehículo particular modelo 2000", explicó Greco, en comparación con el resto de los condenados.

Uno por uno

Además de Collareda y Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López -los más conocidos del entramado Vialidad- otros 5 imputados recibieron condena y se entregaron para cumplirla a mediados del mes pasado.

Juan Carlos Villafañe, Raúl Daruich y José Raúl Santibáñez, así como el citado ingeniero, están detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I.

Raúl Gilberto Pavesi, en tanto, fue trasladado a la Colonia Penal de Ezeiza (Unidad N° 19) y Nelson Guillermo Periotti, a la Unidad Nº 28.

En el caso de Collareda, el fallo lo ubicó como uno de los responsables de las supuestas maniobras para beneficiar a Báez, con quien, aseguran, tenía un vínculo previo.

Pese a ello, su defensa insiste con que su intervención en las licitaciones era "meramente administrativa" y que el control de obras estaba por encima del Distrito XXIII de Vialidad Nacional.