Se propagó a distintas provincias la “Justicia solidaria” con el Penna
Como el fuero Económico capitalino, tribunales penales de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Neuquén fijaron a diferentes imputados una reparación económica destinada al hospital.
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
Bahiense. 51 años. Técnico superior en Ciencias de la Comunicación Social. Periodista y editor jefe de contenido judicial y policial, con más de 30 años de trayectoria en la profesión (28 años en La Nueva.) Primer Premio ADEPA 2017 en la categoría Periodismo Judicial, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En mayo de 1994, con la idea de mitigar la sobrepoblación carcelaria, ofrecer una oportunidad de rehabilitación a imputados y reducir la carga del sistema judicial, se creó la ley 24.316, que habilitó la suspensión del juicio a prueba.
Dicho instituto, incorporado al artículo 76 del Código Penal y conocido como "probation", es una extinción de la acción penal que prevé, para procesados por delitos con penas inferiores a 3 años, que puedan evitar el debate y reparar el daño de otra manera, por ejemplo con tareas comunitarias o el pago de dinero a entidades de bien público elegidas por los acusados o los jueces actuantes.
La dimensión de la catástrofe que vivió Bahía el 7 de marzo llevó a que varios organismos judiciales fijaran una mirada empática hacia la ciudad y, en particular, a una de las instituciones que peor la pasó: el hospital Penna.
La iniciativa de los Tribunales Orales en lo Penal Económico de Comodoro Py -para que imputados de deltios tributarios o contrabando hagan su aporte reparatorio al Penna-, se propagó no al fuero Penal de distintas provincias.
En los últimos días, tribunales de Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut les impusieron a acusados que evitaron el juicio con una "probation" realizar un aporte al centro asistencial de Láinez y Necochea, como parte de su "plan" de reparación del daño delictivo cometido.
Sin ninguna relación
Los montos no son altos. Lo relevante es el gesto que se da en lugares distantes y con causas y procesados que no tienen ningún tipo de conexión con Bahía. Eso es para destacar. Y agradecer.
Uno de esos fallos lo dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario, en el marco de una causa por narcotráfico que condenó a una organización integrada por dos hermanos de apellido Aragno, oriundos de Casilda, y otras personas.
Entre los 5 sospechosos relacionados con la infracción a la ley 23.737 figuraba Rocío Soledad Calvo, imputada de tenencia simple de estupefacientes.
A ella, el juez Osvaldo Facciano, luego del ofrecimiento de la defensa, le suspendió el juicio y le cambió las tareas comunitarias fijadas por donaciones mensuales de 20.000 pesos, durante un año, a la cuenta de la Cooperadora del Penna.
"Es para ayudar a los evacuados por los hechos de público conocimiento", indicó el juez en el fallo.
Con arma de guerra
Otro tribunal oral federal N° 3, en este caso de Córdoba, adoptó similar temperamento en una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal (portación ilegítima de arma de fuego) y encubrimiento (pistola con la numeración limada).
Se trata de un delito descubierto el 17 de marzo de 2023, durante un operativo de control en el barrio Centenario de aquella ciudad, cuando la Policía interceptó un Fiat Palio en el cual un grupo de jóvenes llevaba una pistola semiautomática Browning 32, considerada arma de guerra.
Por qué un juez porteño donó a Bahía $ 44 millones de una sentencia
Mateo Rojas, Franco Tejeda Luna, Kevin Robledo y Nelson Mansilla fueron aprehendidos y sometidos a un proceso que terminó con la suspensión de juicio en los últimos días.
Si bien la escala penal de las imputaciones partía de 3 años y 6 meses de prisión (no habilita la "probation"), desde la fiscalía aceptaron un nuevo encuadre legal más atenuado y acordaron la suspensión, firmada por el juez Facundo Zapiola.
A los 4 se les fijó, como reparación simbólica individual, el pago de 100.000 pesos a la cooperadora del Penna. Algunos lo harán en un solo pago y otros acordaron en tres cuotas.
También realizarán 4 horas semanales de tareas comunitarias en organizaciones sociales de Córdoba.
Más causas por droga
En Neuquén, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, a cargo del juez Alejandro Cabral, le impuso a Karen Valeria Silva donar 300.000 pesos (en dos cuotas) al hospital bahiense.
La mujer de 30 años estaba procesada en una causa por comercio de drogas, aunque no se logró probar esa figura y solo fue imputada de tenencia simple de estupefacientes.
Tiene que ver con una investigación que se judicializó hace 7 años en la localidad de Plaza Huincul.
Un juez de Campana, las "Bobinas Blancas" y un gesto altruista
Sin embargo, al allanar su casa, el 8 de junio de 2018, encontraron solo 1,5 gramos de cocaína y casi 200 gramos de marihuana.
Un hombre que la acompañaba y también había sido detenido luego fue liberado y sobreseido.
En cuanto a Silva, se explicó en el fallo que la atenuación de la calificación legal tiene que ver con que "este paso del tiempo no permite sostener la acusación con el grado de certeza requerida para sostener el dolo de tráfico".
Se le fijaron distintas reglas de conducta, durante dos años, como mantener el domicilio, someterse al control del organismo respectivo y no consumir drogas ni abusar de alcohol. Por último, también tendrá que entregar el citado monto de dinero al Penna.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia suspendió el juicio a prueba a favor de Martín Alejandro Rodríguez Maldonado, también acusado por infracción a la ley de drogas.
En ese caso fue la auxiliar fiscal Analía Ruiz quien propuso la entrega por parte del detenido de 125.000 pesos a la cooperadora del Penna, "teniendo en cuenta la situación que está atravesando la ciudad y población".
La defensa aclaró que no había inconvenientes en cambiar el destino del beneficiario de la reparación y la jueza Ana D'Alessio homologó el acuerdo en favor del hospital.
Rodríguez Maldonado también deberá fijar domicilio y ser controlado, así como no consumir drogas ni abusar de alcohol, no portar armas ni cometer nuevos delitos.
En cuanto al monto fijado, explicó el imputado que es mecánico junto a su padre y que está en condiciones de pagarlo, a fin de lograr la suspensión del juicio.
"Destacamos el gesto"
Respuesta. María del Carmen Martí, presidenta de la Cooperadora del Penna, confirmó que, como consecuencia de la inundación, están llegando los montos reparatorios de causas judiciales de distintos lugares del país.
Propósito. "Es el gesto lo que destacamos, más allá de los montos, algunos son chicos, pero todo suma. Son bienvenidos y bien invertidos. Ya son varios los tribunales que han aportado. Cuando sale el fallo y deciden hacer el aporte, nos notifican por mail", dijo Martí.
Destino. El dinero que ingresa desde los distintos organismos judiciales va a una cuenta destinada únicamente a la inundación y es la Dirección del hospital la que define su destino, según las prioridades.