Jubilaciones: la fórmula rechazada por Diputados no compromete el equilibrio fiscal

Francisco Rinaldi

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Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

Para el economista cordobés Osvaldo Giordano, no es verdad que el proyecto de ley que pretendía establecer una fórmula para actualizar los haberes jubilatorios, cuyo veto ratificó ayer la Cámara de Diputados, redunde en un elevado fiscal. 

Palabra autorizada en materia de Seguridad Social, Giordano preside en la actualidad el Instituto para el Estudio de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, un think tank por el que pasaron el ex ministro Domingo Cavallo y Santiago Montoya, el recaudador del ex gobernador Daniel Scioli famoso por sus mediáticos operativos, que incluían visitas sorpresa a barrios cerrados y hoteles alojamiento. 

“Si el veto presidencial se materializa finalmente (N de R: ayer se apoyó la decisión de Javier Milei en la Cámara Baja y pasó al Senado), el gobierno se compra el problema de la litigiosidad a futuro, porque van a llover reclamos de jubilados por reajuste de haberes que alguien va a tener que pagar”, dijo Giordano. 

Agregó que “un aspecto positivo de la nueva fórmula es que se reducía la probabilidad de litigios considerablemente, porque hay abundancia de fallos judiciales donde se dice expresamente que es el Congreso el responsable de establecer una fórmula de ajuste de haberes”. 

–El Gobierno dice que es muy cara en términos de gasto público y que eso compromete el equilibrio fiscal ¿es así?; se preguntó a Giordano. 

“Es muy destacable la firmeza del Gobierno de cuidar el orden las cuentas públicas, pero en términos fiscales, en el corto plazo, no existe tal compromiso. 

“La aplicación de la fórmula que propone el proyecto se puede aplicar perfectamente sin aumentar el gasto previsional. Esto porque lo que actualmente paga Nación en términos de haberes tiene dos componentes: un 86% son los haberes propiamente dichos, y el 14% restante es el bono que las diferentes administraciones han ido pagando”. 

“Si el Gobierno, a través de un decreto simple, fijara reglas donde se focalice mejor este complemento, ya sea definiendo de manera más restrictiva quienes tienen derecho a recibirlo y/o definiendo un monto menor, la composición del gasto previsional cambiaría, ya que pasaría a ser del 93% haberes (N de R: subiría del 86 al 93% por la aplicación de la fórmula sobre las jubilaciones) y el 7% remanente de bonos, porque no se pagarán más a todos los pasivos, sino que se restringirán las condiciones de acceso a aquellos que no lo necesitan”, dijo el economista, quien fue ministro del ex gobernador y candidato a presidente Juan Schiaretti. 

Como resultado, el gasto previsional cerraría en un 5,2% del PBI, exactamente el mismo porcentaje que ostenta hoy, cuando aún está vigente el DNU que sostiene la actual administración. 

–Incluso, el proyecto le costaría al gobierno un extra de 0,44% del PBI, cifra que es exactamente igual a la pérdida de ingresos por las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales….

–-Si, pero en ese caso, hablamos de un tributo muy polémico, cuya baja puede estar justificada. Pero el punto es que la nueva fórmula se puede implementar sin costo fiscal controlando a quienes se les da el bono, con el beneficio que no se carga el gasto público con los juicios que se van a venir. 

“De todas formas, coincido en que el costo fiscal del proyecto es muy bajo”. 

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto cuyo veto fue ratificado ayer en Diputados significaba un aumento del orden de los 20.000 pesos para los haberes de los pasivos, una cifra irrisoria en comparación con la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. 

Pese a ello, tenía como uno de sus puntos destacables que mantiene la regla de actualizar los haberes con la inflación con dos meses de rezago y dispone, adicionalmente, un “aumento adicional” sobre los haberes con la finalidad de reconocer integralmente la inflación de enero, algo que no hace el DNU de Milei, vigente a la fecha y por el cual se deciden los aumentos. 

Además de la actualización mensual por inflación, estipula un “incremento compensatorio” equivalente al 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario anterior en marzo de cada año. 

Esta compensación no se aplicaría en 2024 por dos motivos: el primero es que correspondería que se lo haga una vez al año y en marzo, es decir, previo a la implementación de la ley (siempre y cuando fuera aprobada), y el segundo es que si se decidiera hacerlo de forma retroactiva, en 2023, el IPC subió un 211,4% frente a un 149,4% del RIPTE.  

También otorga a quienes cobran un solo beneficio previsional la “garantía del haber mínimo”, que consiste en un suplemento para que su haber no sea inferior al último valor disponible de la Canasta Básica Total (CBT), multiplicado por 1,09, de modo que la diferencia con respecto al haber mínimo sería del 9%. La garantía cubre a los afiliados al SIPA, por lo tanto, no opera para los beneficiarios de pensiones no contributivas ni los que cobran la PUAM.  

Finalmente, se establece que para el cálculo del haber inicial las remuneraciones se actualicen en base al RIPTE, en lugar de la vieja fórmula de movilidad.