Estafados con terrenos esperan una solución desde La Plata

Redacción de La Nueva.

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La formación de expedientes administrativos en ministerios bonaerenses es la novedad en el caso de las presuntas estafas con terrenos fiscales en perjuicio de varias familias bahienses, que tiene a Déborah Antonella Vallejo (31) como principal investigada.

Documentación aportada por los damnificados, en relación con la venta ilegal de lotes en Villa Ressia y en inmediaciones del estadio del Club Olimpo, se estudia ahora en la subsecretaría de Hábitat para la Comunidad y en la dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales, ambas con sede en La Plata.

Las tierras en cuestión, ubicadas en un macizo delimitado por las calles Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego y Emilio Rosas, así como en Chile al 100, son propiedad de la Provincia y están bajo custodia de la Municipalidad.

Por eso autoridades comunales actúan como intermediarias en el asunto y en los últimos días presentaron en la capital provincial dos carpetas con los boletos de compraventa de los terrenos (cesión), copias de las denuncias y otros documentos de las personas que habrían sido estafadas. 

La sospechosa Vallejo les habría vendido estos bienes del Estado de manera particular y para uso habitacional, pero aparentemente están destinados a la creación de espacios verdes.

En la última reunión entre los compradores y representantes del municipio, las víctimas plantearon la posibilidad de pagar otros terrenos que eventualmente les otorgaría la comuna, en caso de no poder acceder a los lotes del fisco.

El fiscal Gustavo Zorzano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18, investiga a Vallejo y a otros tres sindicados por la maniobra ilegal.

Hasta el momento en fiscalía se recibieron aproximadamente 30 denuncias contra la mujer nombrada, quien supuestamente cobró entre 1,3 y 1,5 millones de pesos por cada terreno.

“Pablo Montero (agrimensor de la Municipalidad) me confirmó que viajaron a La Plata y presentaron las carpetas con la documentación. Allá se formalizaron dos expedientes porque, si bien ambos sectores pertenecen a la Provincia, tienen distintos tipos de afectaciones y por eso dependen de diferentes ministerios”, explicó la abogada Cintia Gattini, quien patrocina a algunos de los vecinos defraudados.

“Además se hizo saber que la intención de compra por parte de los denunciantes fue de buena fe y que todos ellos pretenden regularizar la situación, para, en algún momento, poder acceder a una vivienda propia”, amplió la letrada.

Esta información se analizará en las mencionadas dependencias ministeriales aunque se informó que la diligencia puede llegar a demorar un tiempo importante, según la entrevistada.

Demanda postergada

Al menos por ahora los ciudadanos afectados no tienen previsto presentar una demanda colectiva en contra de Vallejo; su pareja, Emmanuel Lazzarín; Nicolás Iriart y Pablo Rosales.

“La intención de gran parte del grupo es esperar a conocer qué respuesta obtenemos desde la Municipalidad, más que nada porque todos tienen intención de regularizar esta situación. Después de que la comuna brinde alguna solución, si la hay, cada uno decidirá qué hacer”, manifestó la abogada Gattini.

“Les dejé bien en claro que esta colaboración de la comuna no tiene relación con la presentación de una demanda colectiva. Esto es independiente a que ellos después, posiblemente, se organicen de forma particular o grupal y quieran iniciar alguna acción colectiva por los daños civiles”, dijo la letrada.

“Remarco esto porque en el grupo de WhatsApp de los damnificados hay muchas preguntas e incertidumbre”, continuó diciendo.

“Tengo entendido que (los denunciados) todavía no fueron citados (para prestar declaración indagatoria ante el fiscal de la causa). Sé que se radicaron más denuncias y hace pocos días terminaron de declarar los damnificados”, finalizó la profesional.

Gestions Grupo Inmobiliario, una fachada

Denuncia. La comuna denunció por la operatoria ilícita a Pablo Rosales, quien en los documentos entregados a los denunciantes figura como dueño de los terrenos y que para su venta habría contratado los servicios de Gestions Grupo Inmobiliario, cuya titular sería Vallejo.

Documentos. "Una persona que había adquirido un terreno de manera fraudulenta se presentó en el municipio para tramitar la vinculación tributaria y, en virtud de ello, entregó documentación en la que no figura Vallejo sino un tal Pablo Rosales", dijo el abogado del municipio, Maximiliano de Mira.

Tarjeta. "Por esta situación denunciamos a Rosales y aportamos la documentación, la tarjeta del grupo inmobiliario y un número de teléfono que pertenecería a Vallejo", acotó De Mira.

Pago. "Algunas personas le pagaron (a Vallejo) en efectivo y otras iban abonando en cuotas. Varios de estos últimos damnificados le transferían el dinero a Lazzarín", informó Gattini. 

Pruebas. Desde la fiscalía se aclaró que la Investigación Penal Preparatoria continúa en la instancia de recolección de elementos probatorios y que los denunciados "están siendo investigados para saber si les cabe responsabilidad".

Corralón. Vallejo, exefectivo de la Policía Local, también está acusada de presuntas estafas con un corralón que administraba en Villa Mitre. La mujer se habría quedado con dinero producto de la venta de materiales de construcción que al parecer no entregó a los compradores.

Fiscalía. En vinculación con estos hechos se formularon más de una docena de denuncias contra Vallejo, que también investiga la fiscalía de delitos económicos.

Artilugio. La mujer está sospechada además de haber utilizado el logo y el número de teléfono de una constructora para ofrecer sus servicios, sin tener vínculo con la empresa.