Maduro dio un ultimátum a la Unión Europea y expulsó a su embajadora tras las últimas sanciones

24/2/2021 | 20:24 |

"O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo", dijo el presidente de Venezuela.

Foto: Sputnik

   El Gobierno de Venezuela declaró hoy persona no grata a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante, y le dio 72 horas para que abandone el país, en respuesta a la reciente decisión del bloque de sancionar a 19 funcionarios venezolanos, se informó oficialmente.

   Además, el presidente Nicolás Maduro advirtió a esa organización que si no modifica sus políticas con respecto a Venezuela, su gobierno no tendrá "más nunca ningún trato" ni "ningún tipo de diálogo" con ella.

   "O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo, ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea; no podemos aceptar que nadie venga a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela", dijo Maduro esta tarde, durante un acto oficial televisado.

   La expulsión fue notificada esta mañana a Brilhante por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y la cancillería explicó en Twitter que se debió a "instrucciones" de Maduro.

   Arreaza afirmó que "fue generoso el presidente Maduro en permitir que las misiones diplomáticas de la UE permanecieran en el país luego de que dejaran de reconocerlo" como jefe del Estado por considerar que las elecciones de las que surgió su actual mandato fueron irregulares.

   Poco después, el bloque europeo lamentó la expulsión de su embajadora y pidió que la resolución fuera revertida.

   "La UE lamenta profundamente esta decisión, que solamente conducirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela y llamamos a que esta decisión sea revertida", afirmó la vocera del área diplomática del bloque, Nabila Nasrali, según la agencia de noticias AFP.

   Nasrali agregó que Venezuela "únicamente superará la actual crisis a través de negociación y diálogo, para lo que la UE estará siempre comprometida, pero que esta decisión afecta directamente".

   El propio Arreaza pareció dejar una puerta abierta al decir a la prensa: "Ojalá que haya reflexión en la UE, ojalá podamos reconstruir los puentes de entendimiento, de diálogo; ojalá que aprendan a respetar a los países soberanos, libres e independientes como Venezuela".

   En tanto, el canciller del “gobierno interino” que encabeza el líder opositor Juan Guaidó, Julio Borges, sostuvo en sus redes sociales que la expulsión de Brilhante “solo aislará más a Maduro”, quien “recibirá un enérgico repudio del mundo libre” y advirtió que “la presión democrática internacional no cesará hasta tanto no se restablezca la democracia”.

   Más tarde, Arreaza informó que entregó notas de protesta a los jefes de las misiones diplomáticas de Alemania, España, Francia y Países Bajos porque, explicó, sus gobierno fueron “los que actuaron con mayor mala intención” para impulsar las sanciones que la UE aplicó el lunes a funcionarios venezolanos, según la agencia ANSA.

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   La decisión de Caracas se hizo pública pocas horas después de que la Asamblea Nacional (AN, parlamento), con amplia mayoría chavista, le pidiera anoche al Poder Ejecutivo que la adoptara.

   El pleno de la AN incluyó esa recomendación en una resolución en la que se propuso además "pedir al Ejecutivo y revisar el acuerdo de funcionamiento por medio del cual, en su época, se autorizó abrir" la embajada de la UE, según la agencia estatal AVN.

   La diputada oficialista Ilenia Medina explicó que la existencia de una representación diplomática de la UE en el país es "inconsistente" porque esa organización "es un grupo de carácter regional y su razón de ser compete únicamente a ese territorio".

   No obstante esa declaración, Venezuela mantiene en funcionamiento una representación ante la UE, que desde 2015 está a cargo de Claudia Salerno, simultáneamente embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.

   El lunes, en una reunión de sus cancilleres, la UE resolvió aplicar sanciones a 19 funcionarios venezolanos por considerar que "socavan la democracia y el estado de derecho" en su país.

   Entre los sancionados figuran el comandante estratégico operacional de las fuerzas armadas, almirante Remigio Ceballos; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, y el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.

   Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que desde entonces aprobó medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y el congelamiento de los activos que pudieran tener en su jurisdicción.

   Caracas y la UE mantienen una relación tirante pero con altibajos, pues así como el bloque desconoció el mandato actual de Maduro —lo mismo que la mayoría de la oposición venezolana y cerca de 60 países—, tomó distancia de los adversarios más duros del chavismo.

   De hecho, la UE impulsó la creación del Grupo Internacional de Contacto (GIC) en febrero de 2019, poco después de que la AN, entonces controlada por la oposición, designara a su presidente, Guaidó, como mandatario interino de la república.

   Entonces, el GIC apareció como una alternativa más dispuesta a incluir al chavismo en la búsqueda de una salida a la crisis institucional venezolana, en contraste con el Grupo de Lima —fundado en 2017—, más cercano a la oposición de Caracas aunque opuesto expresamente a la eventualidad de una invasión armada, cosa que en aquel momento no descartaban ni los adversarios internos de Maduro ni Estados Unidos.

   Otra prueba de esa relación ambivalente es el hecho de que es la segunda vez en poco menos de ocho meses que el Gobierno chavista expulsa a Brilhante.

   El 29 de junio de 2020, Maduro la declaró persona no grata y le dio 72 horas para que abandonara Venezuela después de que la UE aplicara sanciones similares a 11 venezolanos, pero tres días después dio marcha atrás y decidió "rescindir" esa medida, según informó el Gobierno entonces.

   Las últimas sanciones de la UE fueron dispuestas en momentos en que tanto en Venezuela como en la comunidad internacional está debatiéndose la efectividad de ese tipo de medidas y ganando espacio la interpretación de que solo sirvieron para agravar la antigua y profunda crisis humanitaria que vive el país caribeño, tal como lo señaló recientemente la relatora especial de la ONU Alena Douhan y lo admitieron diversas fuentes del nuevo Gobierno de Estados Unidos. (Télam)

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