Avanza la medida cautelar para frenar el dragado

Redacción de La Nueva.

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 En las próximas horas comenzará a correr el plazo de 20 días hábiles otorgado por la titular del Juzgado en lo Correccional Nº 3, doctora Susana González La Riva, para que se dé aplicación a la medida cautelar que establece la detención de las obras de profundización y ensanche del canal principal de acceso a los puertos.

 La resolución fue posible gracias al cumplimiento, por parte de Raúl Martín, presidente de la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente, de la caución juratoria requerida por la magistrada, instancia que habilitó la notificación del fallo al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

 Martín cumplió con dicho trámite acompañado por los abogados Marcelo Diez y David Iud.

 La medida cautelar se dictó, según indicaron los denunciantes, por no haberse presentado en la sede judicial el estudio de impacto ambiental que exige dicho dragado.

 En una rueda de prensa ofrecida ayer en la vereda del Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34, Martín comentó que la medida cautelar deja al descubierto "los vicios de nulidad que tiene el estudio de impacto ambiental" y que el expediente que lo contiene se perdió, "según se informó desde el OPDS".

 "Se deja al descubierto todo lo que se ha realizado en contra, a espaldas del pueblo, el cual debería participar de estos proyectos y no es considerado en absoluto", dijo Martín.

"Fallo muy fundado".

 Iud, por su parte, aclaró que la medida cautelar puede ser apelada por el CGPBB y el OPDS, y que están preparados para responder a una presentación en tal sentido.

 "Esta medida cautelar se otorgó en el marco de un proceso de amparo que todavía tiene que seguir. Habrá que ver si la medida cautelar queda firme o no. Eso dependerá de las presentaciones que hagan los colegas del CGPBB y del OPDS. No obstante, el fallo, en nuestra opinión, está muy fundado por la magistrada, sobre la base de evidencias muy fuertes y circunstancias graves configuradas", indicó el letrado.

 "Acá se ha sustanciado una evaluación de impacto ambiental en forma secreta y eso es repugnante a la misma Constitución. Esto es ilegal y no se puede permitir. Que se transformen las obligaciones sustanciales en meros actos que se pueden hacer entre gallos y medianoche y a espaldas del pueblo, en secreto, no lo podemos tolerar", agregó.

 "Este es un proceso en el marco de un estado de derecho en el cual las dos partes hablamos y un juez decide, y nosotros respetamos eso", destacó.

 El abogado expresó que, pese a que fueron requeridos formalmente, no fueron enviados a sede judicial los expedientes vinculados con la obra de dragado de profundización que se está llevando a cabo y al proyecto de YPF para la operación de regasificación en cercanías de Puerto Cuatreros, el cual dio origen a la audiencia pública desarrollada en General Daniel Cerri en diciembre de 2011.

 "Esta es una circunstancia grave, porque esos documentos no se los están mostrando ni a un juez de la Constitución, cuando la ley obliga que la información ambiental sea pública", cerró Iud.