Más de 50 pescadores no quieren la reconversión

Redacción de La Nueva.

[email protected]

 "Los 52 pescadores que representamos no están de acuerdo con la reconversión de la flota pesquera y no corresponde tenerlos por incluidos en las manifestaciones de algunos dirigentes del sector. No están de acuerdo con ello, pues implica meter la basura bajo la alfombra. Lo que hay que hacer es dejar de contaminar y recomponer lo dañado".

 Así se expresaron, mediante un comunicado, los abogados Luis Osvaldo Arellano y Lucas Omar Beier, quienes continúan adelante con la demanda iniciada el 23 de diciembre de 2009 ante la Justicia Federal, por el ambientalista Juan Schröder y un grupo de pescadores artesanales de la ría local, por daño ambiental colectivo, a raíz de la contaminación del estuario.

 El expediente lleva el número 44.531, está caratulado "Schröder, Juan y otros c/Solvay Indupa SA y otros s/Daño ambiental colectivo, medida cautelar, diligencia preliminar" y se tramita en el Juzgado Federal Nº 2, secretaría 4.

 "Como correlato de la demanda por daño ambiental colectivo hemos presentado, en representación de nuestros clientes, demandas civiles a fin de solicitar a la Justicia que ordene que el Estado nacional, provincial, ABSA y empresas del polo petroquímico, reparen a los pescadores artesanales de Ingeniero White por los daños económicos sufridos a causa de la carencia de captura de crustáceos y peces dentro del estuario de Bahía Blanca", sostuvieron los letrados.

 Asimismo, sostienen que entre las "abrumadoras pruebas de contaminación", se encuentra un reconocimiento expreso por parte del Estado.

 "El 13 de octubre de 2010, el ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich firmó la resolución 208/2010, donde reconoce expresamente que de los estudios científicos realizados por la autoridad de la ría de Bahía Blanca, se desprende que el incremento del polo industrial ha provocado una disminución del producto pesca", resaltaron Beier y Arellano.

 Por otra parte, recordaron que hay quienes dijeron que la merma de la pesca en la ría no era causada por la contaminación sino por la sobrepesca en la boca del estuario.

 "Si es así: ¿Es coherente y responde a una buena política pesquera y de conservación del recurso entregar más barcos para que más pescadores sigan depredando aguas afuera?", preguntaron.

 Entre los pescadores representados por Beier y Arellano, se encuentran, entre otros, Pablo Bustos, Raúl Bauser y Ricardo Pasquali.

Acciones legales

 Por encontrarse demandado el Estado Nacional por omisión de controles por parte de la Prefectura Naval Argentina y el no cumplimiento de la ley de pesca nacional, se comunicó el inicio del expediente al Procurador del Tesoro de la Nación.

 Los abogados señalaron que, como medida preliminar, el juez Santiago Martínez ordenó a las empresas demandadas que informen si cuentan con cobertura obligatoria, impuesta por la ley general del ambiente.

 Esa norma exige a toda persona o empresa que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, contar con un seguro de cobertura para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudieren producir.

 "PBB Polisur SA, Solvay Indupa SAIC, Profertil SA, Compañía Mega SA, Petrobras Energía SA, Transportadora del Gas del Sur SA, Cargill SACI y Aguas Bonaerenses SA informaron por escrito al juzgado que no cuentan con el seguro que exige la ley", recordaron Beier y Arellano.

 Los abogados dijeron que también se les requirió a esas empresas que remitan la lista de los miembros de sus directorios, habida cuenta que la ley general del ambiente dice que en caso que el daño sea producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades.

 "Recibidos los informes, se incluyó en la lista de demandados a todos los miembros de los órganos de dirección de las empresas --81 personas en total--. El juez ordenó comunicar la existencia de este juicio a la Comisión Nacional de Valores, lo que tiene directa incidencia en el valor accionario de los títulos de las empresas demandadas", dijeron los letrados.

 Dada la trascendencia del caso, el juez consideró convocar, mediante edictos, a que expresen su opinión sobre el juicio a todos los actores sociales que se sientan involucrados o afectados por la problemática de la contaminación de la ría.

 A partir de la notificación formal a los demandados sobre el proceso judicial, comenzará la etapa de descargos.

Pedido a la Justicia

 En resumen, los demandantes piden a la Justicia que se condene a quienes contaminan y abogan por:
* Cesar los vertidos de agentes causantes de daño ambiental colectivo al ecosistema de la ría.
* Realizar las acciones necesarias para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados.
* Adecuar cualquier sistema de disposición de residuos que se viertan al ecosistema de la ría a niveles tales que eviten la emisión, y posterior acumulación, de agentes contaminantes.
* Adoptar todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios que causan al medio ambiente en ocasión y con motivo de su actividad.

 También se solicitó que se condene a las empresas a integrar un fondo a favor de la Municipalidad de Bahía Blanca, para compensar los perjuicios que la comunidad toda viene sufriendo, como la clausura por contaminación del Balneario Maldonado.