Piden el sobreseimiento de un médico

 Un pedido de sobreseimiento en favor de un médico del Servicio Penitenciario Bonaerense, que está acusado del homicidio culposo de un preso de la cárcel local, deberá resolver en los próximos días la justicia de Garantías.

 El planteo fue elevado por el abogado Hugo Mario Sierra, asesor letrado del doctor Rodolfo Antonio Gómez, quien se encuentra imputado en el marco de la causa que se inició hace casi tres años, tras el deceso del recluso Aroldo Antonio Cárdenas Otegui (31) en el presidio de Villa Floresta.

 De esta medida dependerá si el expediente judicial, que lleva adelante los fiscales Oscar Bautista Duizeide y Eugenio Casas, titulares de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, es elevado o no para su resolución en juicio, ya que está virtualmente concluida la etapa de Investigación Penal Preparatoria.

 Gómez está procesado por el delito previsto en el artículo 84, primer párrafo, del Código Penal, ya que supuestamente habría descuidado la salud del citado interno.

 Al momento de prestar declaración indagatoria, el año pasado, el facultativo negó los cargos y aseguró que el preso fallecido recibió la atención correspondiente, luego de expresar, de manera minuciosa, en qué consistió su tratamiento.

 Dijo que en todo momento fue controlado y que no se omitió la adopción de las medidas adecuadas para su asistencia, aclarando que el diagnóstico --linfoma difuso-- era de difícil revelación, a punto tal que recién se develó en la autopsia.

 Gómez, como médico de cabecera de Cárdenas Otegui, está acusado de no atender convenientemente la salud del preso enfermo, entre el 9 de octubre de 2003 y el 19 de marzo de 2005, cuando se produjo el deceso del mismo, en el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor José Penna.

 También se le atribuye no haber dispuesto los tratamientos aconsejados por otros profesionales de la salud que, previa o concomitantemente, habían asistido a Cárdenas Otegui.

El caso

 Cárdenas Otegui, tal como informáramos ampliamente en su momento, falleció cuatro días después de que el fiscal federal Hugo Omar Cañón lo entrevistara --con filmación y fotografías incluidas--en la sección Sanidad de la cárcel local.

 En esas circunstancias, el funcionario constató la dimensión de una protuberancia en su cuello, así como la imposibilidad que tenía el reo, desde hacía varios días, de ingerir alimentos y su claro deterioro físico, con un peso oscilante en los 40 kilogramos.

 El encuentro se realizó el martes 15 de marzo de 2005 y Cañón presentó el informe el viernes 18 de ese mes en la justicia provincial, a cuya disposición se encontraba el detenido.

 El juez Hugo Alberto De Rosa, tras conocer el grave estado de salud del interno, se dirigió ese mismo día al establecimiento carcelario y, después de corroborar el informe, ordenó su internación urgente en el Hospital Penna, donde un día después el preso dejó de existir.

 Hasta ese entonces, el doctor Miguel Angel Canziani había informado al tribunal que Cárdenas sufría dolencias desde junio del año pasado, aunque, en sus sucesivas consideraciones, señaló que el paciente no estaba en condición grave.

 Sin embargo, a mediados de noviembre de 2004, el doctor Gustavo Zanelli, médico patólogo de Olavarría --atendió al preso cuando éste se encontraba alojado en la cárcel de Sierra Chica--, había aconsejado una intervención para extirparle el bulto que presentaba en el cuello.

 Y días antes de ese diagnóstico, el doctor Germán Kiefl, de la Defensoría Oficial local, había pedido al cuerpo judicial bahiense el traslado del detenido a Bahía Blanca, atento a la proximidad con su familia y a la "grave enfermedad" que lo aquejaba.