Uno de los pocos crímenes por encargo en Bahía mantiene preso al ejecutor y a la ideóloga libre
Cómo fue el complot para matar, hace más de 35 años, al empresario Osvaldo Perín. La Justicia volvió a impedir las salidas transitorias a uno de los autores. Marta Fernández, la viuda, ya fue excarcelada.
El 18 de marzo de 1991, en las oficinas de la empresa de seguros Omega, sobre la avenida Colón 380, el empresario Osvaldo Luis Perín fue asesinado a balazos. Para la Bahía Blanca de entonces, el robo con el que parecía explicarse el crimen se volvió un expediente que no se olvidaría.
La escena tenía todo para cerrarse como un asalto que terminó mal. Pero no fue así. Detrás de los disparos había un acuerdo previo, pago de por medio, y una persona que conocía bien los movimientos de la víctima: su propia esposa.
Es, según se recuerda en los ámbitos judiciales y policiales locales, el único crimen por encargo de la ciudad que logró esclarecerse por completo: se identificó a los ejecutores y se probó quién lo había planeado.
Perín se convirtió en un caso de referencia obligada en la historia criminal de nuestra ciudad.
La investigación avanzó rápido. Un día después del crimen ya estaba detenido Julio Vicente Coronel.
Con el correr de los días y la sumatoria de pruebas, la Justicia reconstruyó un complot homicida que unía a la viuda, Marta Josefa Fernández, con quienes ejecutaron el hecho.
El robo había sido una puesta en escena. Según quedó establecido, servía para encubrir el acuerdo entre Fernández y los asesinos y hacer pasar por asalto lo que había sido una ejecución encargada.
La sentencia llegó con castigos. Fernández, Coronel y el coautor Luis Alberto Espinoza Gutiérrez fueron condenados a prisión perpetua. Elio Frederic Rodríguez recibió 5 años de cárcel por haber participado en el supuesto robo con el que se pretendió tapar el acuerdo.
El delito por el que respondieron los tres primeros fue homicidio calificado por precio, por promesa remuneratoria y por el vínculo, figura que alcanza a quien mata a cambio de dinero y a quien paga para que maten, en este caso a su cónyuge.
Hubo dos juicios. Uno en 1992, que luego anuló la Corte porque se había incorporado como prueba la confesión de un coprocesado ante el juez de primera instancia, que luego rectificó en el debate.
Seis años después se realizó el segundo juicio y el resultado condenatorio fue el mismo. En esa audiencia Coronel confesó haber sido quien condujo el auto de los homicidas.
La condena no significó, sin embargo, un cumplimiento lineal.
Coronel recuperó la libertad el 20 de octubre de 2000, cuando el Tribunal de Casación Penal bonaerense consideró “irrazonable” el tiempo transcurrido en prisión preventiva, sin condena firme.
Llevaba algo más de 9 años detenido, pero como estaba vigente la polémica ley 24.390, conocida como “2x1” -hoy derogada-, se le computaron 17 años de cumplimiento.
Pasó 12 años en libertad.
En abril de 2001 Casación rechazó una apelación y en 2011 hizo lo propio la Corte. La condena, finalmente, quedó firme y se ordenó nuevamente su detención, que se dio el 19 de octubre de 2012 en Villa Rosario.
Desde entonces Coronel cumple pena en la cárcel.
En 2013 el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 le concedió salidas transitorias familiares, pero detectó incumplimientos y revocó el beneficio en abril de 2014. Ese antecedente pesa hasta hoy en cada pedido.
Los planteos se repitieron y las respuestas fueron siempre las mismas.
En 2023, la Cámara Penal local ratificó el rechazo a su libertad condicional.
Los camaristas admitieron que estaba “en condiciones temporales” de lograr el beneficio, pero no cumplía requisitos legales
El Departamento Técnico Criminológico carcelario lo desaconsejó. Sus informes hablaban de “escasa resonancia afectiva” con lo sucedido y de desinterés para retomar espacios de tratamiento.
Un psicólogo advirtió que el delito denotaba “heteroagresividad” y “tendencia al desborde pulsional”.
Los jueces concluyeron que el régimen penitenciario no había alcanzado todavía sus objetivos.
¿Último capítulo?
La novedad más reciente llegó desde La Plata. La defensa había pedido de vuelta las salidas transitorias, el juez de Ejecución las rechazó y la Cámara Penal local confirmó ese fallo, pero el defensor oficial recurrió a instancias superiores.
La Sala V del Tribunal de Casación, por mayoría, declaró inadmisible el recurso. La decisión previa quedó firme y Coronel sigue sin salir.
El juez Manuel Bouchoux votó en disidencia. Consideró que la Cámara bahiense se había apartado de lo discutido y que, por los hechos de 1991, no correspondía aplicar las restricciones de la ley posterior, así que propuso anular lo resuelto y reenviar la causa para que se analizaran los informes criminológicos.
Sus colegas Fernando Mancini y Mario Kohan se impusieron: entendieron que la doble instancia ya estaba garantizada y que la defensa no había fundado una cuestión federal que habilitara el recurso. Es una discusión de forma.
Sobre la conveniencia de las salidas, el tribunal no se pronunció.
En cuanto a Espinoza Gutiérrez no existe registro judicial reciente ni tampoco del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se cree que cumplió la pena y volvió a las calles, teniendo en cuenta que -a diferencia de Fernández y Coronel- él fue solo sometido al primer juicio y desde ese momento cumplió la sanción.
Contrapunto
Mientras Coronel, como uno de los ejecutores del crimen por encargo, sigue preso, la mujer que contrató a los homicidas fue excarcelada hace varios años.
En 2018, al quedar firme su condena, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 ordenó la detención de Marta Fernández, pero la medida no se concretó porque la mujer atravesaba un problema de salud.
Un año después, a pedido de su abogado Gustavo Avellaneda, le otorgaron la libertad condicional.
Las reglas de conducta que le impusieron vencieron el 27 de septiembre de 2024. Y en esa fecha se le dio por cumplida la pena.
Es una paradoja que atraviesa el caso.
La viuda, señalada como ideóloga del crimen, consiguió su libertad y uno de los ejecutores sigue chocando con los informes que miden algo que no figura en ningún código: cuánto (o cuán poco) ha cambiado desde el día del hecho hasta la actualidad.
Glasman y las dudas eternas
La lluviosa noche del miércoles 28 de agosto de 2002, cuando caminaba por Saavedra y Villarino en dirección a su Renault 11, el médico Felipe Glasman, entonces titular de la poderosa Asociación Médica local, fue ultimado de dos tiros a corta distancia.
Por el crimen se detuvo en el conurbano a Vicente "Tito" Colman, quien hoy todavía purga en la cárcel una condena a 23 años de prisión, pese a reiterados intentos por quedar libre.
El ataque fue una verdadera ejecución. Al médico no le robaron, pese a que llevaba elementos de valor.
Siempre se creyó que fue un crimen por encargo. Colman no tenía relación ni animosidad conocida contra Glasman.
Sin embargo, el convencimiento de la fiscalía no alcanzó para llevar el caso en esa dirección.
El tribunal que condenó a Colman, por mayoría de opiniones, calificó el hecho como un homicidio simple.
Los jueces José Luis Ares y Mario Lindor Burgos opinaron así, mientras que su colega Enrique Montironi, en minoría, abonó la hipótesis del acusador.
Casación y la Corte sostuvieron la teoría mayoritaria, al concluir que no se pudo probar la participación de un autor intelectual.