Detenido por un crimen perpetrado hace 21 años

Redacción de La Nueva.

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 Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de nuestra ciudad detuvo ayer en Villa Rosario a Julio Vicente Coronel (51), cuya captura fuera ordenado por la justicia, al quedar firme la condena a prisión perpetua que se le impusiera por su participación en el crimen del empresario Osvaldo Luis Perín, cometido a mediados de marzo de 1991.

 Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se llevó a cabo poco antes de mediodía, cuando los efectivos de la DDI interceptaron al sujeto mientras caminaba por la calle Berutti al 2800, sin que ofreciera resistencia.

 La detención de Coronel había sido dispuesta en el pasado mes de agosto por el juez de Ejecución Penal, doctor Claudio Alberto Brun, a cuya disposición quedó ahora el individuo.

 Coronel permanecía en la víspera alojado en la sede de la policía de investigaciones, en Pueyrredón 30, a la espera de que se otorgue un cupo para su traslado a la Unidad 4 de Villa Floresta.

 Fuentes allegadas al caso dijeron que el encausado es asistido por el defensor oficial Germán Kiefl y que se encontraba en libertad desde el 20 de octubre de 2000, cuando la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, por mayoría de opiniones, le otorgó la excarcelación en la causa por el asesinato de Perín.

 Para dos de los tres jueces de Casación, era "irrazonable" el tiempo de detención que el imputado llevaba cumplido sin tener condena firme, y ordenaron su liberación en el marco del artículo 169, inciso 11, del Código Procesal Penal.

 Hasta allí Coronel había permanecido detenido algo más de nueve años, por lo que fue alcanzado por la denominada ley del "2x1" (número 24.390), que en 2001 fue derogada por el Congreso Nacional.

 Esa ley, en su artículo 7º, establecía que mientras no hubiera sentencia firme, los dos primeros años de detención debían computarse simples, pero los siguientes se contabilizarían dobles. De allí que, por la aplicación del "2x1", se consideró que al momento de decidirse su excarcelación, Coronel había cumplido aproximadamente 17 años de privación de libertad.

 Por otra parte, el artículo 13 del Código Penal vigente al momento del hecho (1991), establecía que para acceder a la libertad condicional el penado debía purgar 20 años de cárcel (actualmente, tras la reforma incorporada por la ley 25.892, de mayo de 2004, se elevó a 35 años). En consecuencia, restarían a Coronel 3 años de prisión para aspirar a ese beneficio.

 Trascendió que luego de pasar por Casación, que confirmó la condena impuesta a Coronel, un nuevo recurso de la defensa llevó la causa a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que se expidió a mediados de este año, también convalidando el fallo que en su momento dictara la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.

 Es así que, de acuerdo con lo señalado por los voceros, el tribunal de alzada local, al recibir las actuaciones de la Corte, con la sentencia ya firme, dieron intervención al juez de Ejecución Penal, quien ordenó la detención del imputado para que termine de cumplir el tiempo de condena que le resta.

Resonante suceso

 La muerte a tiros de Osvaldo Perín, perpetrada el 18 de marzo de 1991, en las oficinas de la empresa de seguros Omega, en la avenida Colón 380, fue uno de los hechos policiales más resonantes de la historia delictiva local, ya que la justicia logró probar un complot homicida entre la mujer de la víctima y los ejecutores, para la comisión del delito.

 Marta Fernández (esposa de Perín), Julio Vicente Coronel y Luis Alberto Espinoza Gutiérrez, fueron sentenciados a prisión perpetua, el 28 de octubre de 1992, por el homicidio calificado del empresario.

 Elio Frederic Rodríguez, por su parte, recibió una condena de cinco años de cárcel, por participar sólo en el robo agravado con que se pretendió encubrir el acuerdo de Marta Fernández con los asesinos.

 Durante el juicio oral, Espinoza y Rodríguez negaron la existencia de un complot ideado por la viuda y confesaron que habían ingerido drogas antes del hecho. El primero, además, se adjudicó la planificación del robo y la ejecución de Perín.

 El fallo de la Cámara Penal local fue apelado y la Suprema Corte de Justicia provincial decretó su nulidad, en virtud de que se habían violado disposiciones legales, al incorporarse como prueba de cargo la confesión de un coprocesado ante el juez de primera instancia, luego rectificada en el debate.

 No obstante, en un segundo juicio, el 24 de agosto de 1998, el tribunal local llegó a la misma resolución y halló culpables a Fernández, Coronel y Espinoza, de homicidio calificado por el vínculo y por precio y promesa remuneratoria.

 En ese debate, Coronel admitió haber sido quien condujo el automóvil con que los homicidas arribaron al lugar del hecho.