Libertad de elección entre Obras Sociales ¿una solución completa?

Francisco Rinaldi

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Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

Los recientes decretos del gobierno, que buscan desregular diversos sectores, plantean un desafío significativo en el ámbito de la salud. La premisa de que la libertad de elección es fundamental para los ciudadanos argentinos se enfrenta con la complejidad del sistema de salud, según las economistas María Eugenia Elorza y María Florencia Arnaudo, expertas del Grupo de Economía de la Salud de la UNS y el IIESS.

"Yo creo que es útil plantear la respuesta en términos de potenciales ganadores y perdedores. Primero, no hay que perder de vista que no todas las Obras Sociales (OS) van a estar alcanzadas por los efectos del decreto, de modo que podrán seguir manteniendo a sus beneficiarios cautivos y por ende, el efecto positivo de la competencia por el aporte de los trabajadores difícilmente derive en una mejoría en el servicio de estas OS. Este sería el caso de los afiliados de IOMA que al ser una OS provincial no estaría incluida en la desregulación salvo que decida su adhesión", responde Elorza.

Explica que este grupo de OS no están obligadas a cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO) porque no tienen la obligación de estar inscriptas como Agentes del Seguro de Salud, de modo que los efectos sobre su población de beneficiarios son por ahora, inciertos".

Para Arnaudo, el decreto aspira a que cuantas más OS y prepagas estén alcanzadas mejor va a ser la cobertura de la póliza y la competencia por precios, porque el beneficiario va a tener el poder elegir y no se lo puede rechazar. 

"Pero hay dos cuestiones importantes para tener en cuenta. La primera es si el organismo de contralor, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) dispone de los medios para controlar que no existan tales rechazos, y la segunda, pasa por la incertidumbre acerca de cuál va a ser el destino de aquellas OS que no puedan retener o captar más beneficiarios, pudiendo llegar a tener resultados financieros negativos.

Elorza alerta sobre la enorme complejidad del sistema de salud argentino y las diferencias geográficas en cuanto a la calidad y cantidad de proveedores de servicios de salud.

"Tenemos a los beneficiarios o clientes (en el caso de las empresas de medicina prepaga) que son los demandantes del seguro de salud, pero también tenemos otros actores como los cuerpos colegiados, los intermediarios, los reguladores y los oferentes de servicios.". 

Especialmente es de suma importancia evaluar la disponibilidad de proveedores de servicios que pueden estar sumamente dispersos geográficamente.

"Por ejemplo, ¿qué pasa si vivo en un pueblo pequeño del interior donde la oferta de servicios es muy acotada? O específicamente hablando de seguros de salud ¿qué pasa si en una ciudad chica no hay obras sociales (o empresas de medicina prepaga) con centros de atención al cliente entre las cuáles poder elegir? La libertad de elección no sirve de mucho en esos casos porque los afiliados quedarán atados a las obras sociales que existan en su lugar de residencia".

Desfinanciamiento

El desfinanciamiento del sistema de salud es una realidad que afecta a todos los actores y que repercute especialmente en las personas que necesitan atención. Para las entrevistadas, es indispensable definir los mecanismos para morigerar esta situación.

"Es necesario replantear un aspecto clave que es el referido al alcance y financiamiento del Programa Médico Obligatorio. Si las aseguradoras no tienen los ingresos necesarios para cubrir el PMO, entonces o hay que redefinir qué van a cubrir las aseguradoras o hay que aumentar los aportes de los trabajadores a las OS".

"Por ejemplo, un trabajador medio de la economía que gana 500.000 pesos mensuales aporta alrededor de 50.000 pesos a la aseguradora. Para un grupo familiar de cinco personas, con los incrementos de precios observados en el sector salud probablemente esos ingresos no sean suficientes para cubrir los costos de las prestaciones requeridas por esa familia", dice Arnaudo.

"Aumentar los aportes de los trabajadores equivale a quitarle poder adquisitivo a la gente, pero, al fin y al cabo, hoy los beneficiarios están pagando más porque hay muchos profesionales que no atienden a determinadas OS y los pacientes deben pagar con gasto de bolsillo al momento de resolver sus necesidades de atención", acota. 

Otro tema es la demanda inducida que hacen algunos profesionales, porque no siempre la tecnología o el tratamiento recomendado es el mejor por el hecho de ser el más caro.

"Debería fortalecerse la dependencia del Ministerio de Salud que tiene como fin evaluar, desde un punto de vista estrictamente científico (económico y médico), si las nuevas tecnologías sanitarias (medicamentos, métodos de diagnóstico, intervenciones médicas, entre otras) son realmente beneficiosas para la población y compararlas con todas las opciones en relación a su costo y beneficio clínico".

"También está el tema de las acciones preventivas. Prácticamente no se hace prevención y la única forma de bajar el riesgo de enfermar de los beneficiarios es dando coberturas de prestaciones que tengan un gran impacto en la prevención y promoción de la salud", dice Elorza.

En estos días, algunos expertos mencionaron que una posible solución al problema del financiamiento podría ser el establecimiento de un pago por mayor riesgo, de modo que los beneficiarios con mayor riesgo de enfermedad, deberían afrontar un aporte mayor a su OS.

Las especialistas consultadas expresan que una decisión de ese tipo afectaría la naturaleza solidaria del sistema de obras sociales, que pese a sus enormes falencias, permite que una persona con mayor riesgo de enfermedad no tenga que pagar de más, porque los porcentajes de contribución son iguales para todos los afiliados, más allá de su nivel de ingreso y tipo de riesgo.

"Además, es muy probable que los beneficiarios de altos riesgos sean los de ingresos más bajos, al tiempo que se discriminaría a este grupo de personas, que no van a poder acceder a una póliza", aclara Elorza.

"Insisto en que la prevención de la enfermedad y la evaluación económica de las nuevas tecnologías son dos medidas claves para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del sistema", finaliza.