Aumentan inspecciones y patrullajes frente al robo de cables

Redacción de La Nueva.

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Aunque de manera casi despersonalizada, toda esta semana se habló de Ezequiel Francisco Curaba. 

La discusión, por el terrible final del rosarino de 21 años que terminó con casi todo el cuerpo quemado mientras robaba cables, lógicamente se corrió de eje.

La carta pública de una docente del joven, a poco de su fallecimiento y en defensa de sus atributos personales más allá del delito, potenció la división entre quienes se lamentan por la irreparable situación -registrada en fotos y videos- y los que casi festejan el "uno menos".

Detrás de ese delicado e interminable debate -que abarca aspectos sociales, educativos, culturales y hasta jurídicos- existe una realidad menos dolorosa pero también preocupante, y de la que no escapa casi ninguna ciudad mediana o grande en tiempos de crisis: el creciente robo de cables para vender la materia prima, que tiene un costo ascendente. 

Bahía no es la excepción. Por el contrario, tiene el agravante del terrible temporal del pasado 16 de diciembre.

Desde esa fecha, a partir del desmembramiento de las redes de servicios por caídas de postes, aumentó notablemente este tipo de delitos.

Y hoy, a dos meses, las cifras no bajan. "La situación es grave", aseguran desde EDES.

La Policía, con la coordinación de la Agencia de Seguridad municipal, dispuso profundizar operativos en chatarrerías y locales afines, con el objetivo de minimizar la reducción del cobre y aluminio sustraídos, que tienen precios que -como casi todo- se triplicaron.

El lunes pasado, más de 10 barrios quedaron sin energía por una acción delictiva en la calle Félix Frías. Y poco antes ABSA sufrió la sustracción de cables de una planta de bombeo en el Parque Independencia y el hecho dejó sin agua a sectores altos de la ciudad. 

El perjuicio tiene multiplicidad de caras. Incluso la fuerza de seguridad, que debe desviar su objetivo prioritario para atender este tipo de operatorias.

Entre diciembre y la fecha, los uniformados realizaron 12 inspecciones en comercios de venta de metales no ferrosos, con el objetivo de recuperar material, identificar a reducidores y clausurar locales. 

De esa manera buscan cortar un circuito que parece aceitado.

Controles y patrullajes

Hubo 3 baterías de operativos desde el temporal: una fue el 21 de diciembre, cuando detectaron faltas a la ley 13.564 en comercios de 17 de Mayo 1800, Cabo Farina 400, Charlone 2400, Sisco 3100, avenida Colón 2300 y Marcos Mora 61.

En los locales de Cabo Farina y Charlone secuestraron rollos de cables sanos y quemados, que motivaron el inicio de una causa. 

El 18 de enero se produjeron nuevos procedimientos, con la clausura de negocios en Independencia 3500 y 4000, nuevamente en Marcos Mora 61 y en Líbano al 1200, donde secuestraron 3.500 kilos de cable trenzado de aluminio y subterráneo, reconocidos por EDES como de su propiedad.

El miércoles pasado, en tanto, la Policía concurrió a Sisco 3100 y a Brasil 1100 y clausuró los negocios por falta de habilitación y del libro de registro.

La ley provincial 13.564, de control de comercios de materiales no ferrosos, nació tras la crisis de 2001, con un incremento de delitos al año siguiente. Obliga a los negocios a "llevar un libro foliado y rubricado por el titular de la comisaría de la jurisdicción", bajo sanción de clausura.

"Desde diciembre, además, se realizaron 8 procedimientos con aprehendidos y secuestros de herramientas y/o tramos de cables. Pusimos a 13 personas a disposición de la Justicia, entre ellos dos menores", confirmó el comisario mayor Gonzalo Sandobal,  jefe de la Departamental.

Según Sandobal, la caída de postes por el temporal "le dio facilidad a la gente del malvivir" para cometer este tipo de delitos "y por eso se incrementó".

La autoridad confirmó que reforzarán las inspecciones comerciales y también anunció que incrementarán los patrullajes "donde están las torres de alta tensión".

"Hay muchas chatarrerías, especialmente en la periferia. Y sabemos que el cobre y el aluminio tienen valor de reventa", dijo.

"Nos preocupa no solo por el perjuicio a la empresa sino por lo que le genera a la gente. Por ese motivo vamos a intensificar patrullajes, que se harán por fuera del control de rutina".

Algunos números

Desde EDES confirmaron que el incremento de robos "es notorio" en los últimos meses aunque se trata de una situación que están viviendo todas las distribuidoras de energía.

En el caso del pasado martes, en la calle Félix Frías, perdieron 1.100 metros de cable.

"Como indicador de referencia, el kilo de cobre puro hoy se está pagando a unos 5.000 pesos en el mercado de desarmaderos. Ese robo fue de cable de cobre puro y se calcula unos 5.000 pesos por metro. Por otro lado, el arreglo y la reposición le costó a la empresa 22 millones de pesos", comentó una fuente de la firma.

Se explicó que no hay un barrio o sector específico más comprometido en cuanto a la inseguridad sino que "toda la línea es vulnerable de ser  intervenida ilegalmente, aun a costa del peligro que conlleva".

La fuente, por último, destacó el trabajo coordinado que están haciendo con la Policía y anunció que le van a facilitar "el mapa de las líneas" para que puedan patrullar de la mejor manera posible.

Parecido a lo de Rosario

Conexión. Pablo Emanuel Velázquez, de 30 años, falleció el 14 de enero pasado mientras intentaba realizar una conexión clandestina de energía en un domicilio de Granada al 3500 y sufrió una potente descarga eléctrica.

Polémica. El fallecido había sido noticia pocos días antes, porque luego de ser aprehendido por un robo recuperó rápidamente la libertad, hecho que generó polémica porque si bien la Justicia reconocía su participación en el delito igualmente lo liberó. 

Antecedentes. Velázquez, por otra parte, tenía antecedentes condenatorios. La detención más reciente se había registrado una semana antes de que se produjera el incidente fatal en Villa Talleres.