Las multas de tránsito siguen escalando: ¿cuáles son los nuevos costos?

Mario Minervino

mminervino@lanueva.com

Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial estableció un nuevo ajuste, el cuarto en lo que va del año, para la Unidad Fija (UF) que utiliza para establecer el valor de las multas para las infracciones de tránsito en la provincia. 

El índice para el bimestre mayo-junio se fijó en $ 256,80, un 11,90 % por encima vigente durante marzo y abril pasado. 

El valor de la UF se decide sin cuestionamiento ni discusión alguna, ya que por ley está atado al precio de la nafta YPF de mayor octanaje en la filial La Plata del Automóvil Club Argentino. Es decir que son las petroleras las que definen, cada dos meses, su actualización.

La primera UF fue establecida en 2009 y fue de $ 3,20. Esto significa que a la fecha aumentó un 8.400 %. 

Esta actualización, señala el decreto respectivo, apunta a obtener “una recaudación adecuada” para desarrollar políticas para un tráfico seguro y proyectar una actualización de la Ley de Tránsito”.

A partir del primer día de este mes las contravenciones más habituales entre los conductores locales –como estacionar en lugares prohibidos o utilizar el celular mientras conduce-- tendrán una pena monetaria de entre $ 77.040 y $ 256.810.

No registrarse en el parquímetro y estacionar en lugares prohibidos o inadecuados siguen siendo, por lejos, las faltas más cometidas, seguidas por el uso de celulares mientras se conduce, carecer de licencia, no tener el seguro obligatorio y no respetar los semáforos.

Cada pena se castiga con una determinada cantidad de UFs, las cuales oscilan entre un mínimo y un máximo. Queda a criterio del juez de faltas definir cuantas aplica en cada caso.

En Bahía Blanca el criterio del juzgado de faltas es, en principio, aplicar el monto mínimo admitido y alentar a los infractores a realizar el pago voluntario, el cual les permite obtener un descuento del 50%. 

A manera de ejemplo, circular sin licencia tiene una multa que varía de 300 a 1000 UFs, esto es, entre $ 77.040 y $ 256.800. La primera alternativa para el transgresor es proceder al pago voluntario de la misma, lo cual le permite abonar la mitad del monto mínimo, es decir, para este caso, $ 38.520. 

De no hacerlo, podrá asistir a la audiencia correspondiente en el juzgado, hacer su descargo y aguardar la decisión del juez en cuanto a la posible cantidad de UFs a pagar, aunque ya no tendrá el beneficio que otorga el pago voluntario.

Las infracciones y sus penas

Las siguientes son las multas de tránsito vigentes para mayo-junio, con sus valores mínimos y máximos. El pago voluntario genera un descuento del 50%.

--Sin seguro obligatorio: $ 25.680 y $77.043.

--Sin comprobante de seguro: $ 12.850 y $ 25.680.

--Uso telefonía celular: $ 38.530, y $ 128.400.

--Sin cinturón de seguridad: $ 25.680 y $ 128.400.

--No respetar semáforo: $ 77.043 y $ 128.400.

--Estacionar zona prohibida: $ 77.043 y $ 256.810.

--Exceso de velocidad: $ 38.530 y $ 256.810.

--Circular sin licencia: $ 25.680 y $ 77.043.

--Alcoholemia positiva: $51.360 y $256.810.

--Negarse al test de alcoholemia: $ 77.043 y $ 308.170.

--Circular sin VTV: $ 25.680 y $ 77.043.

--No registrarse en Parquímetros: $3.700 (único valor).

Los pagos

No es simple conocer la recaudación que generan las multas de tránsito en nuestra ciudad. Por un lado, porque hay alternativas de pago con descuentos. Por otro, porque su valor es algo variable y en algunos casos las mismas quedan anuladas por distintas cuestiones. 

Finalmente, cada vez es mayor el porcentaje de personas que no pagan, al punto que hoy el índice de cobrabilidad alcanza apenas al 20%. 

Considerando que la totalidad del producido por las actas realizadas en el ejido urbano ingresa en las arcas municipales, es la comuna la que eventualmente debe iniciar el camino de judicialización de las actas impagas, el cual supone un plazo incierto y de largo aliento. 

No se puede, además, ignorar el panorama económico que atraviesa el país, con una economía tambaleante, una inflación galopante y salarios que pierden cada día su valor adquisitivo. 

Con el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $ 84.512, una multa por exceso de velocidad equivale a tres salarios mínimos, lo cual supone una posibilidad remota de pago y para el infractor relegar a un ultimísimo renglón el mismo. 

Se podrá decir que esto se corrige no cometiendo infracciones, pero ese escenario ideal no existe. Los inspectores locales sancionan unas 7 mil faltas cada mes y está comprobado que el mal comportamiento al conducir es una (mala) postura cultural.

Una cuestión de juicio

Si bien el porcentaje es variable en el tiempo, históricamente el número de infractores que no pagan sus multas se ubica entre el 75 y el 80%, “una cantidad muy elevada”, según confirmó a este medio la titular del Juzgado de Faltas Nº 2 de nuestra ciudad, la doctora María Soledad Monardez.

La funcionaria mencionó que para todos los casos de falta de pago el juzgado sigue el procedimiento de rigor, por el cual comienza por intima al deudor y en caso de no tener respuesta en los plazos establecidos se inicia el reclamo por la vía judicial. 

“Es el procedimiento que corresponde, el que siempre se ha hecho y el que se sigue practicando en la actualidad”, señaló.

Debido a la Ley de tránsito 24.449, todas las multas por infracciones de tránsito prescriben a los cinco años. Ese hecho prescriptivo tiene lugar sólo si el Estado no ha iniciado el proceso de cobro dentro de ese plazo. 

Por último, Monardez apuntó que el juzgado de faltas no atiende únicamente infracciones de tránsito –como se piensa comúnmente--, sino que abarca una amplia variedad de situaciones relacionadas con falta de registro en parquímetro y derivadas desde fiscalización Comercial, departamento de Bromatología, Veterinaria y Zoonosis; Saneamiento Ambiental, Contralor de Obras Particulares, O.M.I.C (Defensa al Consumidor) y una amplia denuncia de particulares.