Piden juicio a empresarios de Bahía por las facturas truchas para Lázaro Báez

Redacción de La Nueva.

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   Considerado el "delito precedente" al lavado de activos por el cual se condenó el año pasado a Lázaro Báez, la fiscalía federal de Bahía Blanca cerró una investigación de 8 años y pidió mandar a juicio a empresarios de nuestra ciudad acusados de conformar usinas de facturas truchas en favor del patagónico.

   La medida la dispuso en las últimas horas el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, al tiempo que se desarrolla, con gran impacto público, el juicio por la supuesta corrupción en la obra pública, en la cual está imputada la actual vicepresidenta Cristina Fernández.

   El planteo de Martínez (foto), de 52 fojas y al cual tuvo acceso La Nueva., fue girado al juez federal Nº 1, Walter López Da Silva, quien deberá resolver si acepta o rechaza el mismo.

   La solicitud alcanza a los integrantes de dos grandes grupos de firmas denominados Ficcadenti y Ferreyra, además del contador Rogelio Alberto Chanquía, bajo la imputación de integrar una asociación ilícita fiscal que, según los cálculos publicados en el expediente, habría generado un daño patrimonial de más de 673 millones de pesos.

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   Cree el fiscal que la facturación falsa le permitió a Báez, a través de su empresa Austral Construcciones, reducir -de manera multimillonaria- impuestos que pagó durante varios años a la AFIP.

   La facturación era emitida por las empresas Calvento, Penta y Cía. y Terrafari (Ficcadenti) y Contructora Patagónica Argentina, Vialinert y Ferreyra Constructora Vial (Ferreyra).

Desde 2007

   Concretamente se les imputó a 7 personas haber sido miembros de una organización destinada a cometer con habitualidad delitos tributarios tipificados en la ley 24.769, por lo menos a partir de 2007 en adelante, y a través de empresas que no mostraban actividad económica real, como para facturar la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados.

   Esa asociación, a través de la falsifación de documentos -principalmente facturas- en los que se hacía constar la prestación de servicios que en realidad no se realizaban y en los que además se declaraban precios mayores a los que efectivamente se cobraban, se encargaba así́ de proveer de crédito fiscal apócrifo a diferentes contribuyentes, a cambio de dinero.

   Por otro lado, les permitían a los compradores de facturas truchas disminuir de modo fraudulento su carga tributaria.

   "Algunas de esas empresas, si bien se encontraban prima facie registradas ante AFIP, no mostraban actividad económica real, ni capacidad económica o financiera como para facturar la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados", dijo el fiscal.

   La imputación alcanza a Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti; José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra y al contador Chanquía.

Algunos ejemplos

   Según estableció el fiscal Martínez, a partir de documentación secuetrada, informes periciales y la intervención de la AFIP, el grupo Penta y Cía., por caso, era una empresa sin capacidad económica que le facturo a Constructora Patagónica Argentina, desde agosto de 2009 a enero de 2011, más de 5 millones de pesos, teniendo de capital social 12 mil pesos.

   Tenía dos camionetas, pocos empleados y no contaba con bienes para prestar servicios ni documentación respaldatoria de su actividad, amplió. 

   Terrafari, en tanto, inició su actividad en julio de 2011 con un único cliente, desde que se inscribió y hasta marzo de 2014 facturo aproximadamente el 95% de sus ingresos a Austral Construcciones.

   Pasó de tener un patrimonio neto de 40 mil pesos en 2011 a uno de más de 3,8 millones de pesos al final de 2012.