Bahía Blanca | Martes, 04 de octubre

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Contrabando y evasión por 100 millones de dólares: cómo era la maniobra con el pescado enviado a Rusia

El director de Aduanas en Mar del Plata fue quien formuló la denuncia, en octubre pasado, contra la pesquera instalada en Ingeniero White. 

   La investigación que derivó en los allanamientos de ayer se inició a fines de octubre pasado, a partir de la denuncia presentada por el jefe de la División de Investigaciones Regionales 3 Pampeana de la Dirección General de Aduanas, con asiento en Mar del Plata. 

   El funcionario informó que una importante empresa pesquera internacional radicada en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca (White Gulf), podría estar realizando actividades ilícitas vinculadas al contrabando de pescado refrigerado o congelado hacia la Federación Rusa.

   Particularmente, se observaron notorias inconsistencias en cuanto a los precios de venta documentados en las exportaciones argentinas de merluza, pejerrey y langostino, relacionadas con incumplimientos a sus obligaciones tributarias ante la AFIP. 

   La maniobra fraudulenta consistía en la subfacturación de las exportaciones argentinas (declarando en los destinos de exportación los precios más bajos para el tipo de mercadería), con triangulaciones que tampoco fueron declaradas, con el fin de reducir el monto del pago de impuestos.

   En dichas triangulaciones intervinieron empresas registradas en los Estados Unidos, Uruguay y Dinamarca.

   Esas maniobras de adulteración o falsificación tributaria ascienden aproximadamente a 100 millones de dólares, con una triangulación de subfacturación de alrededor de 50 mil toneladas de pescado.

   Sobre este laberíntico y dificultoso escenario, los efectivos federales y de AFIP iniciaron la investigación durante varios días para identificar a todos los actores de la operación ilegal, efectuadas en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y también en Vicente López.

   Con las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, a cargo del doctor Walter López Da Silva (por secretaría penal de Ivo Krasnopol Ceballos) ordenó los 9 allanamientos, que abren una nueva etapa de la investigación.