Calabozos clausurados: un problema estructural que afecta la seguridad

Redacción de La Nueva.

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   Calabozos clausurados desde hace más de 10 años y el alojamiento transitorio de detenidos en sectores de las comisarías no aptos para el encierro, que posibilita hechos como la reciente evasión de la seccional Tercera, continúan siendo en esta ciudad una problemática que incide en la seguridad y parece no tener solución a corto plazo.
   Las demoras para otorgar cupos en las cárceles de Bahía Blanca y Saavedra, con sobrepoblación de internos, también agravan la situación con las personas privadas de la libertad en dependencias policiales.
   La custodia a aprehendidos dentro de las comisarías implica, además, que haya menos efectivos abocados a la prevención o lucha contra el delito en la vía pública.
   Producto de estas falencias, la construcción de otra alcaidía en nuestro medio se torna cada vez más necesaria, aunque el defensor oficial Germán Kiefl confirmó que desde el ámbito político no se avanzó con el proyecto.
   “Es primordial, porque las comisarías no están preparadas para custodiar ni alojar personas; tampoco funcionan como el Servicio Penitenciario, que tiene otras medidas de seguridad. Los comisarios no quieren tener detenidos a su cargo en las comisarías, porque además les reduce la cantidad de personal para realizar la tarea policial (en las cuadrículas)”, confirmó Kiefl.
   “Porque tiene que haber un imaginaria, dos custodias y la guardia armada por cualquier eventual incidente con detenidos en la comisaría”, agregó.
   El comisario general Aldo Caminada, superintendente de Seguridad Interior Sur, coincidió con el representante del Ministerio Público al reconocer que las reparticiones policiales locales no cuentan con espacios adecuados para albergar a personas en esta condición.
   Actualmente los únicos calabozos habilitados para alojar a detenidos son los de la comisaría Sexta, en Villa Rosas.
   “Al no estar habilitados los calabozos de las otras comisarías, la Sexta colapsa porque envían a todos los aprehendidos ahí, donde no detecté deficiencias estructurales graves, pero el espacio es tan reducido que duermen en colchones sobre el piso”, denunció el empleado de la Defensoría General.
   “La capacidad máxima es de 4/6 detenidos, pero el lunes había 16, por eso las condiciones de hacinamiento diarias son graves. La cantidad varía día a día porque si el fin de semana hay un turno de flagrancia con muchos aprehendidos, el lunes tenés a 10/12 alojados en la Sexta y días después los calabozos se vacían. Pero siempre se excede la capacidad de alojamiento”, amplió Kiefl.

   Si bien la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta dispone de una alcaidía donde también se aloja a detenidos, el defensor afirmó que “no da abasto”.
   “En un turno de mucha conflictividad, capaz que se triplica la capacidad máxima para alojar gente. Es una problemática que no se va a poder superar hasta que en Bahía no se construya otra alcaidía para alojar detenidos aún sin prisión preventiva.
   “Además, hoy en día hay mucha gente con antecedentes a la que después no la excarcelan y queda privada de libertad, entonces el sistema se va colapsando”, continuó.

Cierres y refacciones

   Con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense, la Municipalidad se hará cargo de la refacción de calabozos en las comisarías Primera y Séptima.
   Las celdas de esta última seccional, en Rigamonti al 600, están clausuradas desde la inauguración del edificio, en junio de 2018. 
   “Nunca funcionaron porque la instalación eléctrica está mal hecha”, dijo una fuente oficial.
   “Las obras de refacción y puesta a punto ya están licitadas y otorgadas a las empresas que se van a encargar de los trabajos”, agregó.
   A fines de diciembre de 2019, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 ordenó la “prohibición de alojamiento” en calabozos de la Primera, en Berutti 650, a raíz de fallas en el sistema eléctrico.
   Por resolución ministerial, el 31 de mayo de 2011 se clausuraron los calabozos de la comisaría Segunda y después se cerraron definitivamente, en tanto que los del destacamento policial del barrio Palihue no tienen habilitación, pero allí se aloja a exintegrantes de las fuerzas de seguridad.

   Ese mismo día, los calabozos de las seccionales Quinta y Tercera (Ingeniero White) también fueron clausurados y cerrados de manera permanente, mientras que en abril de 2012 la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, ordenó clausurar los de la comisaría Cuarta, en Villa Mitre.
   Respecto de la seccional Sexta, la única con calabozos habilitados en Bahía, el juez Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, dispuso que se limite el cupo a 4 detenidos.
   La Provincia aportará otra partida de dinero para realizar arreglos en la morgue policial (60 m2), la comisaría de la Mujer (200) y la comisaría Cuarta (90) bahienses, la comisaría de la Mujer de Villarino (70) y la seccional de Coronel Dorrego (125 m2).
   Federico Montero, director provincial de Fiscalización y Control Policial del ministerio de Seguridad, está al frente de las gestiones correspondientes.
   El comisario Caminada también confirmó que a él no le llegaron novedades sobre el avance del proyecto de una nueva alcaidía.
   Por este tema La Nueva. consultó a fuentes municipales y del Ministerio de Justicia bonaerense, pero no se brindó información al respecto.

La situación deriva en una sobrepoblación regional

   Caminada también se refirió a la "superpoblación" en los calabozos de las dependencias policiales de Coronel Suárez, Tornquist, Coronel Pringles, Patagones y Tres Arroyos.
   El jefe policial, además, ratificó que en la seccional de White, de donde el domingo pasado se fugó Facundo Castía Aberastury, hay aprehendidos alojados en la cocina.
   "Esto no va a cambiar porque los calabozos están clausurados por la Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense recibe muy pocos detenidos, y da cupos cada 15 o 20 días", indicó Caminada.
   "Quizá el SPB está en la misma situación, pero nosotros, al tener clausurados los calabozos, no podemos alojar detenidos. Entonces tenés que tener un lugar donde no se exponga ni a ellos, ni al personal policial ni a aquellos que concurren a la comisaría a realizar un trámite".
   "Normalmente se los aloja en un casino o en la cocina, con una custodia, pero no es el lugar adecuado. Lo más conveniente sería que se los aloje en una cárcel una vez cumplimentados los recaudos legales y que reciben la detención", sostuvo.

Facundo Castía Aberastury huyó el domingo de la comisaría Tercera.

   Si bien es una causa de la Justicia Federal, Caminada describió la problemática con el caso del capo narco bahiense Adrián Vidal Ríos, a quien la Policía detuvo hace dos meses en el conurbano bonaerense, pero todavía -aseguró- permanece encerrado en un calabozo.
   "La situación es compleja en toda la provincia. Los calabozos en su momento fueron clausurados por la Justicia y en Bahía permanentemente se llevan a cabo aprehensiones. Están alojados los aprehendidos y después, cuando esas aprehensiones se convierten en detenciones, siguen estando en las comisarías".
   El uniformado dijo tener conocimiento de una "partida especial" del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, que se destinará al arreglo de los calabozos inhabilitados en Bahía.

La tragedia en Pergamino, siempre latente

Incendio. El 2 de marzo de 2017, en medio de una disputa entre detenidos y policías en la comisaría de Pergamino, se produjo un incendio en la zona de calabozos sobrepoblados, donde había 19 presos.

Protesta. El fuego se originó cuando los reclusos comenzaron a arrojar pedazos de colchones encendidos a los pasillos y los policías no dieron el auxilio inmediato que la situación exigía y hasta impidieron el ingreso de los bomberos.

Resultado. Una vez que pudieron ingresar y controlar el incendio, los bomberos encontraron sin vida a Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizarro (27), John Mario Chillito Claros (25), Juan José Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24).

Autopsia. Todos murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego.

Sentencia. Dos años más tarde, un excomisario y otros cinco expolicías fueron condenados a penas de entre 6 y 15 años de prisión por el hecho. La principal sanción fue para el entonces jefe de la seccional, Alberto Donza.

Incidentes. Tras escuchar la sentencia, uno de los policías condenados arrojó su silla de plástico hacia el sector donde estaban ubicados los familiares de los presos muertos, pero rápidamente fue reducido.

Delito. A los acusados se les imputó abandono de persona agravado por resultado de muerte y se consideró como agravantes la pluralidad de víctimas y el daño físico y psíquico a familias y sobrevivientes.

Estado. En 2020, el Juzgado Contencioso Administrativo de Pergamino resolvió que el Estado es responsable ante el planteo del hijo de una víctima que reclamó reparar el daño.