Amenazas de bomba a bancos: crece el malestar y avanza una investigación

Redacción de La Nueva.

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   Audionota: Mariano Muñoz

   Los manuales de la seguridad pública desaconsejan la difusión de las denominadas amenazas de bomba ante el riesgo de réplica.

   Sin embargo, la realidad que en el último mes soportó un sector del macrocentro de Bahía Blanca supera cualquier "silencio preventivo".

   Las casas centrales de los bancos Nación (transitoriamente en Brandsen 36) y Provincia, en Chiclana y Undiano, debieron ser evacuadas casi a diario por llamadas anónimas que reportaban la supuesta presencia de un artefacto explosivo en su interior.

   Cortes de tránsito, embotellamientos y un importante dispendio de recursos humanos destinados prácticamente todos los días a un operativo, de media hora o más, que se sabe qué resultado tendrá pero que igualmente hay que hacer, porque así lo marca el protocolo.

   Y no solo hay malestar entre el personal bancario y los clientes, sino también en los vecinos, comerciantes y profesionales que conviven y/o se desempeñan en esa zona, por los trastornos sufridos, aunque sean pasajeros.

   Por ejemplo, en el sector  existen distintos consultorios de atención médica o centros de kinesiología a los que muchas veces deben trasladar a pacientes con dificultades para movilizarse o en períodos de convalencencia, situación que se dificulta cuando se registran los cortes de tránsito.

   Fueron 20 llamadas en todo el mes de agosto, con mayor intensidad en la última quincena (algunos días dos), según confirmó el comisario Gonzalo Bezos, jefe de la Estación de Policía.

   Entre marzo y mayo, por ejemplo, solo se habían registrado 9 denuncias de estas características y por todo concepto (no solo apuntadas a entidades bancarias) informaron, en tanto, desde la fiscalía de Bahía Blanca. 

Voz femenina

   ¿Es obra de un bromista de mal gusto? No está claro. Sí se sabe que todas las llamadas se hacen al 911 y no a los bancos.

   En varias se escucha a una voz femenina alertando por la presencia de "su novio" o "el novio de una amiga" que va a poner una bomba "porque fue al banco y no lo quisieron atender" o "porque quería ir a cobrar y no hay dinero en su cuenta". 

   Lo concreto es que se inició una investigación en el ámbito provincial, aunque la fiscalía federal también fue puesta en conocimiento por el caso del Nación.

   Y si bien la Fiscalía General bonaerense deberá determinar si unifica las causas en una unidad de delitos complejos, como solicitó un fiscal de temática genérica, ya se pidieron informes a las empresas de telefonía. Hay un dato que permite alentar esperanzas en el avance del caso.

   Sean acciones por un motivo irrelevante o no, el mensaje de las autoridades para los autores es que estas conductas configuran delito y están sancionadas por la ley con penas de hasta 6 años de prisión (ver aparte).

   "No lo podemos tomar como una broma", dijo José Luis Henríquez, titular de Defensa Civil, que dispone de su gente ante cada falsa alarma, al igual que la Dirección de Explosivos, Policía Bonaerense y personal de Tránsito.

   "Ante cada emergencia como estas se deben movilizar por lo menos 20 personas, pero tenemos que respetar el protocolo y evacuar a la gente", agregó el socorrista.

   En los últimos tiempos, según confirmó Henríquez, prácticamente el 90% de las llamadas por este tipo de intimidaciones fueron en esa zona de Brandsen/Undiano y Chiclana.

   "Tuvimos un hecho puntual que fue en una cervecería, pero nada más", sostuvo.

Sin conflictos internos

   Claudio Angelini, gerente del Nación, reconoció que se trata de "una gran molestia", pero dijo que hasta el momento optaron por el perfil bajo y la cautela para evitar que se potencien.

   "Nosotros no recibimos las llamadas, siempre son al 911. Parece que es contra la banca pública, porque la mayoría son en nuestra sucursal de Brandsen, en el Provincia de Chiclana y Undiano y algunas en el Provincia de la avenida Colón. Hubo algún caso en el Santander, pero puntual", detalló.

   Angelini descartó cualquier posibilidad de origen en un conflicto interno o de índole gremial, aunque aclaró que no está en condiciones de determinar cómo se originó esta lamentable seguidilla. 

   "Nosotros recibimos las instrucciones de los expertos y evacuamos", agregó.

El pico de 2008

   Esta "moda" no es nueva. Con mayor o menor énfasis, a lo largo de los últimos 20 años, la sufrieron escuelas, hospitales, boliches, comercios y reparticiones públicas y de la Justicia.

   En algún momento, como en 2008, Bahía figuraba como la ciudad con más intimidaciones públicas de la provincia de Buenos Aires.

   En particular en el ámbito educativo, y en medio de conflictos con los gremios y el "oportunismo" de algunos alumnos que buscaban suspender las clases (se identificaban voces de menores en muchos casos), hace 13 años se tocaron picos de hasta 30 llamadas diarias por falsa alarma, con los trastornos que esa situación produce.

   De hecho, la Jefatura de Policía Departamental organizó para ese tiempo una reunión con todos los actores involucrados y se tomó una decisión que descomprimió el panorama.

   Hasta allí, los directores de cada colegio evacuaban de manera inmediata el edificio apenas recibían el llamado de alerta, pero se trataba de una medida formal y no efectiva, porque alumnos y docentes se quedaban frente al edificio y, en caso de existir un peligro real, se debería desalojar a 200 metros a la redonda.

   Se decidió en aquel encuentro que solo se iba a evacuar a llegada y por orden de los peritos y de esa manera se desalentaron las llamadas. 

Sancionado por el Código Penal

Amenazas. En el Capítulo I (Delitos contra la libertad individual), el artículo 149 bis del Código Penal reprime con prisión de 6 meses a 2 años al "que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas". Si las amenazas fueran anónimas, la pena sube de 1 a 3 años.

Intimidación. En el Capítulo III (Intimidación pública), artículo 211 del CP, se castiga ese delito con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.

Alcance. Es contra quien "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".