Uno de cada tres inquilinos no pudo pagar el alquiler en Bahía Blanca

Redacción de La Nueva.

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Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com
Audionota: Juan Ignacio Zelaya (LU2)

   A pesar de que la mayoría de los inquilinos tuvo la voluntad de cumplir, casi 1 de cada 3 bahienses no pudo pagar el alquiler de marzo.

   El dato surge de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, que realizó un relevamiento sobre unas 2.000 propiedades alquiladas a familias que no tenían deudas hasta antes de la cuarentena impuesta el 20 de marzo. 

   “El 70 % de nuestros clientes pudieron pagar a tiempo, mientras que el 30% restante no pudo realizar el pago por diferentes motivos”, explicaron.

   El cierre de oficinas que determinó el presidente Alberto Fernández sumado a que muchos inquilinos no tienen cuentas bancarias para realizar transferencias por esa vía, originaron la mayor parte de los inconvenientes.

   También se puede mencionar a una gran cantidad de autónomos que no pudieron trabajar ni juntar el dinero en las últimas semanas.

   “El número es preocupante porque hablamos de un volumen importantísimo de dinero que se frena, deja de circular y es un problema tanto para los propietarios de inmuebles como para la ciudad en general”. 

   Al mismo tiempo explicaron que la mejor solución al problema de los alquileres impagos sería permitir la apertura de inmobiliarias y con un protocolo de atención reducida.

   “Desde muchas inmobiliarias se decidió ayudar y hasta se les explicaba por teléfono a la gente que no sabe usar home banking o realizar transferencias por cajero automático”. 

   “Desde el rubro se entiende que si se le permite a las casas de electrodomésticos y otras tiendas abrir para tomar el pago de cuotas, sin dudas que la operatividad es similar a las inmobiliarias, por lo cual no se explica que a la fecha no se haya determinado que deban funcionar para tomar los pagos de los alquileres”, dijeron.

   Por último contaron que un 2 % de los inquilinos optó por los incrementos de alquileres diferidos que establece el decreto presidencial que congela los valores y extiende contratos hasta el 30 de septiembre.

   Esa fue una de las primeras medidas de Fernández y además prohíbe los desalojos ante un mes impago, aunque la deuda se acumulará y podrá ser saldada en cuotas que se empezarán a pagar a partir de octubre, en 3 o 6 pagos.

   La normativa alcanza a los contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda única urbana y rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos; inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias; inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

   También a los inmuebles alquilados por monotributistas destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión; inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas; e inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo y fábricas recuperadas.