Organizaciones "provida" vuelven a marchar contra del aborto legal

Redacción de La Nueva.

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   Las organizaciones que integran el movimiento Provida realizarán mañana una marcha federal "Por la vida y el niño por nacer" en al menos 20 ciudades argentinas para exigir la derogación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

   "Está probado de sobra que el protocolo de la ILE es perjudicial para la mujer, además de ilegal y no puede sostenerse ni un minuto más", indicó hoy en un documento Alejandro Geyer, coordinador nacional de la marcha.

   En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización comenzará a las 14 en la zona de plaza Italia, en el barrio de Palermo, y llegará a la Facultad de Derecho, en Recoleta.

   Con el lema "Derogación inmediata del protocolo ILEgal", los organizadores esperan una gran concurrencia, ya que un nuevo proyecto de despenalización del aborto fue presentado y consideraron que "la población está mucho más comprometida que hace un año con la defensa de las dos vidas".

   El año pasado, según la organización +Vida, que lidera el movimiento Provida, "superaron los dos millones de manifestantes en todo el país".

   Este año, La "convocatoria federal" incluye marchas en ciudades como Paraná, Rosario, Corrientes, Posadas, Resistencia, Salta, Catamarca, Córdoba, San Luis y Santa Rosa.

   En Chubut, se esperan concentraciones en Trelew, Puerto Madryn y Esquel, y en la provincia de Buenos Aires se sumarán manifestantes de Bragado, Mercedes, Pinamar, Junín, Chivilcoy, Necochea, Mar del Plata y Miramar. 

   "La marcha por la vida es esencial para nuestro país porque visibiliza la realidad de la gente que rechaza el aborto. Argentina es Provida y eso fue demostrado infinidad de veces", indicó Raúl Magnasco, presidente de +Vida.

   Si bien para Magnasco "es posible que este año en el Congreso no se dé el debate, es muy probable que el oficialismo intente reformar el Código Penal y quite la pena del Artículo 86, lo que en la práctica resultaría equivalente al proyecto rechazado el año pasado".

   Ese artículo contempla penas de tres a diez años de prisión y establece la "inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusen de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperen para causarlo".

   A su vez, se establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer embarazada "no es punible si se realiza con el fin de evitar un peligro de vida de la madre o si el embarazo proviene de una violación". (Télam)