UOCRA: 9 historias asombrosas de cómo operaba "la familia"

Redacción de La Nueva.

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Por Redacción La Nueva./info@lanueva.com

   “Una gran familia”. Así era la delegación local de la UOCRA hasta que el 11 de enero la desmembraron.

   Al menos de esa manera la definió Roberto Sabino Ríos, uno de los 14 sindicalistas que hoy están presos, durante la declaración indagatoria ante el fiscal Gustavo Zorzano. Ríos, a quien todos conocían como “El Soldado”, reconoció que el lazo de amistad era estrecho entre quienes integraban la comisión sospechada de conformar una asociación ilícita para recaudar fortunas durante más de 12 años.

   Sin embargo, dijo que no había observado el crecimiento patrimonial de ninguno de sus 13 compañeros de causa.

   “La Nueva.” tuvo acceso a la resolución, de más de 400 fojas, que dictó hace algunos días la jueza de Garantías Marisa Promé, para declarar la prisión preventiva de todos.

   A partir de un aceitado mecanismo de coacción, y mediante algunas situaciones llamativas, quedó en evidencia de qué manera cometieron al menos 39 hechos de extorsión, que no solo perjudicaron a los empresarios y a los obreros de la construcción, sino también al Estado y al conjunto de la sociedad.

   Estas son algunas de las historias:

Ni en on, ni en off: cuidar las formas

   Durante las “charlas” que mantenían con los empresarios a los que solían citar a la sede gremial, los exlíderes de la UOCRA tomaban los recaudos típicos de aquellos que buscan evitar “ser descubiertos”.

   Según surge de la causa, un constructor de Coronel Suárez, quien a principios de 2016 realizaba una obra particular, decidió registrar con su celular el audio de la conversación que mantuvo en la delegación sindical de esa ciudad.

   Reconoció que buscó más de una vez hacerles decir el monto de dinero que requerían para pasar por alto una serie de exigencias pedidas, aunque los acusados solo se lo informaron por vía escrita, a través de un papel -quedaba en el gremio- la cifra de 10 mil pesos. Nunca lo mencionaron en voz alta.

   “Son muy habilidosos y saben cómo hacer para no quedar expuestos ante estas exigencias”, reflexionó el constructor.

   Otra víctima recordó que “siempre en las reuniones que se realizan en la sede de la UOCRA se puede ver que sus miembros colocan televisores con el volumen alto, de manera de que en caso de estar siendo grabados, se dificulte la comprensión de lo que dicen”.

   Una muestra del recelo con el que se manejaban es que un empresario que abonó dinero a los sindicalistas dijo que el efectivo lo pasaban a buscar por su oficina y que para coordinar la entrega le enviaban mensajes de texto utilizando términos como “legajos” o “documentación” en referencia a los pagos.

   Las amenazas veladas no faltaban: “Arreglá, porque no me gustaría que después los muchachos te vayan a parar la obra, no los voy a poder frenar...”.

   No tenían reparos en mostrarse impunes: cuando se construía la rotonda de Pilmayquén y Cabrera, un gremialista se presentó, subió a uno de los tractores que estaba trabajando y lo detuvo. Al decirle el encargado de la obra que no podía hacer eso, el “visitante” le respondió: “a mi no me vengas a decir nada, la obra es mía, yo hago lo que quiero”.

   Otro empresario declaró en la causa: “No te ponen un arma de fuego o un cuchillo en el cuello, tienen formas de amedrentar peores”.

También hubo una "mano" empresarial para las elecciones sindicales

¿"Premio" para todos o solo para algunos?

   En “defensa” de los obreros, los gremialistas también reclamaban incrementos salariales desproporcionados o premios, como bonos de fin de año, a las diferentes empresas dedicadas a la obra pública y privada bahiense y regional.

   Las reuniones, por decisión unilateral, eran frecuentes en la sede sindical de Saavedra 470 para tratar este tipo de “negociaciones”.

   Como en diciembre de 2016, cuando Burgos, Molina, Canales y Paiz se encontraron con 7 empresarios, a quienes les exigieron el pago de 8.000 pesos por única vez para todos los operarios. La resistencia surtió algo de efecto y finalmente acordaron por 4.000.

   Negarse al bono hubiera determinado, como mecánica habitual, la paralización de las obras, lo cual les impedía a las empresas finalizar en término, afectaba su calificación y ocasionaba multas y costos no presupuestados.

   Hace un año sucedió algo parecido, con la obra de servicios del Procrear en el predio del Ejército. Reclamaron un aumento salarial del 35% de lo que se había pactado previamente y los constructores debieron firmar el acuerdo en Trabajo.

   “No era una propuesta de colaboración, era una exigencia”, declaró un empresario.

   “La sensación era que nada los iba a conformar y que no podían decirle que no a nada, porque no había poder de negociación con estas personas. Habían logrado un adoctrinamiento”, agregó otro.

   La “defensa” del legítimo trabajador de la construcción era simulada, según reconoció un encargado de obra ante el fiscal: “alegan que hablan por el obrero y los propios obreros han comentado que ellos, más allá de no tener ningún reclamo que efectuar, no se manifiestan en ese sentido para evitar enfrentarse con estos sujetos violentos”.

   "Si no participaban en las asambleas, los miembros de la UOCRA los 'boxeaban'", advirtió un industrial.

Sin jardín ni escuela: lo terminaron por pagar los alumnos

¿Quién es el que quería un tiro acá?

   Los aprietes no solo estaban dirigidos a los empresarios. También la embistieron, y fuerte, contra los representantes del incipiente gremio opositor: el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SiTraIC).

   El 21 de marzo del año pasado, durante una inspección a una obra en la avenida Alem al 5000, a cargo de funcionarios del Ministerio de Trabajo, un abogado y directivos del SiTraIC, una comitiva de la UOCRA llegó al lugar y no como amigos, precisamente.

   “Con vos voy a hablar en el barrio, que no se te olvide que andás siempre con los pibes en la moto...”, le advirtió Marcos Tévez a un representante gremial opositor.

   La comitiva debió partir. Y se dirigió a verificar otro trabajo en marcha, en Carmen Ledesma y Sargento Iturra.

   Sin embargo, hasta ahí no solo llegó Tévez, sino también Jorge Díaz, Marcelo Ortiz, Walter Paiz, Sebastián Canales, Sabino Ríos y Mario González. Y la situación se puso espesa. Otros 50 “escuderos” rodearon el predio e impidieron que los inspectores y el SiTraIC se retiraran.

   Díaz, Ortiz y Paiz dañaron a golpes la camioneta Toyota Hilux de uno de los sindicalistas opositores. “Esto lo va a pagar tu hermano Gerardo y tu padre, ya sabemos todo sobre vos”, le dijeron al damnificado.

   Como pudieron, los del SiTraIC se trasladaron a la sede ministerial de O'Higgins al 200, pero volvió a faltar la diplomacia. “De acá nos vamos, pero estos dos no salen y vos vas a ser el responsable”, amenazó Ríos a los del otro gremio. Y lo responsabilizó a Sergio Bozzi, delegado ministerial en Bahía Blanca.

   “A ustedes no les da la nafta...te vamos a pegar un tiro”, continuó Ríos la amenaza. Debió intervenir la policía.

   En octubre, según la causa, la UOCRA volvió a enfrentarse al SiTraIC. Durante una asamblea en una empresa del Parque Industrial, por el despido de 3 operarios, Raúl “Pelusa” Erbín amenazó Martín Parada, delegado coordinador del SiTraIC.

   “Quién es el que quería un tiro acá”, preguntó a viva voz, mientras mostraba una pistola calibre 22 en su cintura. “Retirate, que esto lo arreglo yo, porque yo estoy 'comiendo' de esta empresa. Te doy 5 minutos para que te retires o te pego un tiro”, le advirtió a Parada.

   “No me importa ir preso, los voy a arruinar”, continuó. Otra vez debió intervenir la policía.