Los aprietes detrás de la asociación ilícita

Sin jardín ni escuela: lo terminaron por pagar los alumnos

5/3/2018 | 06:30 |

Un empresario que estaba construyendo tres establecimientos educativos en Coronel Suárez se cansó de la situación y rescindió el contrato. Solo uno de los edificios se terminó.

Fotos: Agencia Coronel Suárez y Archivo LN.

Por Redacción La Nueva./info@lanueva.com

   En algunos casos no solo los empresarios resultaron damnificados. En Coronel Suárez, por ejemplo, el perjuicio alcanzó también a la comunidad, ya que los hechos denunciados determinaron que la construcción de 3 establecimientos educativos sufrieran un importante retraso o directamente no se hicieran.

   Durante 2015, a pedido de la Unidad Ejecutora Provincial, una firma bahiense se hizo cargo de las tareas, aunque las repetidas exigencias de dinero para garantizar el avance de obra y la contratación “a dedo” de determinados servicios por parte de la UOCRA la llevaron a rescindir el contrato.

   En consecuencia, el jardín de infantes del barrio El Rosario y la Escuela Secundaria Nº 5 (de Pueblo Santa Trinidad) quedaron abandonadas, con materiales desgastados y terrenos cubiertos de pastizales (así están aún hoy). Solo se concluyó el Jardín de Infantes Nº 913, a partir de una nueva licitación.

   Al declarar en la causa, los empresarios manifestaron que debieron abonar unos 300 mil pesos a lo largo de 10 meses, de manera de no sufrir inconvenientes.

   También ratificaron que los baños químicos debían ser de una empresa relacionada con José Burgos (Aqcua), además de contratar obreros de una bolsa de trabajo perteneciente al gremio.

   “Teníamos que pagarlo porque te paraban la obra, o les hacían hacer a los trabajadores menos trabajo del que podían hacer, o se declaraban en asamblea, o te podían hacer algún daño en alguna maquinaria”, declaró un testigo.

   Esta situación, y luego de conflictos que tornaron imposible la ejecución de las obras, desencadenó en que a principios de 2016 la constructora rescindiera los contratos suscriptos.

UOCRA: 9 historias asombrosas de cómo operaba "la familia"

Años de exigencias que le pasaron factura

   Un caso representativo resultó el de un constructor de Coronel Suárez, quien declaró que, desde 2012, representantes de la UOCRA le exigieron dinero a cambio de no provocar trastornos en la obra.

   Pese al temor y las presiones, el empresario se negó sistemáticamente a ceder ante las extorsiones.

   El acoso continuó hasta hace dos años cuando, producto de una grave enfermedad, el profesional debió dejar la actividad.

   Durante el tiempo en el que declaró haber sido coaccionado, tuvo a su cargo tareas de ampliación del Hospital Municipal, reformas en una casa y la construcción de un depósito y de un galpón en el camino de cintura de esa ciudad.

   Explicó que a lo largo de 4 años le exigieron 5 mil pesos mensuales durante el tiempo de ejecución de cada trabajo, y que en una oportunidad mantuvo una discusión fuerte con uno de los gremialistas, quien le advirtió: “yo sé quién sos, dónde vivís, no te vamos a dejar trabajar...”.

   Parar la obra era “sacarle la comida de la boca a mis hijos”, le explicó el empresario al fiscal Gustavo Zorzano, encargado de la investigación.

   En 2015, después de una inspección en su obra, concurrió al gremio y, sin que notaran su presencia, escuchó que -en una oficina de la planta alta- sindicalistas e inspectoras del Ministerio de Trabajo dialogaban sobre el dinero recaudado a partir de los controles.

También hubo una "mano" empresarial para las elecciones sindicales

A un empresario lo dejaron sin energía

   Uno de los casos más llamativos, si de monto extorsivo se refiere, es el que sufrió la empresa que realizó la reparación de dos turbinas de la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena.

   Entre septiembre de 2015 y marzo de 2017, tiempo que demoraron las dos obras, debió desembolsar nada menos que...¡1.150.000 pesos! en concepto de coimas. Si no lo hacía, llegaba la represalia: paralización, piquetes y demoras en los plazos que derivaban en multas por no respetar los tiempos fijados en la licitación.

   Con la refacción de la turbina 29, debió abonar 400 mil pesos (en 2 cuotas) que fueron entregados en distintos lugares de la vía pública a Sergio Vázquez, quien aludía la representación de Monteros.

   Cuando la misma firma se adjudicó la reparación de la turbina 30 de la central, los gremialistas Mario González y Pablo Gutiérrez entraron en escena. Pactaron un encuentro, que no fue en el sindicato sino en la sede de la CGT, en Mitre y Rodríguez. ¿El tema? El de siempre, aunque las cuotas fueron mucho más impactantes: 3 de 250 mil pesos cada una, que se pagaron en efectivo, nuevamente en distintos sitios de la vía pública.

   Pero eso no fue todo. La prestataria debió aceptar y firmar un acuerdo que establecía, entre otros puntos, un monto salarial mínimo para los trabajadores que excedía notoriamente el convenio nacional; el transporte, la comida, los baños químicos y la ropa "de ellos" y la contratación de mayor personal al necesario. Cuatro de los supuestos obreros (impuestos por la UOCRA) nunca se presentaron a trabajar.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias