El Senado aprobó la ley para capacitar a los funcionarios contra la violencia de género

Redacción de La Nueva.

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   La Cámara de Senadores convirtió hoy en ley el proyecto que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", luego de que el gobierno decidió incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias. 

   El presidente Mauricio Macri decretó la inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento del proyecto de capacitación obligatoria para combatir la violencia de género para todos los que integran los tres poderes del Estado.

   Se trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, bautizado "Ley Micaela García", en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.

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   La decisión, plasmada en el decreto 1135/2018, ocurrió una semana después de que diputados de distintos bloques reclamaran al Ejecutivo, a través de una carta pública, la necesidad de que el proyecto se incluya en el temario de sesiones extraordinarias. 

   El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

   La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos. 

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   El debate de este proyecto fue impulsado por un grupo de diputadas, luego de la denuncia realizada la semana pasada por el colectivo de actrices que acompañó a la actriz Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual.

   A través de la iniciativa se establece además que quienes se nieguen a realizar las capacitaciones serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación.

   Según el proyecto, el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto nacional de las Mujeres. (Télam)