El clan Suris fue procesado
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La justicia encontró elementos de prueba contundentes para procesar por "asociación ilícita" a los integrantes de una banda dedicada a vender facturas apócrifas (truchas) y vaciar empresas, los que fueron procesados por el juez federal Santiago Ulpiano Martínez, quien fijó cauciones de 3 millones de pesos para el jefe de la banda: Luciano Gabriel Suris, y de 800 mil pesos para los restantes integrantes, a fin de no ser privados momentáneamente de su libertad.
Los procesados por el delito de "asociación ilícita fiscal son Luciano Gabriel Suris (jefe), su hermana Florencia y sus padres Elba Tablar y Alberto Suris, además del contador Domingo Tomás Goenaga en el grado de partícipe.
Algunas de las firmas investigadas por la justicia fueron: Alsur Bahía S.A.; Móvil Bahía SRL; Móvil Bahía S.A.; AT Cranes SRL; Surgalu Group SRL, El Resueyo Serrano SRL y El legado de Don Marcos SRL.
La instrucción de la causa probó que Móvil Bahía había facturado, en cuatro años, más de 9,6 millones de pesos de ventas gravadas, por las que no habían tributado ni IVA, ni Ganancias.
AT Cranes, por su parte, facturó 5 millones 265 mil pesos y tampoco pagó impuestos; Alsur Bahía no efectuó el pago de impuestos pero durante un posterior proceso de fiscalización, rectificó su declaración jurada de IVA y Ganancias, generando un saldo a favor de la AFIP por más de 3 millones y medio de pesos.
La instrucción pudo demostrar el empleo de testaferros para disimular las maniobras y los bienes.
En el caso de Alsur Bahía Elba Tablar y Alberto Suris vendieron la empresa el 12 de mayo de 2004, en 5 mil pesos (¿?) a Eduardo Mancino y Leonardo Vaz. Estas mismas personas aparecen comprando Móvil Bahía SRL el mismo día y por $350.000.
Para la justicia quedó probado que Mancino y Vaz eran testaferros. Los Suris repitieron una maniobra infantil, ya que Mancino era un indigente que hacía changas para el grupo. En tanto, Vaz es un humilde carpintero que trabajó "esporádicamente", durante 2003, junto a Mancino manejando una grúa.
Ante funcionarios de la AFIP, Mancino y Vaz dijeron desconocer que eran dueños de una empresa constructora y manifestaron desconocer a Luciano Suris. Sólo uno de ellos manifestó haber hecho "changas" con Suris padre.
Mientras esta investigación estaba en marcha, el 16 de julio de 2010, Mancino fue noticia por asesinar a su mujer y luego suicidarse en su precaria casa de Provincias Unidas 1461, de Villa Cerrito.