Qué hay detrás de quien levanta quiniela
Hace casi 30 años que recorre calles, verdulerías, boliches, algunas casas y muchos clubes de Bahía Blanca. Levanta quiniela y tiene clientes, dice, desde hace 20 años. Si hasta asegura que le piden el pálpito en algunas empresas... La policía no lo cuestiona y todo está bien con su patrón.
Pero la nueva ley de Juego Clandestino lo podría complicar, porque lo amenaza con hasta dos años de arresto y controles más estrictos; ya no sólo de la policía, sino de inspectores del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
"Muchas familias comen de esto. ¿Cuántos levantadores hay en Bahía? Millones. Van a dejar a mucha gente en la calle. La policía hace años que no me dice nada. Siempre llegamos a un acuerdo, pero ahora parece que se ha puesto feo", dijo.
Y es que la norma castiga a todo lo que rodea el juego de azar y casi lo único que deja afuera (todavía falta que el gobernador Felipe Solá la reglamente) es la generala en familia... siempre y cuando no esté en la mesa el nuevo amigo del tío que nadie conoce.
Castellaneta: "La bicicleta no molesta"
El presidente de la Cámara de Agencieros de la provincia de Buenos Aires, Heriberto Castellaneta ("un viejo conocido del mostrador y la calle del juego", según se autodefinió) opinó que la ley está bien planteada y que, directamente, el juego clandestino debe ser considerado un delito. Hoy, es una contravención.
"El "don Carlos" que anda con la bicicleta levantando quiniela no molesta. El que molesta es el capitalista, el que trabaja con montos a gran escala --por ejemplo, el patrón del bahiense que recorre las calles desde hace 30 años--. Por eso, hay que ver qué hay detrás de "don Carlos". En la provincia, hay capitalistas que ganan más que el propio Estado", comentó.
Pero no todos están tan de acuerdo con la norma. Lo demostró la complicadísima sesión en la que se aprobó. Fue impulsada por Solá y casi se le escapa por la abstención de una diputada bahiense, Nidia Burstein (Frente Para la Victoria).
Y como toda la oposición votó en contra, el oficialismo recurrió al voto doble del presidente de la cámara, un instrumento legislativo utilizado muy pocas veces desde el 83.
Cómo era hasta ahora.
El "don Carlos" de Castellaneta podría ser el típico caso que, según la justicia local, se atiende en Bahía Blanca. O sea: la policía sospecha de, supongamos, el hombre que anda por el barrio con unos papelitos llenos de números y cinco o diez pesos en el bolsillo.
Entonces, lo detiene y lo remite al juzgado correccional, por levantar quiniela. Allí, no hay mucho para hacer. Los papelitos y la plata no alcanzan para castigarlo con 30 días de arresto, la sanción que hoy se aplica a quienes confiesan o a quienes son capturados in fraganti.
Y nuestra fuente judicial lo admite: la mayoría de los casos es sobreseída.
"Nunca se agarra al capitalista, sino al que trabaja para otro, al puntero", comentó.
También aseguró que en marzo último, por ejemplo, fueron considerados cuatro casos: la mayoría, levantadores de quiniela; todos fueron sobreseídos.
Las rifas.
"En el 80 por ciento de los casos, las rifas no las hacen las entidades, sino intermediarios. A nadie le va a molestar las rifas de barrio, pero sí que alguien venga a ofrecerle una rifa en nombre de los bomberos", explicó Castellaneta.
Agregó que "el juego clandestino afecta a todos, no sólo a los agencieros. Hablamos de 130 millones de pesos por mes de evasión. La provincia recauda 200 millones de pesos en forma oficial y unos 350 el sector no oficial. Eso no se tributa y quita trabajo a las agencias".
También cuestionó la levantada de quiniela.
"¿Por qué tiene que hacer eso el verdulero? Hay que tener mucho cuidado. Yo no soy oficialista, pero apoyo esta ley. Hay que tener mucho cuidado con el pobre tipo que levanta quiniela en la esquina, porque detrás de él hay gente muy brava", concluyó.
Impuesto al pobre.
Edgardo Pérez es abogado y agenciero oficial, tiene un local en el centro (su madre, otro en Ingeniero White) y también advirtió que el juego clandestino quita trabajo al sector oficial y dinero a las arcas de la provincia de Buenos Aires.
Además, opinó que se trata del "impuesto al pobre" y lo explicó así: "Esa gente busca recursos de otra manera y es la que más juega. ¿Cuánta gente está en el bingo desde las ocho de la mañana? El dinero para apostar siempre existe y se reparte entre la quiniela, la lotería, el bingo, con las maquinitas...".
Sin embargo, Pérez ensayó una teoría y sostuvo que la quiniela es la más sana de las apuestas: "Se juega una o dos veces por día. En cambio, el que entra al bingo juega cada diez o cinco segundos".
De cualquier modo, el agenciero destacó que hacen falta controles ("La policía, ¿hace algo con el juego clandestino de Bahía Blanca? Porque yo no veo que alguien lo haga en la ciudad") y sanciones judiciales.
Al igual que Castellaneta, Pérez opinó que la norma irá contra los intermediarios, los que ofrecen el "numerito" en nombre de una entidad.
"La ley se refiere a los terceros. Hoy, casi todos los clubes necesitan dinero. Entonces, aparece un mediador y ofrece una rifa. Ese organizador no arriesga nada. Si le va mal, el que responde es el club", aclaró.
María Eugenia Rodríguez
¿Una ley muy dura o necesaria?
Días atrás, legisladores opositores de la sexta sección explicaron a este diario por qué habían votado en contra de la ley de Juego Clandestino, la norma impulsada por Felipe Solá que casi se cae por la abstención de la diputada bahiense Nidia Burstein.
La mayoría aclaró que no había dispuesto de suficiente tiempo para estudiarla, que había tenido un tratamiento apurado (incluso, que se había sacado "de prepo") y que las sanciones, en algunos casos, son desmedidas.
"Si estás en una verdulería y alguien está levantando quiniela, ¿vos también vas preso?", preguntó, en la sesión, el diputado Jaime Linares (UCR).
Así las cosas, parte de la norma aprobada es la que sigue:
* Se consideran y sancionan los juegos de azar como rifas, loterías, quiniela y sorteos. También las apuestas simples y mutuas sobre carreras, competencias deportivas o actividad lúdica de cualquier naturaleza fuera de los recintos autorizados.
* En cambio, no son punibles los juegos que se practican en casas de familia con la exclusiva participación de familiares e invitados.
* Se sanciona con arresto de un mes a un año y/o multa de 50 a 500 salarios al que organice o financie por cuenta propia o ajena cualquier actividad vinculada sin la correspondiente autorización, habilitación o licencia.
* Al que "ayude", "coopere" o "sea sorprendido" también se lo castiga con arresto y/o multas.
* Apostadores y quienes sean sorprendidos deben enfrentarse con arresto de uno a 30 días y/o multa de uno a diez salarios mínimos.
* Se eleva al doble el mínimo y en un tercio el máximo cuando los infractores utilicen menores de 18 años, personas con capacidades diferentes o incapaces.
* Se contempla la clausura del local y la pérdida de la personería jurídica cuando se compruebe la participación de cualquier tipo de entidad en la organización de los juegos clandestinos.
Tunessi, de acuerdo con la lógica de la ley
Juan Pedro Tunessi, actual presidente del Concejo Deliberante, presidió una comisión de la Cámara de Diputados que investigó, hace unos seis años, al Instituto Provincial de Lotería y Casinos y dijo estar de acuerdo ("con la lógica") de la recién aprobada ley de Juego Clandestino.
"Hay que sancionar lo ilegal. Y es difícil dejar puertas abiertas y particularizar casos; decir "clubes sí y otra cosa no". Este tipo de juego saca recursos al Estado", explicó.
No obstante, el ex legislador propuso agregar algo más a lo que impulsa Solá: regular horarios e ingresos (de menores y ludópatas) y asistencia psicológica para las conductas compulsivas, entre otras medidas aplicables al sistema oficial.
"Hay que transparentar los circuitos. Averiguar cuánto se recauda y cuál es el destino de ese dinero", agregó.
También reparó en las sanciones planteadas por la nueva ley y las consideró algo gravosas para una contravención. "Puede ser un error reprimir con penas tan severas este tipo de conductas", comentó.
Pero aclaró: "Esto no quiere decir que la legislación no tiene que ser severa. Sancionar el juego clandestino está bien. No es una práctica simpática e inofensiva. Es una actividad que compite muchísimo con la oficial".
Tunessi dijo que el juego no es deseable ni puede ser estimulable, pero, en cualquier caso, no se puede evitar.
"Creo que la única forma de que esa conducta no financie otras actividades es que el Estado monopolice y controle la explotación del juego. Y la única justificación debe ser dar a ese dinero una salida social", dijo.