White: frenan la acción penal contra una pesquera china por contrabando
Casación Federal fijó límites a la investigación contra White Gulf, firma que había sido blanco de allanamientos en 2022.
El 10 de agosto de 2022, Bahía Blanca amaneció con una noticia de impacto nacional: la orden judicial para una batería de más de 10 allanamientos, la mayoría en nuestra ciudad, relacionados con el presunto contrabando y evasión fiscal de una pesquera internacional de origen chino con asiento en el puerto de Ingeniero White.
Personal de la Policía Federal, bajo órdenes del Juzgado Federal N° 1 de este medio, revisó las oficinas de White Gulf, ubicadas en el muelle Ministro Carranza de la terminal local, el domicilio del dueño de la firma, Yi Sun, un lujoso piso en la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, y otras viviendas de directivos de la empresa.
La lupa de la entonces AFIP -a través de la Dirección General de Aduanas- se había posado en dos asiáticos: además de Yi Sun figuraba Rong Ding, su principal accionista.
Y también se investigaba a un despachante de aduana y a una contadora, a partir de la denuncia, formulada en octubre de 2021, que daba cuenta de posibles maniobras de contrabando, una millonaria evasión tributaria y, presuntamente, hasta lavado de activos.
La principal hipótesis apuntaba a que, para la venta de productos al exterior -especialmente merluza-, se valían de una triangulación que permitía evadir impuestos y sacar ganancias a cuentas de afuera por más de 100 millones de dólares.
En los allanamientos se secuestraron varias computadoras, notebooks, pendrives y celulares, además de casi 30 cajas con archivos de documentos que motivaron un minucioso y prolongado análisis por parte de peritos.
El paso del tiempo, como sucede con cualquier caso que en un principio concita interés público, le quitó cartelera a la noticia.
En medio de la instrucción sumarial, los empresarios decidieron acogerse a un regimen de regularización de deudas, habilitado por la Ley 27.743.
Más allá de tratar de saldar la deuda, el objetivo de la defensa de los asiáticos era otro: lograr la suspensión y la extinción de la acción penal.
Sin embargo, los jueces de instancias inferiores -tanto Walter López Da Silva como la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad- rechazaron sucesivamente la pretensión defensista, bajo el argumento que se debía profundizar la investigación.
Es decir que no descartaban la posible existencia de una asociación ilícita y maniobras de lavado de activos, sugeridas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac).
De todas maneras, el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal y en los últimos días ese cuerpo modificó la postura judicial, anuló los fallos previos y, por mayoría de opiniones, le "bajó línea" a los jueces preliminares para suspender y extinguir la acción penal contra los imputados.
Defensa y acusación
La defensa de los extranjeros argumentó que la empresa había cancelado íntegramente la deuda correspondiente al Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2017 y que se encontraba en un plan vigente de regularización respecto de la aduanera, con lo cual correspondía disponer la extinción de la acción penal.
También advirtió que la decisión de los primeros fallos se fundó en un informe de la Proselac y en hipótesis delictivas que no fueron expuestas a la defensa para controvertirlas u ofrecer pruebas.
Por el otro lado, la acusación fiscal y la representación de ARCA-DGA solicitó la confirmación de los fallos al entender la operatoria investigada excedería una mera infracción tributaria o aduanera y revelaría un accionar coordinado, sostenido en el tiempo y con intervención de varias personas, susceptible de ser examinado bajo la figura de asociación ilícita, y que la investigación comprendería otros bienes jurídicos.
"La hipótesis del caso ya no se limitaría a los delitos de contrabando y evasión tributaria, sino que comprendería una única maniobra pluriofensiva, susceptible de involucrar también los delitos de asociación ilícita y lavado de activos", explicaron.
Sin fundamentos
"El pronunciamiento impugnado presenta una fundamentación tan solo aparente, equiparable a la ausencia de fundamentación, lo que configura un supuesto de arbitrariedad de sentencia", explicaron los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en sentido contrario.
La mayoría entendió que la posibilidad de profundizar la investigación penal contra White Gulf, al menos de momento, se basaba en "hipótesis meramente eventuales", con lo cual "se afectaban garantías constitucionales".
Y remarcó que el régimen de la Ley 27.743, así como su decreto reglamentario, establece con claridad los efectos suspensivos y extintivos ante la cancelación o regularización de las obligaciones tributarias y aduaneras.
"El rechazo del beneficio se sustentó en un escenario futuro e incierto vinculado a otras figuras penales que aún no formaban parte de un auto de mérito formal en la causa, apartándose de las constancias comprobadas del expediente y del dictamen del Ministerio Público Fiscal", agregó Casación.
De perfil bajo
El presidente de White Gulf es el chino Yi Sun, cuyo domicilio, en un edificio de la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, también fue allanado, tiene una historia muy particular.
Yi Sun es un empresario de perfil bajo, que hace mucho tiempo vive en Bahía Blanca.
Está casado (con una mujer también de nacionalidad china) y tiene hijos. Hace varios años que se asentó en Bahía Blanca, donde socialmente se lo conoce por jugar al golf de manera habitual.
Dicen que llegó a nuestro país hace más de 30 años, en un pesquero que arribó al puerto de Mar del Plata y que luego se trasladó a nuestra zona para avanzar con la empresa del rubro.
Además de Yi Sun, el otro empresario de origen oriental que estaba bajo la lupa es Rong Ding, cuyo departamento, de la primera cuadra de la calle Terrada, también fue requisado.
Y en su caso, a su vez, requisaron un domicilio en la avenida Libertador 4040, piso 6, La Lucila, partido de Vicente López.
Los operativos de 2022 también incluyeron en la investigación a la firma Cominter, dedicada al asesoramiento logístico y el despacho de aduana, siendo allanadas oficinas de Vieytes al 700; Roca al 600; la vivienda de su director, en Garay al 4.700 y un piso de Portugal al 500.
Finalmente, en el barrio Patagonia (en la primera cuadra de la calle Michai), se allanó la vivienda de una contadora.
La planta de White Gulf, en el puerto bahiense, volvió a ser noticia a poco más de un año de los allanamientos, cuando se produjo un incendio de grandes dimensiones, que dejó importantes daños materiales pero, por fortuna, sin heridos.
Los bomberos -tanto oficiales como voluntarios- y el personal de Defensa Civil actuaron rápidamente, en principio para evacuar a los trabajadores presentes, ante el temor de que se produjeran detonaciones en los tanques de amoníaco de la empresa.
Para ese entonces la firma tenía unos 120 operarios, aunque no todos estaban presentes esa mañana, que fue la del sábado 30 de diciembre de 2023.