Piden que se investigue el patrimonio del abusador Alberto Del Valle
La querella, representada por la hermana de la niña violada en 2009, no descarta que el hombre haya ocultado bienes mientras incumplió las obligaciones alimentarias de 4 hijos.
En medio de la batalla judicial para mantener preso al violador Alberto Martín Del Valle, teniendo en cuenta los riesgos de extinción de la acción penal por el paso del tiempo, la querella busca vincular al hombre con otros delitos que pudieran interrumpir la prescripción.
La abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima, una pequeña de 11 años que fue abusada durante 2009 en Puan, presentó en la fiscalía una serie de medidas que buscan reconstruir el patrimonio de Del Valle durante los casi 15 años que estuvo prófugo.
Esto tiene que ver con que supuestamente incumplió las obligaciones alimentarias con 4 hijos, incluida la pequeña que nació como resultado de la violación.
El artículo 2 bis de la Ley 13.944 prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".
Segovia, junto con su colega Norberto Filippini, formalizó un escrito mediante el cual pide impulsar la investigación en este marco.
Creen que Del Valle ocultó bienes mediante personas interpuestas (posibles testaferros) para sustraerse de sus deberes legales.
Explicaron que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler.
"Esa circunstancia reviste importancia porque permite formular la hipótesis que distintos bienes de los que disponía se mantuvieron deliberadamente fuera de su patrimonio registral", sostuvieron.
Piden que se determine qué bienes integraron el patrimonio del imputado, qué bienes fueron adquiridos, cuáles fueron transferidos o registrados a nombres de terceros, quién ejerció materialmente su posesión y administración, quién afrontó gastos ordinarios y cuál era la capacidad económica real del imputado.
Entre las medidas de prueba solicitaron informes al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro de la Propiedad Automotor y a organismos fiscales, así como información financiera y bancaria, documentación contractural y notarial y prueba testimonial.