Gremialista baleado: liberaron a Luciano Durand e investigarán a policías
La Justicia aceptó el pedido de cese de la detención y giró actuaciones a la fiscalía para deslindar responsabilidades entre los uniformados que lo aprehendieron por contradicciones.
La jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, dispuso hoy la libertad de Luciano Oscar Durand (50), acusado de dispararle en una pierna a Luis Oscar Pérez, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, la semana pasada frente a la vivienda del gremialista, en Pedro Pico al 1.500.
La medida se dio luego de la audiencia pública de ayer, en la que participaron las partes, y de la publicación de una nota de lanueva.com que daba cuenta de un incipiente escándalo por presuntas irregularidades en la detención del procesado.
De esta manera Durand había sido aprehendido a dos días del hecho -y al poco tiempo liberado- recapturado 48 horas después y ahora nuevamente excarcelado, aunque sigue imputado y bajo investigación por los delitos de abuso de armas y portación de arma de guerra.
Las dudas que beneficiaron al sospechoso tienen que ver con claras contradicciones entre lo que consta en el acta de procedimiento de la primera aprehensión policial y distintos videos que fueron incorporados por la defensa de Durand, a cargo del abogado Valentín Fernández, y de fuerzas federales de seguridad.
Las imágenes contradicen el documento incorporado a la causa en casi todos sus puntos: la hora de la detención, el lugar, la conducta del detenido (no se resistió, a diferencia de lo que consignaron los policías) y la vestimenta que tenía puesta, entre otras circunstancias.
Durand, en su indagatoria, declaró que lo habían parado caminando, alrededor de las 20, y que en la comisaría le cambiaron la ropa y lo fotografiaron. Y las filmaciones aportadas ratificarían esa versión.
Diferencias y careo
De hecho, a partir de esas contradicciones y versiones distintas entre los policías actuantes (dos de ellos fueron sometidos a un careo), la jueza Promé ordenó investigarlos por posibles delitos de acción pública.
Luego de la exhibición de los videos, los sargentos Emanuel Salazar y Luis Ponce reconocieron haber sido ellos los filmados y ambos dijeron que llevaron a Durand a la comisaría por averiguación de identidad.
Sin embargo, se contradijeron en un punto medular: Salazar sostuvo que Durand no estaba en poder de una moto. Ponce afirmó que, más tarde, lo aprehendieron con el vehículo, y que Salazar también participó. En el careo mantuvieron sus posiciones. Y además Salazar admitió que firmó el acta sin leerla.
Los oficiales Ramiro Ferraro y Pablo Silva, por su parte, dijeron desconocer que Durand hubiera sido llevado antes a la dependencia. Y Silva agregó que la moto llegó en la caja de una camioneta, dato que el acta omite.
La jueza señaló “la mendacidad en distintas declaraciones” y concluyó que no podía sostenerse el grado de convicción necesario para mantener la medida de detención.
"Las claras contradicciones entre las declaraciones de los preventores policiales y asimismo la contraposición con lo volcado en el acta procedimental que diera cuenta de la aprehensión del imputado conduciendo el motovehículo reconocido por la víctima como el empleado por el autor del hecho, exponen la mendacidad en distintivas declaraciones aportadas por los funcionarios que han intervenido en la investigación, poniendo en crisis el real proceder policial", destacó Promé en el fallo.
La jueza aclaró que la investigación continúa y que subsisten diligencias pendientes: informes de cámaras del CeUM, el rastreo satelital de los patrulleros y nuevas testimoniales.
Por esa razón rechazó, “por el momento”, la nulidad del acta y la exclusión probatoria que pedía la defensa, por considerarlas prematuras.
A su vez Promé, también a pedido de la defensa, ordenó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del personal policial que cumple funciones en la comisaría Primera tanto con Durand, como su mujer y su hijo.