Se manifestarán para pedir la libertad de una acusada de vender droga en la plaza Rivadavia
Organizaciones cannábicas de Capital visitarán mañana Bahía en apoyo a Mariela Agunín, que cumple arresto domiciliario. El sábado también harán un conversatorio sobre la causa de la bahiense.
Una delegación de organizaciones cannábicas de la ciudad de Buenos Aires estará en Bahía mañana y el sábado para reclamar la libertad de la bahiense Mariela Agunín (32), quien cumple prisión domiciliaria bajo acusación de vender droga en la plaza Rivadavia.
Los manifestantes porteños tienen previsto reunirse mañana con la procesada y el sábado a las 16.20, en la plaza Rivadavia, realizarán un conversatorio abierto y gratuito sobre el marco legal del cannabis en Argentina y la causa de la bahiense.
La comitiva incluirá al abogado especialista en el tema, Juan Palomino.
El caso se analizará en un juicio por jurados programado entre el 22 y el 24 de febrero de 2027.
La mujer estuvo presa en la Unidad Penitenciaria Nº 19, de Saavedra, después de que la justicia de Garantías bahiense la procesara con prisión preventiva a principios de mayo pasado.
Pero el 20 de agosto recibió el beneficio de arresto domiciliario.
Opiniones contrarias
El fiscal de estupefacientes Mauricio del Cero la imputó de consumar el comercio de drogas en reiteradas ocasiones, mientras que Carlos Carnevale, abogado defensor de Agunín, plantea que su clienta está privada de la libertad en relación con un "único caso" en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana.
La defensa también solicitó la nulidad del allanamiento que derivó en la detención de Agunín, así como requirió su excarcelación o, en su defecto, su arresto domiciliario, medida que finalmente se materializó.
Sin embargo la Cámara Penal local confirmó el fallo del juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, que había ordenado la preventiva de la mujer y mantenido la calificación legal de comercialización de estupefacientes agravada por cometerse en un lugar de esparcimiento social, propuesta por la fiscalía.
Los jueces camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri además coincidieron con el análisis de Manzi sobre la presencia de peligros procesales, a raíz de la pena en expectativa del delito imputado (de 6 a 20 años de prisión).