Argentina pidió frenar la entrega de acciones de YPF y alertó por un conflicto diplomático
El Gobierno defendió ante la Corte de Nueva York la suspensión del fallo Preska y señaló un riesgo de daño irreparable.
Argentina presentó este martes su descargo formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, tal como había sido ordenado por la jueza Loretta Preska en el marco de las demandas Petersen/Eton Park y Bainbridge.
La estrategia legal del país apunta a extender la pausa en la ejecución del fallo, no solo mientras se presentan escritos técnicos, sino durante todo el proceso de apelación de fondo. Actualmente, esa suspensión tiene vigencia limitada al período de intercambio de documentos entre las partes.
El documento presentado por los abogados de la República Argentina, dado a conocer por el especialista Sebastián Maril (CEO de Latam Advisors), cuestiona duramente la decisión de Preska y advierte sobre las graves consecuencias que tendría su ejecución.
Entre los principales fundamentos, el país se ampara en el respaldo del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el texto, "la juez Loretta Preska resolvió una cuestión jurídica en contra del criterio del Gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás tribunales que han abordado esta misma cuestión".
El escrito advierte que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF sin una suspensión "causaría un daño irreparable a la República", ya que una vez concretada la transferencia "sería prácticamente imposible revertirla". Además, alertó que esto podría derivar en un conflicto diplomático "significativo" y con consecuencias sensibles en la política exterior.
Por el contrario, el país sostiene que conceder la suspensión implicaría solo una "demora moderada", especialmente teniendo en cuenta que el proceso de apelación ya se encuentra en curso bajo un cronograma acelerado.
Claves del caso Petersen/Eton Park
Según el descargo presentado, la orden judicial de Preska:
• Vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero, según reconoció el propio Gobierno estadounidense.
• Contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de EE. UU., ya que las acciones de YPF están en Argentina, no se usan para actividades comerciales en Estados Unidos y no fueron empleadas en la actividad comercial base de la demanda.
• Obliga a Argentina a violar su propia legislación, lo que va en contra del principio de "comity" o cortesía internacional.
• No implica un perjuicio inmediato para los demandantes si se mantiene la suspensión, ya que la ley argentina impide vender las acciones sin aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.
• Sí implica un perjuicio irreversible para la República si las acciones se transfieren o venden antes del final del proceso judicial.
• Afecta el interés público: se comprometerían los intereses de YPF, sus accionistas, el pueblo argentino y las relaciones bilaterales con EE. UU., y podría desatar represalias judiciales en el exterior.
Argumentos en el caso Bainbridge
En este expediente paralelo, la posición argentina fue similar. Se argumentó que:
• La parte actora no justificó la necesidad de una garantía, ya que la ley argentina ya impide la transferencia de acciones sin intervención del Congreso.
• No se demostró perjuicio alguno si se mantiene la suspensión de la entrega.
• La pérdida de control de las acciones de YPF representaría un daño irreversible para la República.
Desde la Procuración del Tesoro, que conduce Rodolfo Barra, subrayaron que "el Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación".
¿Qué sigue?
Con todas las presentaciones ya ingresadas, la Corte de Apelaciones deberá decidir en las próximas horas o días si accede al pedido argentino de mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El tribunal podría acceder a la solicitud —con o sin exigencia de una garantía económica— o, por el contrario, permitir que el fallo de Preska se ejecute de inmediato.
La decisión tendrá impacto directo en el control estatal sobre la petrolera y en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. (NA)