Una lupa sobre la (in)actividad legislativa en la Provincia

Maximiliano Allica

mallica@lanueva.com

Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero. 

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

   Si uno le preguntara a la mayoría de los bahienses cómo funciona la Legislatura bonaerense es probable que casi todas las contestaciones resulten vagas o nulas. Luego, si se les pidiera que nombren a un par de legisladores que representan a la Sexta Sección, es decir al sudoeste provincial con epicentro en Bahía Blanca, no habría que extrañarse de que suceda lo mismo.

   Si cualquiera toma a 10 o 12 personas de su entorno y les consulta si, al menos, conocen la existencia de un lugar que se llama Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, seguramente las respuestas serían sorprendentes.

   El sistema de gobierno argentino prevé, al igual que en Nación, que las provincias tengan división de poderes, con un Poder Ejecutivo, uno Legislativo y uno Judicial. En el caso del legislativo, algunas provincias tienen un esquema unicameral y, otras como Buenos Aires, bicameral. Es decir, cuenta con Diputados (en total, 92) y Senadores (46). 

   Allí se deciden temas presupuestarios, impositivos, sanitarios, de regulación del tránsito, de normas electorales, etcétera. La actividad legislativa ordinaria va desde el primer día de marzo hasta el último de noviembre y está previsto, al igual que en el Congreso de la Nación, que se pueda convocar a sesiones extraordinarias fuera de ese plazo.

   Ahora bien, cuando se observan ciertos datos, sobre todo en estos tiempos de divorcio entre la sociedad y la política, da la impresión de que no se hace nada para que esa relación mejore. Este año, la Cámara de Diputados de la Provincia tuvo apenas 8 sesiones ordinarias, a razón de apenas un encuentro por mes considerando el año legislativo; y, en el Senado, la cantidad disminuye a solo 5 sesiones ordinarias desde marzo hasta hoy. 

   Es poquísimo y con un agravante: 2022 no es un año electoral, por lo que se supone que se trata del momento propicio para que la actividad se intensifique, ya que es sabido que en los años impares el trabajo legislativo desacelera, en especial cuando vienen elecciones ejecutivas que pueden derivar en cambios de gobiernos. Es decir, lo esperable es que la producción se reduzca aún más en 2023.

   Hay sectores en Juntos por el Cambio (muy minoritarios, valga la aclaración) que proponen aggiornar estas estructuras, dejando atrás la bicameralidad para que la Provincia pase a tener una sola cámara, con menos legisladores y menos cargas anexas de asesores y viáticos. Incluso, en off, algunos de los potenciales candidatos a gobernador de ese espacio admiten que miran la idea con buenos ojos. No obstante, el tema, que como mínimo merece una discusión, no figura en el debate público.

   Uno de los principales obstáculos que tendría un proyecto de achique es que la Legislatura bonaerense es una importante caja de la política, con escaso control ciudadano. No es sencillo saber cuánto gana un diputado o senador, cuántos asesores puede tener o cuántos subsidios está en condiciones de distribuir.

   Más aún: en los grandes partidos, una de las principales prendas de cambio para sellar acuerdos durante los cierres de listas se da con las boletas de legisladores bonaerenses. Es de uso y costumbre que los comandos centrales ubiquen a dirigentes cercanos a las principales figuras nacionales en listas que corresponden a regiones que ni siquiera conocen. Sucede en todos los espacios y coaliciones.

   Ejemplos: entre 2017 y 2021 fue diputado en representación de nuestra Sexta Sección un tal Néstor Résico (Juntos por el Cambio), hombre de Morón que responde a Ramiro Tagliaferro, exmarido de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Entre 2015 y 2019 mantuvo una banca de senador Juan Manuel Pignocco (Frente Para la Victoria), un dirigente cercano a Silvina Batakis sin arraigo en estas tierras. Y ahora, desde diciembre de 2021, ostenta una diputación por la Sexta el dirigente de Mar del Plata, Guillermo Castello (Avanza Libertad). 

   Son apenas algunos casos de una larga lista de abusos que hace la política con los cargos, aprovechando que la Legislatura es uno de los entes más opacos de la institucionalidad argentina.

   Por supuesto que en una república el Poder Legislativo es un pilar fundamental. Eso está fuera de discusión. Lo que se necesita debatir es qué tipo de servicio presta y si cabe, a esta altura de los tiempos, reordenar el sistema. Fundamentalmente, transparentarlo.

   En tiempos de penurias económicas, reducir costos políticos sería un gesto. No va a resolver la crisis general, pero sería una señal de esfuerzo compartido. En buena medida, al no existir estas acciones, se refuerzan las posiciones de furia contra los partidos tradicionales, contra sus hombres y mujeres. 

   Y no se trata de incentivar un mensaje antipolítica, que es mucho peor que la política porque representa el fracaso de la mesura. Es un reclamo para que esta última tome nota de las exigencias sociales y ponga en práctica alguna de sus demandas. Todos reconocen el problema, pero nadie mueve un dedo para resolverlo.

   Un episodio cercano que muestra el funcionamiento de "casta" ocurrió el 28 de diciembre pasado, en medio de la cortina de humo que generan las fiestas y en pleno Día de los Inocentes. Ese día, ambas cámaras de la Legislatura se reunieron en sesión extraordinaria para tratar la reforma a la ley que limita las reelecciones en la Provincia. 

   La decisión final, por mayoría, fue habilitar a los intendentes elegidos en 2015 y reelectos en 2019 a volver a presentarse en 2023, opción que tenían vedada por la norma sancionada en 2016, con la particularidad de que varios de los que votaron una cosa en aquella ocasión (sobre todo, amarillos y radicales) se dieron vuelta cinco años después.

   Por supuesto, además de dar luz verde a ese beneficio, quienes gestionaron votos en favor de la reforma pidieron a cambio una serie de cargos para sus allegados en diferentes entramados del Estado. Así funciona la diplomacia de los pasillos.

   ¿Cómo se desagregan los 92 diputados y 46 senadores? ¿A quién representan? Por si faltaba algo, aquí se ve el problema de la desigualdad representativa.

   La Provincia está dividida en 8 secciones electorales, dentro de las cuales el sudoeste bonaerense es la Sexta Sección. 

   El reparto de bancas de diputados, al igual que en el Congreso nacional, se otorga en forma proporcional según la cantidad de habitantes de cada región. Las secciones Primera y Tercera, del superpoblado Conurbano, tienen la mayor cantidad de escaños, con 15 y 18 respectivamente. Les sigue la sección Cuarta, del noroeste bonaerense, con 14. Luego hay tres secciones con 11, que son la Segunda (norte bonaerense), Quinta (región de la costa, con Mar del Plata como epicentro) y Sexta; más las Séptima y Octava con 6 cada una.

   La distribución del Senado, por su parte, es un eje para discutir. A diferencia del Congreso, donde cada jurisdicción tiene la misma cantidad de representantes (3) sin importar el número de habitantes, en la Legislatura de la Provincia el reparto también depende de la densidad demográfica. 

   Las secciones Primera y Tercera poseen 8 y 9; la Cuarta, 7; la Sexta, 6; la Segunda y Quinta, 5; la Séptima y Octava, 3 cada una. Esto quiere decir que el Conurbano tiene, por demolición, mucha más fuerza para imponer su agenda y dejar en segundo plano los intereses de las zonas más alejadas del AMBA.

   En un régimen unicameral, aun cuando se achique la cantidad de miembros, es cierto que se mantendría la proporcionalidad y el Conurbano seguiría teniendo mayor peso. Por lo tanto, los equilibrios solo se lograrían de dos formas: una, llevando adelante alguno de los proyectos de división de la Provincia, fragmentándola en dos o tres provincias nuevas separando al interior del AMBA; otra, con el objetivo de evitar que esa división aumente la carga de agentes públicos, otorgando mayor autonomía a los municipios en materia presupuestaria, impositiva, de normas de tránsito, control ambiental, etcétera.

   Esto solo se lograría, desde ya, luego de un amplio consenso legislativo.

   ¿Ingresarán estas discusiones en la agenda 2023? Seguramente no. ¿Hay que prestar atención a lo que sucede en un cuerpo legislativo demasiado cómodo para sus integrantes? Necesariamente sí.