Postura crítica de jueces penales sobre el combate contra el narcomenudeo

Redacción de La Nueva.

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   Desde hace un tiempo prolongado que el sistema penitenciario en la provincia se encuentra colapsado, con unidades penales que presentan deficiencias estructurales y sobrepoblación.

   Esa situación se traslada a las comisarías, donde las pocas que están habilitadas se ven superadas ampliamente en su capacidad de alojamiento de detenidos.

   En los últimos días, la Red de Jueces Penales de Buenos Aires publicó un informe sobre el tema, manifestando que una medida para paliar esta situación sería derogar la ley 13.392, por la cual la Provincia asumió la competencia en la investigación del narcomenudeo, además de plantear algunas apreciaciones sobre este tipo causas penales.

   Sobre fines de 2005, el gobierno bonaerense adhirió a la ley nacional 26.052, sancionada poco antes por el Congreso, determinando la descentralización de las competencias del sistema judicial frente a ese tipo de investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

   “La persecución de los vendedores de droga al menudeo determinó la disposición de cuantiosos recursos humanos y materiales, con destino a un objetivo que resultó fracasado por insostenible e ineficaz”, afirma el comunicado de la agrupación de magistrados.

   Esta postura dista de la opinión de representantes del Ministerio Público bahiense, que sostienen la importancia del trabajo que se lleva adelante y de los resultados del mismo.

   Indican también que la investigación y el instrumento de figuras, como la del arrepentido, permitieron brindar información a la Justicia Federal para avanzar sobre los estratos más altos de organizaciones narco.

Más presos

   La Red de Jueces Penales asegura que el arresto de los “vendedores de pequeñas cantidades de droga ha generado un masivo encarcelamiento a nivel provincial”.

   Describe que al momento de adherir a la ley de desfederalización, la provincia de Buenos Aires ya había sido denunciada ante organismos internacionales por la sobrepoblación y hacinamiento de detenidos.

   Esa decisión -según agrega- determinó una profundización de estos problemas.

   En la actualidad, la tasa de detención en el territorio bonaerense es de 336 personas cada 100 mil habitantes, cuando en 2006 era de 139, según el informe.

   También mencionan que, de acuerdo al Registro Único de Detenidos (RUD), a fines de 2019 había 58.300 personas privadas de la libertad, de las cuales 8.113 estaban relacionadas con delitos que pena la ley de estupefacientes.

   Por otra parte, indican que en la persecución de estos casos se utiliza una porción importante de los recursos del sistema que, a su criterio, “deberían invertirse en tratamientos útiles para mejorar las posibilidades de reintegración social de las personas detenidas por delitos de exclusiva competencia provincial”.

   La Red de Jueces afirma que de esta manera se apunta “al sector más fungible de la actividad” y que “la detención masiva de personas no derivo en una mejora de la situación”, lo que responde a “un mal enfoque político-criminal del problema”.

   Sostienen que los vendedores al menudeo se encuentran en el último eslabón de la cadena delictiva y que su detención no afecta la estructura de la organización, ya que son fácilmente reemplazables.

   Describen finalmente que estas características del fenómeno determinan “la necesidad de conducir las investigaciones hacia las instancias superiores de la organización”.

   “La prisionización masiva de sujetos implicados en el narcomenudeo, protagonizada por una jurisdicción local que no puede –por ser competencia federal- ir contra las cabezas de las organizaciones, resulta un instrumento inidóneo para desarticular estas bandas”.

Es más eficaz de abajo hacia arriba

   En contrapartida a la posición fijada por esa organización, el fiscal Mauricio Del Cero, quien se encuentra al frente de la UFIJ N° 19, especializada en estupefacientes, advierte que la investigación del narcomenudeo en el ámbito de la justicia provincial ha dado óptimos resultados y, en muchos casos, aportado información para que la órbita federal avance hacia eslabones superiores de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

   “Según la Red de Jueces Penales, deteniendo a microvendedores no se atacaría el narcotráfico, lo cual es correcto porque, en efecto, si la persecución penal se concentra únicamente en el narcomenudeo, el problema se atacaría desde un solo frente”, indica Del Cero.

   En sentido opuesto al pensamiento de los jueces, explica que “las agencias de seguridad han detectado que mientras concentraban exclusivamente su atención en la interceptación de tráficos a gran escala e interjurisdiccionales, no solo dejaban de atacar una parte importante del problema, sino que, lo que es más interesante, descubrieron que investigando desde abajo hacia arriba en las estructuras criminales, la labor se vuelve más eficaz; y, a la inversa, es complejo o difícil penetrar en las organizaciones criminales desde los eslabones superiores”.

   Del Cero manifiesta también que se confunde la cuestión de las competencias con la persecución del delito.

   “Se pretende que el narcomenudeo vuelva a la órbita federal, pero el delito no va a dejar de existir si la competencia vuelve a dicho fuero”.

   “El narcovendedor puede mejorar su situación procesal desde la vigencia de la Ley del Arrepentido; y, de hecho, con esa opción, se ha logrado la formación de muchas causas de injerencia o competencia federal”.

   “Creo que hay que tratar de trabajar de forma coordinada y combinada entre los distintos fueros, y eso es lo que estamos haciendo con los doctores María Gabriela Marrón y Walter López Da Silva”, sigue diciendo Del Cero.

   Comenta que “la propuesta de la Red de Jueces es que el fuero provincial deje de tener injerencia en la materia para que haya menos detenidos y, así, descomprimir la cárceles. También hablan de fracaso e ineficacia”. 

   Sin embargo, apunta que “entonces cuál sería el fracaso o la ineficacia si, justamente, el delito existe y se persigue, no es un problema de competencia. A la vez, hay otra contradicción, porque la justicia federal no está inhibida de perseguir el delito de narcomenudeo, por lo tanto, que vuelva la competencia al fuero de excepción es un contrasentido. De hecho, la mayoría de las causas del fuero federal comienzan con venta de drogas al menudeo y escalan en la cadena de comercialización, es un fuero de atracción”.

   “La propuesta de los magistrados tiene un error y es analizar la cuestión sobre la base del resultado. En los inicios de cualquier investigación hay solo indicadores, no hay certezas que los casos sean de narcomenudeo o tráfico a gran escala o interjurisdiccional. Hemos tenido causas que, a priori, se tratarían de microvendedores y después se estableció que eran distribuidores (con lo cual la causa pasó el fuero federal). Y también ha ocurrido de manera opuesta, o hasta con una combinación de ambas”.

Delitos conexos

   Del Cero considera “acertado el objetivo de la política criminal de la provincia en torno a la persecusión de los microvendedores, porque alrededor de esas causas se genera un universo de delitos que suelen afectar al ciudadano que vive en las proximidades del punto de venta (denominado quiosco de drogas) y que se neutralizan a partir de una investigación en el fuero provincial”.

   “Muchos vendedores al menudeo cometen ilícitos de distinta escala y gravedad para financiarse. Atacar el microtráfico redunda en la reducción de otros delitos particularmente violentos (como el robo con armas o contra la propiedad), algunos de los cuales son muy peligrosos para la integridad de las personas”, destaca.

   Al respecto, indica que “este capítulo lo hemos aprendido con dolor en Bahía Blanca a partir de dos casos emblemáticos, entre muchos otros. Uno es el crimen de Ramiro Barragán, donde está definitivamente probado que quienes le robaron eran microtraficantes del mismo barrio, o el caso del quiosquero Luis García”.

   “En estos momentos, el narcotráfico a pequeña escala provoca daños directos a la sociedad, lo muestran los últimos acontecimientos en los barrios Spurr, Villa Moresino y Napal, donde se repiten incidentes violentos, incendios y tiroteos”, agrega.

   Acerca de la cantidad de detenidos que hay en las cárceles provinciales vinculados a delitos por la ley de drogas, señala que “sostener que la competencia debiera volver al fuero federal para disminuir una suerte de colapso del sistema penitenciario equivale a decir 'dejemos de investigar los robos porque se están colapsando las cárceles'. El robo es tan delito como el narcotráfico”.

   “Si el problema es que están colapsando las unidades penitenciarias habrá que pensar en generar nuevos cupos o establecimientos y no en devolver una competencia que, según mi punto de vista, funciona para el fin de política criminal que ha sido pensada”, finaliza Del Cero.