El incendio en la Caminera reaviva el debate por los autos incautados

Pablo Álvarez

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Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales. 

El incendio que arrasó con alrededor de 350 vehículos en el predio de la Caminera, sobre la ruta provincial 51, no solo dejó una postal impactante, sino que volvió a poner sobre la mesa una problemática latente en Bahía Blanca: la acumulación de automóviles secuestrados en corralones municipales y judiciales, su situación legal y los riesgos ambientales y de seguridad que implica mantenerlos durante años sin una definición clara.

La mayoría de los rodados destruidos por el fuego se encontraban decomisados, aunque no todos estaban en la misma condición jurídica.

Según explicó Martín Larrea, presidente de la delegación local del Colegio de Gestores (M.P. 9.173), “la mayoría de esos autos ya están decomisados, así que obviamente el titular no puede reclamar nada, pero algunos todavía son parte de causas judiciales”.

El episodio también abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades, que dependerán de si el fuego fue intencional o accidental, quién es el responsable del predio y qué rol tuvo la Policía en la custodia del lugar. 

Larrea destacó que, dentro del escenario posible, “lo menos malo es que haya ocurrido en ese corralón, donde casi todos los autos ya están con instancias judiciales avanzadas. Si hubiera sido en otro, estaríamos hablando de problemas más graves”, con potenciales demandas contra el municipio o la Provincia.

Para relevar y reutilizar

Más allá del incendio, el Colegio de Gestores viene impulsando una iniciativa concreta para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Hace un tiempo nos reunimos con representantes del municipio y con el juez de Faltas, Carlos Salgado, con la propuesta de desarrollar un trabajo de relevamiento en los corralones, donde están los vehículos”, recordó Larrea.

El objetivo es claro: saber cuántos autos hay, en qué estado se encuentran y cuál es su situación dominial y judicial.

“Habría que comenzar la labor generando un registro de los automóviles que hay en cada corralón, realizar un informe de dominio de cada vehículo y ver uno por uno en qué instancias se encuentran, porque no todos están en la misma situación”, remarcó.

La preocupación no es solo legal.

“Desde la última compactación pasó bastante tiempo y se empiezan a acumular un montón de autos. La contaminación visual es muy grande, además de los fluidos que van perdiendo con el paso del tiempo o bien, como sucedió en este caso, de un siniestro tan grande”, advirtió.

Dentro del proyecto, aparece una posibilidad novedosa: darle un destino social a parte de esos vehículos.

“Lo interesante del proyecto que presentamos es el hecho de poder aprovechar esos automóviles para alguna cuestión social, en caso de que sean cedidos a alguna ONG, o bien que los pueda utilizar el municipio para algunas tareas y que se evite que queden arrumbados en un lugar tantos años”, explicó Larrea.

Desde lo administrativo, sostuvo que el procedimiento no sería complejo.

“Se debería notificar al propietario mediante carta documento de la situación de ese automóvil y, si no hay respuesta, a los 180 días ya se puede tomar como abandono. Luego hasta se podría subastar y posteriormente inscribirlo a nombre del nuevo propietario”, detalló.

Legal heterogéneo

El incendio también expuso la diversidad de situaciones legales que conviven en este tipo de depósitos.

El abogado Francisco Cataldo explicó que se trata de “un universo amplio y heterogéneo de vehículos, por lo que resulta imposible establecer una única situación”.

“Son autos que están ahí en virtud de causas penales. Tienen dueño, pero están dentro de un proceso judicial. No se puede generalizar”, subrayó. 

En ese sentido, enumeró distintos escenarios posibles: “Puede haber autos decomisados, con lo cual la propiedad ya pasa al Estado. Puede haber autos truchos o mellizos, donde directamente no se conoce al titular, y en algún mínimo porcentaje podría haber vehículos que correspondan a un particular o incluso a una empresa”.

Cataldo agregó otro dato clave: la falta de cobertura.

“Dudo que lo tengan, en primer lugar porque son autos que hace mucho tiempo están ahí. En segundo lugar, si hubo decomiso, la persona ya no tiene ningún interés en seguir pagando un seguro”, indicó.

El siniestro de la ruta 51 dejó en evidencia que la acumulación indefinida de vehículos no solo es un problema administrativo o visual, sino también un riesgo concreto. En ese contexto, el proyecto de relevamiento y reutilización vuelve a cobrar fuerza como una alternativa para ordenar, prevenir y, en algunos casos, transformar un pasivo urbano en una herramienta de utilidad social.