Una leve ganancia política y poco margen para “ofertas anti-inflación”

Redacción de La Nueva.

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La agenda política y económica nacional sigue repercutiendo directamente sobre la provincia de Buenos Aires y, por ahora, nada hace suponer posibles cambios en la estabilidad climática.

Con malas sensaciones y un variado menú de argumentos técnicos, la gestión de Axel Kicillof formalizó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno libertario de Javier Milei. De ese modo, la Provincia, con el respaldo de representantes sindicales, rechazó la denominada “Ley de Modernización Laboral” (dudosamente confiable para el movimiento obrero), iniciativa que ya se debate y debe ser aprobada en el Congreso de la Nación con el apoyo de gobernadores aliados a La Libertad Avanza, durante una incómoda y audaz negociación política y empresarial de principio a fin.

También la protesta policial de Rosario en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones laborales sacudió, de algún modo, un viejo fantasma que se activó durante la pandemia sanitaria del año 2020 en las diagonales, cuando uniformados bonaerenses sitiaron la residencia gubernamental platense y la quinta presidencial de Olivos reclamando mejoras salariales y equipamiento para la fuerza de seguridad. En aquella oportunidad, la solución política llegó de la mano de una transferencia extraordinaria de recursos nacionales hacia la PBA.

No pocos funcionarios y legisladores bullrichistas de LLA vienen advirtiendo sobre la falta de respuestas oficiales ante el avance de la inseguridad en tierras bonaerenses, justamente una de las banderas que levantan los libertarios. Oportunamente, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, usó perspicazmente una frase popular para describir el clima de tensión política: “Las brujas no existen, pero que las hay, las hay”. Por ahora, pareciera ser una situación controlada, lejos de alguna “operación de caranchaje violeta”, según dicen en tribus parlamentarias.

La compleja negociación paritaria salarial entre ministros de Kicillof y el sindicalismo bonaerense tiene sensación de “final abierto”. La mesa gremial pide mejoras de bolsillo por la caída del poder adquisitivo ante la inflación, mientras el Gobierno nacional continúa asfixiando la situación financiera, por demás delicada en la Provincia, producto del brutal recorte de recursos nacionales y la caída de la recaudación impositiva, según indican desde el organismo recaudador ARBA.

El Gobernador sabe que necesita sí o sí garantizar el arranque total o parcial del ciclo escolar 2026, previsto para el 2 de marzo que viene. Sabe que cualquier escenario de paros o manifestaciones que provengan de ramas sensibles del sindicalismo, como docentes, salud o personal judicial, puede manchar su ambición presidencial.

La difusión del último índice inflacionario por parte del INDEC promete encender la disputa política, ya que el porcentaje volvió a subir y dejó en evidencia que el proceso de desaceleración que promueve el Gobierno libertario no logra consolidarse, especialmente en los principales rubros de consumo cotidiano.

Se trata de una nueva discusión salarial con más dudas que certezas. La primera suba del 2 por ciento que ofreció la PBA fue rechazada de plano, aún por los gremialistas más “dialoguistas” en vísperas de San Valentín. En ese contexto, se suma otro factor de presión: la inflación, una variable clave de la economía que parecía haber domado el Gobierno nacional, pero que ahora va por una escalera ascendente.

Por otra parte, el acuerdo de cúpula partidaria que llevará a Kicillof a la conducción del PJ bonaerense significa una leve ganancia política. Evitar una interna cerrada entre distintos actores del peronismo no solo era un instrumento “suicida” que podía ser funcional a los intereses electorales del Gobierno libertario, sino que es un esquema de renovación doméstica que no encaja con problemáticas coyunturales de distinta índole que ocupan la agenda social.

Quizá ese movimiento de pinzas interno puede ser un buen punto de partida para otra negociación de “poder real” que debe darse todavía en el Senado por el reparto de la jefatura de bloque del Frente Patria y de las vicepresidencias de la Cámara Alta, presidida por la vicegobernadora Verónica Magario.

En distintos análisis se impone que aquella construcción de poder de Kicillof y su emancipación política del núcleo duro del kirchnerismo se desvanecieron. Claramente, era muy difícil decirle que no al convite de ser “el número 1” del PJ bonaerense que le concedió Máximo Kirchner. Tan difícil como probablemente le sea ahora esquivarle a la agenda militante del camporismo cuando pretenda colgarle la bandera “Cristina Libre”, con la que se reclama la liberación de la expresidenta viuda de Néstor Kirchner, actualmente cumpliendo prisión domiciliaria por decisión judicial.

Kicillof necesita tener a un peronismo kirchnerista ordenado no solo trabajando en sintonía con su eventual candidatura presidencial 2027, sino también para retener la Gobernación de calle 6 y buena parte de los municipios que la coalición gobernante pondrá en juego.

Superar diferencias internas no representa alcanzar un acuerdo de cúpula, sino discutir ideas y una conducción partidaria clara. En el mejor de los casos, intentar construir un proyecto alternativo y superador al actual modelo económico libertario. El kirchnerismo está frente a una difícil encrucijada política. Ya no alcanza con hablarle a la tribuna propia, sino de intentar seducir a un buen número del electorado y, tal vez, sumar votantes desencantados con la era Milei.

A todo esto, legisladores libertarios con apoyo de sus pares del PRO buscan instalar el debate sobre la unicameralidad en la Legislatura bonaerense ante la necesidad de achicar el gasto parlamentario. Por ahora, existe la extraña sensación de que se trata de una discusión que puede caerse antes de levantar vuelo.

A priori, parece ser un tema complejo de lograr consensos para avanzar antes del 2027, porque la unificación de ambas cámaras parlamentarias traería aparejada una reforma constitucional en la que se podría profundizar la temática de las autonomías municipales. Muy distinto para LLA podría ser el caso de intentar atar acuerdos políticos y empujar la implementación de la boleta única de papel (BUP) en el sistema electoral territorial.