"Transparencia institucional": el Gobierno volvió a reclamarla proyectando el presupuesto 2027
Funcionarios del área expusieron en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Fue en medio de la tensión que se produjo tras las marchas en reclamo de mayor financiamiento.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, expuso en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, donde defendió las partidas educativas establecidas en el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno.
En su presentación, Torrendell defendió el presupuesto para las universidades y destacó que la "autonomía no está en discusión". A su criterio, lo que exige el Gobierno es "gestión seria y responsable".
En tal sentido, se refirió a la postura de la administración libertaria: "Para el Gobierno, la educación constituye un pilar irreemplazable para el desarrollo del capital humano, el progreso social y el ejercicio genuino de la libertad. La educación exige abordarla con la verdad histórica, con rigor técnico, con datos transparentes y auditables, y sobre todo con un profundo compromiso ético hacia los ciudadanos que sostienen el Estado con su esfuerzo diario".
"Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba por sí solo un mejor sistema educativo. La evidencia desmintió de forma contundente este postulado. Asistimos a un proceso en el cual los recursos se multiplicaban en las partidas presupuestarias mientras el aprendizaje efectivo, sobre todo de los sectores sociales menos favorecidos, se deterioraba en las aulas", enfatizó.
En tanto, el secretario de Educación hizo alusión al financiamiento: "Hoy orientamos los recursos hacia políticas que produzcan resultados concretos y verificables, que fortalezcan la autonomía de sus destinatarios y les permitan convertirse en protagonistas de su propio desarrollo y del crecimiento económico y social de nuestro país".
También mencionó la situación de los alumnos. "Dejamos de medir la educación por cuánto se gasta y empezamos a medirla por cuánto aprenden los chicos, o sea, por cuántos recursos se dirigen efectivamente a esa meta. Quienes verdaderamente estamos preocupados por la educación hacemos todo el esfuerzo profesional posible para convertir el gasto en inversión destinada a los aprendizajes", expresó.
Por otro lado, remarcó el rol de los rectores: "La defensa de la universidad pública exige rigurosidad y una insustituible transparencia institucional, cuya garantía constituye un deber compartido. Las autoridades universitarias tienen la obligación de asegurarla ante sus estudiantes y a la sociedad argentina, y el Estado tiene la obligación de relevar información, auditar y asegurar la rendición de cuentas. La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia".
"Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta", señaló.
La exposición de los funcionarios se realizó en medio de la tensión que hay con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y que se destinen $11 billones a esas casas de estudio, mientras el Gobierno propone destinar $7,3 billones.
Por lo pronto, el presupuesto global para el área de Educación alcanzará los $9,8 billones, con reducciones en las becas Progresar, infraestructura y programas como Educación Sexual Integral (ESI), aunque destinará $773.000 millones al Plan Nacional de Alfabetización y mantendrá el reparto automático de fondos a las provincias. (C5N)