Caso Romero: una tragedia vial que podría haber sido mucho más grave

Redacción de La Nueva.

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En poco más de dos meses Sandra Amalia Romero hubiera cumplido 60 años, pero el desinterés por las vidas ajenas y la inconsciencia de otra conductora le quitó esa posibilidad al atropellarla y matarla cuando estaba en su moto, en pleno centro de Bahía.

Poco después de las 6.30 del 9 de marzo pasado, Ángela Leguizamo (35) circuló a excesiva velocidad por la avenida Colón, al mando de una camioneta Nissan Frontier, a bordo de la que recorrió más de un kilómetro pasando semáforos en rojo y bajo efectos de cocaína y anfetaminas.

Con total imprudencia y sin cumplir el límite máximo de velocidad en ese sector, la imputada se movilizó sobre una de las principales arterias de esta ciudad, donde en ese momento había tránsito de peatones -sobre todo jóvenes que salían de locales nocturnos- y vehículos.

Si se tienen en cuenta estas estas circunstancias, es posible concluir que las consecuencias de la conducta negligente de Leguizamo podrían haber sido aun peores, lógicamente sin pasar por alto el gravísimo desenlace que representa la violenta muerte de la motociclista fueguina.

Según testimonios de servidores públicos que trabajaron en el lugar del siniestro vial, la acusada (es hombre pero se autopercibe mujer) estaba en un estado “psicofísico no adecuado” para comandar un automotor.

De hecho los inspectores de tránsito que le practicaron la prueba de drogas a Leguizamo dejaron constancia de su “dificultad para hablar, entender consignas y moverse” y constataron que la causante tenía las pupilas “dilatadas”.

“En total la camioneta recorrió una distancia aproximada de 1.192 metros desde la calle Chile hasta Vicente López, y para ello insumió 33 segundos. El promedio de velocidad que desarrolló para unir ambos puntos fue de 130 kilómetros por hora”, se precisa en la resolución de la prisión preventiva dictada días atrás a Leguizamo, en base a los informes accidentológicos.

De acuerdo con los peritajes, Leguizamo transitaba a 87,33 km/h cuando la Nissan -propiedad de la empresa Móvil Bahía- embistió a Romero a bordo de su Gilera Smash en Colón y Vicente López, donde el límite de velocidad es de 30 km/h, y no respetó el semáforo en rojo que le impedía el paso.

Incluso en algún tramo de su recorrido la detenida condujo a 140,9 km/h.

“Por lo menos desde Colón al 900 cruzó varios semáforos en rojo, pasó por al lado de otros vehículos en tránsito y persistió en su accionar durante todo el recorrido hasta que finalmente colisionó con el motovehículo conducido por la víctima, quien a consecuencia de las lesiones sufridas falleció”.

La motociclista resultó con “destrucción de centros nerviosos superiores”.

“La conducta descripta fue ejecutada a sabiendas de la posibilidad de ocasionar la muerte o lesiones a eventuales terceros que se hallaren en la vía pública, y con indiferencia acerca del posible resultado fatal o lesivo de su accionar”, se agrega en la medida coercitiva ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 1.

“Ese desinterés y aceptación del resultado dañoso constituye la existencia de un plan concreto: llegar como sea -pese a las condiciones de intoxicación que presentaba- a su destino, desafiando a todo aquel que se interpusiera en su camino”, continúa.

En marzo la defensa de Leguizamo apeló la preventiva, recurso que debe resolver la Cámara Penal.

A principios de este mes la justicia de Garantías denegó el pedido de excarcelación extraordinaria de la imputada, presentado por el defensor oficial Eduardo Zalba, que también recurrió esa decisión judicial.

Esta apelación también está pendiente de resolución por parte de los jueces camaristas.

Peligro “potencial”

El abogado Néstor Fernández Lorenzo, patrocinante de la familia Romero, se refirió al “peligro potencial” que correría la comunidad bahiense si Leguizamo recuperara la libertad antes del juicio.

“En la preventiva o la excarcelación extraordinaria que se le denegó, (los jueces) hacen referencia a una de las dos posibilidades para que la imputada quede privada de la libertad: el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación”, dijo.

“Pero hay otro elemento importante: el social, porque todavía no se investigó cuándo (Leguizamo) se drogó o cuándo había salido de trabajar. Entonces si dejamos en libertad a un tipo así, que anda a 130 kilómetros por hora en una avenida como Colón, todos corremos un peligro potencial”, finalizó.

Dolo eventual

Imputación. El fiscal Cristian Aguilar acusó a Leguizamo de homicidio simple con dolo eventual y, subsidiariamente, de homicidio culposo agravado por la “conducción de un vehículo automotor, exceso de velocidad, bajo los efectos de estupefacientes y culpa temeraria”.

Fuga. “Teniendo en cuenta el delito principal que se le imputa, Leguizamo enfrenta penas de 8 a 25 años de prisión, resultando semejante pena en expectativa un factor válido para suponer que la imputada en libertad propiciará su fuga”, planteó la justicia de Garantías al dictar la preventiva.

Conducta. “Debe sumarse a ello que, según los testigos del hecho, Leguizamo intentó retirarse del lugar”.

Negativa. La acusada se negó a prestar declaración durante la indagatoria a cargo del fiscal Aguilar.

“Óptimas”. El día del incidente fatal las condiciones meteorológicas para circular en ese sector de la ciudad eran “óptimas”, había buena visibilidad y los semáforos estaban en funcionamiento.

Cumpleaños. Sandra, que el 6 de julio iba a cumplir 60 años, estaba próxima a jubilarse. Era madre de dos hijas y abuela de tres nietas.